La meta del millón de hectáreas que tiene Minagricultura

El reto que asumió ayer el Ministerio de Agricultura no es de poca monta. El jefe de la cartera, Aurelio Iragorri, anunció el plan Colombia Siembra, que proyecta aumentar, en tres años, en un millón de hectáreas el área sembrada del país, es decir, llegar a los ocho millones de hectáreas. El propósito, según el ministro, es apostar por la seguridad alimentaria nacional y agregar, como mínimo, un producto más a la canasta exportadora tradicional del país, compuesta por el café, las flores y el banano.

En cuanto a seguridad alimentaria, los escogidos son maíz, soya, algodón, azúcar, arroz y forestales, pues juntos suman más de 70 % de los productos que Colombia compra en el exterior. El objetivo exportador, por su parte, incluye productos generadores de energía, como el azúcar y el aceite de palma; los productos pecuarios, especialmente pesqueros y acuícolas; alimentos de alto valor nutricional, como el aguacate, la panela, el cacao y las hortalizas, y finalmente, productos exóticos, como la gulupa, la uchuva y la lima tahití.

El primer paso que dará el Gobierno será usar las zonificaciones que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) está realizando, según ha dicho su director, Felipe Fonseca, para unos 15 sectores productivos, como la palma, el caucho y el cacao. “Hoy hay 1’500.000 hectáreas sembradas con productos que están en el lugar equivocado”, afirmó Iragorri. Esa cartografía, se espera, será útil para que los productores sepan dónde sembrar y dónde no, según la vocación del suelo y el entorno.

A la estrategia se añade un programa de extensión rural que pretende disminuir la vergonzosa cifra de 90 % de población rural que, según el tercer Censo Nacional Agropecuario, nunca ha recibido asistencia técnica. Asimismo, está la promesa de aumentar el acceso a aseguramiento y a crédito, subsidiando las tasas de interés e involucrando también al sector privado ofreciéndole condiciones que, según Iragorri, aún están por discutir.

Para ejecutar todo eso, es de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo le dio al presidente de la República facultades extraordinarias para reformar la institucionalidad del campo. En diciembre esas facultades deben haberse hecho efectivas y, según el ministro de Agricultura, lo que se está estructurando son tres nuevas agencias: una dedicada a asuntos agropecuarios, que gestione programas de extensión, trabajo decente e incluso necesidades de comercialización, y que funcione de forma especializada como lo hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la de Minería.

Además, en lo que parece ser una absorción de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, liderada por José Antonio Ocampo, se crearía la Agencia de Tierras, que unificaría las competencias en asuntos como la formalización de la propiedad rural. Lo que suceda con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), está aún por definirse, pero lo que ha dicho la Misión Rural es que éste, si se mantiene, debería hacerse cargo sólo de la adecuación de tierras.

“Es un plan esperanzador para aumentar la participación de la producción nacional y empezar a sustituir importaciones aprovechando la situación cambiaria”, dijo Henry Vanegas, gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales. Dice que la del Gobierno es una meta realizable y que los productores se comprometen a aumentar productividad en la medida en que se den coberturas cambiarias, por ejemplo. Agregó que “necesitamos que la industria se comprometa a comprar al mismo precio que el importado, pero que compre producción nacional”.

Al respecto, Andrés Valencia, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, aseguró que es importante impulsar este plan. Su sector consume cerca de cuatro millones de toneladas de maíz al año, por lo que ha manifestado su afectación a causa de la subida de la tasa de cambio. Es de recordar que en 2023 el maíz de Estados Unidos entrará totalmente libre, “por eso el maíz tiene que ser igual o más competitivo que el norteamericano”.

Las aspiraciones del Gobierno no llegan en una coyuntura fácil. Como quedó expuesto en el informe del mercado laboral de esta semana, el agro no está siendo un jalonador estrella, o al menos no estable, de puestos de trabajo, pues se contrajo 1,2 % en agosto. Con este plan, dice el Ministerio, se espera crear cerca de 250.000 empleos nuevos. A la situación hay que sumarle el fenómeno del Niño y un recorte presupuestal para 2016 que, aunque menor que el anunciado inicialmente, sigue siendo un recorte. Iragorri asegura, sin embargo, que los $1,6 billones que requerirá Colombia Siembra están asegurados hasta 2018. Pero el presupuesto apenas para 2016 sigue en debate en el Congreso.

Además, Colombia viene de 25 años en los que el área sembrada se ha ampliado apenas en 600.000 hectáreas. El plan contempla que ese crecimiento adopte un ritmo de 18,3 % entre 2014 y 2018, y que, a la postre, el agro aporte 4,5 % del PIB, casi el doble del 2,3 % de hoy.

