La lucha contra los carteles

Hace menos de cuatro meses las cinco empresas cementeras más grandes del país recibieron una noticia que les cayó como una pesada bola de concreto. La Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC, les abrió investigación y formuló pliego de cargos por la presunta infracción a las normas de libre competencia, “materializada a través de un presunto acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados”.

Una jugada en la que aparecieron los nombres de Argos, Cemex, Holcim, Tequendama, San Marcos y que, advirtió el ente regulador, “habría derivado en incrementos sostenidos e injustificados en los precios del cemento gris desde enero de 2010, fecha a partir de la cual la SIC monitoreó el mercado y recaudó información y pruebas sobre este segmento de la economía”. Al día siguiente la más fuerte del negocio, Cementos Argos, recalcó que “no ha participado nunca en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite”.

Con los azucareros pasó algo similar. La misma SIC tiene en este momento abierta una investigación contra Asocaña, Riopaila, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La Cabaña, Del Cauca y otros tantos incluidos los gremios que los reúnen, por violar aparentemente la libre competencia. Y, para sumar, también aparecen en el mapa los arroceros. Una fuente cercana le dijo a El Espectador que “el 60% del mercado lo manejan Diana y Roa, especialmente este último. Ponen el precio como quieren y cuando quieren. Como Diana ha venido en expansión, compró otra empresa para competirle a Roa. Entonces, se agarraron por el mercado”.

“Vamos a perseguir a los carteles en Colombia y los acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado”, sentenció Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio ayer, después de anunciar una jugada estratégica con la que quieren combatir este delito. “Le hemos enviado varios mensajes al mercado que dicen que quien viole la libre competencia será sancionado con multas millonarias”, recalcó.

Se refiere a que actualmente hay más de 70 investigaciones por la conformación de posibles carteles en todos los sectores económicos, donde también aparecen las ambulancias y en las que se detectó que la mayor conformación de este modelo delictivo se da cuando los empresarios están buscando ganarse una contratación pública o ya la tienen y necesitan extenderla en el tiempo para llenar sus propios bolsillos.

Por eso, el ente de control lanzó, al mejor estilo de lo que sucede en Estados Unidos y Europa, un programa de beneficios en el que si uno de los miembros de un cartel delata la existencia del mismo y de sus integrantes y aporta pruebas suficientes que lleven al desmantelamiento del cartel, será exonerado de la sanción que la ley le obliga a asumir. “Claro está, desde que no sea el líder del cartel”, detalló Robledo.

En Estados Unidos, por ejemplo, en el primer año en el que se implementó esta cultura de la ‘delación’, se pasó de desarticular 7 estructuras ilegales de este tipo a 20 por año. Y en Europa, el caso más conocido fue el de la manipulación del Líbor, una tasa intercambiaria en la que los grandes bancos británicos se beneficiaron. Uno de ellos tomó la decisión de denunciar y fue el que se salvó de la millonaria multa internacional que se les obligó a pagar.

La medida funciona como el principio de oportunidad que tiene la Fiscalía en donde por entregar información valiosa, el sindicado tiene rebajas de pena e incluso puede quedar libre de cargos. Hasta el momento, de acuerdo con la superintendencia de Industria y Comercio, ya se ha logrado adelantar dos procesos eficaces en donde uno de los actores activos del cartel hizo las denuncias de sus colegas, delató sus acciones y prosperaron efectivamente.

ebohorquez@elespectador.com

@EdwinBohorquezA

Hace menos de cuatro meses las cinco empresas cementeras más grandes del país recibieron una noticia que les cayó como una pesada bola de concreto. La Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC, les abrió investigación y formuló pliego de cargos por la presunta infracción a las normas de libre competencia, “materializada a través de un presunto acuerdo de fijación de precios y reparto de mercados”.

Una jugada en la que aparecieron los nombres de Argos, Cemex, Holcim, Tequendama, San Marcos y que, advirtió el ente regulador, “habría derivado en incrementos sostenidos e injustificados en los precios del cemento gris desde enero de 2010, fecha a partir de la cual la SIC monitoreó el mercado y recaudó información y pruebas sobre este segmento de la economía”. Al día siguiente la más fuerte del negocio, Cementos Argos, recalcó que “no ha participado nunca en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite”.

Con los azucareros pasó algo similar. La misma SIC tiene en este momento abierta una investigación contra Asocaña, Riopaila, Manuelita, Providencia, Mayagüez, La Cabaña, Del Cauca y otros tantos incluidos los gremios que los reúnen, por violar aparentemente la libre competencia. Y, para sumar, también aparecen en el mapa los arroceros. Una fuente cercana le dijo a El Espectador que “el 60% del mercado lo manejan Diana y Roa, especialmente este último. Ponen el precio como quieren y cuando quieren. Como Diana ha venido en expansión, compró otra empresa para competirle a Roa. Entonces, se agarraron por el mercado”.

“Vamos a perseguir a los carteles en Colombia y los acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado”, sentenció Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio ayer, después de anunciar una jugada estratégica con la que quieren combatir este delito. “Le hemos enviado varios mensajes al mercado que dicen que quien viole la libre competencia será sancionado con multas millonarias”, recalcó.

Se refiere a que actualmente hay más de 70 investigaciones por la conformación de posibles carteles en todos los sectores económicos, donde también aparecen las ambulancias y en las que se detectó que la mayor conformación de este modelo delictivo se da cuando los empresarios están buscando ganarse una contratación pública o ya la tienen y necesitan extenderla en el tiempo para llenar sus propios bolsillos.

Por eso, el ente de control lanzó, al mejor estilo de lo que sucede en Estados Unidos y Europa, un programa de beneficios en el que si uno de los miembros de un cartel delata la existencia del mismo y de sus integrantes y aporta pruebas suficientes que lleven al desmantelamiento del cartel, será exonerado de la sanción que la ley le obliga a asumir. “Claro está, desde que no sea el líder del cartel”, detalló Robledo.

En Estados Unidos, por ejemplo, en el primer año en el que se implementó esta cultura de la ‘delación’, se pasó de desarticular 7 estructuras ilegales de este tipo a 20 por año. Y en Europa, el caso más conocido fue el de la manipulación del Líbor, una tasa intercambiaria en la que los grandes bancos británicos se beneficiaron. Uno de ellos tomó la decisión de denunciar y fue el que se salvó de la millonaria multa internacional que se les obligó a pagar.

La medida funciona como el principio de oportunidad que tiene la Fiscalía en donde por entregar información valiosa, el sindicado tiene rebajas de pena e incluso puede quedar libre de cargos. Hasta el momento, de acuerdo con la superintendencia de Industria y Comercio, ya se ha logrado adelantar dos procesos eficaces en donde uno de los actores activos del cartel hizo las denuncias de sus colegas, delató sus acciones y prosperaron efectivamente.

ebohorquez@elespectador.com

@EdwinBohorquezA