El reto que asumió ayer el Ministerio de Agricultura no es de poca monta. El jefe de la cartera, Aurelio Iragorri, anunció el plan Colombia Siembra, que proyecta aumentar, en tres años, en un millón de hectáreas el área sembrada del país, es decir, llegar a los ocho millones de hectáreas. El propósito, según el ministro, es apostar por la seguridad alimentaria nacional y agregar, como mínimo, un producto más a la canasta exportadora tradicional del país, compuesta por el café, las flores y el banano.

En cuanto a seguridad alimentaria, los escogidos son maíz, soya, algodón, azúcar, arroz y forestales, pues juntos suman más de 70 % de los productos que Colombia compra en el exterior. El objetivo exportador, por su parte, incluye productos generadores de energía, como el azúcar y el aceite de palma; los productos pecuarios, especialmente pesqueros y acuícolas; alimentos de alto valor nutricional, como el aguacate, la panela, el cacao y las hortalizas, y finalmente, productos exóticos, como la gulupa, la uchuva y la lima tahití.

El primer paso que dará el Gobierno será usar las zonificaciones que la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) está realizando, según ha dicho su director, Felipe Fonseca, para unos 15 sectores productivos, como la palma, el caucho y el cacao. “Hoy hay 1’500.000 hectáreas sembradas con productos que están en el lugar equivocado”, afirmó Iragorri. Esa cartografía, se espera, será útil para que los productores sepan dónde sembrar y dónde no, según la vocación del suelo y el entorno.

A la estrategia se añade un programa de extensión rural que pretende disminuir la vergonzosa cifra de 90 % de población rural que, según el tercer Censo Nacional Agropecuario, nunca ha recibido asistencia técnica. Asimismo, está la promesa de aumentar el acceso a aseguramiento y a crédito, subsidiando las tasas de interés e involucrando también al sector privado ofreciéndole condiciones que, según Iragorri, aún están por discutir.

Para ejecutar todo eso, es de recordar que el Plan Nacional de Desarrollo le dio al presidente de la República facultades extraordinarias para reformar la institucionalidad del campo. En diciembre esas facultades deben haberse hecho efectivas y, según el ministro de Agricultura, lo que se está estructurando son tres nuevas agencias: una dedicada a asuntos agropecuarios, que gestione programas de extensión, trabajo decente e incluso necesidades de comercialización, y que funcione de forma especializada como lo hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la de Minería.

Además, en lo que parece ser una absorción de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, liderada por José Antonio Ocampo, se crearía la Agencia de Tierras, que unificaría las competencias en asuntos como la formalización de la propiedad rural. Lo que suceda con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), está aún por definirse, pero lo que ha dicho la Misión Rural es que éste, si se mantiene, debería hacerse cargo sólo de la adecuación de tierras.

“Es un plan esperanzador para aumentar la participación de la producción nacional y empezar a sustituir importaciones aprovechando la situación cambiaria”, dijo Henry Vanegas, gerente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales. Dice que la del Gobierno es una meta realizable y que los productores se comprometen a aumentar productividad en la medida en que se den coberturas cambiarias, por ejemplo. Agregó que “necesitamos que la industria se comprometa a comprar al mismo precio que el importado, pero que compre producción nacional”.

Al respecto, Andrés Valencia, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores, aseguró que es importante impulsar este plan. Su sector consume cerca de cuatro millones de toneladas de maíz al año, por lo que ha manifestado su afectación a causa de la subida de la tasa de cambio. Es de recordar que en 2023 el maíz de Estados Unidos entrará totalmente libre, “por eso el maíz tiene que ser igual o más competitivo que el norteamericano”.

Las aspiraciones del Gobierno no llegan en una coyuntura fácil. Como quedó expuesto en el informe del mercado laboral de esta semana, el agro no está siendo un jalonador estrella, o al menos no estable, de puestos de trabajo, pues se contrajo 1,2 % en agosto. Con este plan, dice el Ministerio, se espera crear cerca de 250.000 empleos nuevos. A la situación hay que sumarle el fenómeno del Niño y un recorte presupuestal para 2016 que, aunque menor que el anunciado inicialmente, sigue siendo un recorte. Iragorri asegura, sin embargo, que los $1,6 billones que requerirá Colombia Siembra están asegurados hasta 2018. Pero el presupuesto apenas para 2016 sigue en debate en el Congreso.

Además, Colombia viene de 25 años en los que el área sembrada se ha ampliado apenas en 600.000 hectáreas. El plan contempla que ese crecimiento adopte un ritmo de 18,3 % entre 2014 y 2018, y que, a la postre, el agro aporte 4,5 % del PIB, casi el doble del 2,3 % de hoy.