La nueva estrategia para formalizar la tierra

Entre los pecados que se les achacan al extinto Incora y al Incoder en liquidación están su ineficiencia en la recuperación y titulación de tierras. Eso, por lo menos en el caso del último, fue uno de los efectos de la gran cantidad de tareas que se le asignaron, de acuerdo con expertos como los de la Misión Rural. La recién creada Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su primera conferencia de prensa, anunció “una nueva visión en la administración de baldíos”.

El director general de la entidad, Miguel Samper Strouss, aseguró que esta semana se iniciará “el plan más ambicioso en la historia de Colombia” para la titulación de tierras, con una nueva metodología. Ésta implica desde hacer formalizaciones masivas in situ y trabajar de la mano con los entes territoriales, hasta dar prioridad a las mujeres rurales y a las parejas del mismo sexo que soliciten propiedad.

“La institucionalidad esperaba a que llegara el campesino a solicitar la formalización de la tierra. Ahora nosotros vamos a salir a buscar a los campesinos”, dijo el director. En la segunda circular interna, con fecha del 18 de agosto, Samper pidió a todos sus funcionarios priorizar las solicitudes de madres cabeza de hogar y campesinas, que a hoy representan sólo el 30 % de las solicitudes, así como las de familias conformadas por parejas del mismo sexo, que no registran titulaciones.

La Agencia adelantará doce pilotos de la “nueva metodología”, desde esta semana en Ovejas, Sucre, y en lo que resta de año, en otros once municipios. La idea del plan de formalización es ir a terreno con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), hacer un “barrido” de predios, el levantamiento catastral, comparar la información con los registros existentes y formalizar la tierra y hacer las conciliaciones que sean necesarias ahí mismo.

Según la entidad, la forma de blindar el proceso de los usurpadores de tierras será involucrar a la comunidad. “La metodología incluye la cartografía social, que permite, mediante la construcción conjunta, ver quién es dueño de los predios. Nadie conoce mejor la realidad rural que los campesinos, ellos saben quién ha sido y quién no ha sido su vecino”. Asimismo, a través de “pactos por la tierra”, los entes territoriales de los 32 departamentos participarán del proceso.

Jhenifer Mojica, consultora en asuntos de tierras y exsubgerente del Incoder, señaló: “Hay una necesidad de hacer ordenamiento social, productivo y ambiental de la propiedad. En territorios donde hay que hacer adjudicación hay esquemas que no aceptan el uso forestal o agropecuario y resulta que esos son los proyectos de la gente de la zona”. Agregó que con la liquidación del Incoder quedaron procedimientos en curso. “Se deberían resolver y ahí sí arrancar una nueva experiencia de titulación”.

El costo de la estrategia, dijo Samper, se calculará a partir de los pilotos. Sin embargo, el “ambicioso” plan se anuncia en medio de una propuesta de recorte de presupuesto para 2017 en la cartera de Agricultura cercano al 40 %. En el caso de la ANT el recorte ronda el 20 %, para un total de $95.000 millones en recursos de inversión. “Se están gestionando recursos de cooperación internacional”, aseguró el funcionario.

Al tiempo se anunció un convenio de cooperación técnica con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). De acuerdo con Bo Mathiasen, representante de Unodc en el país, el objetivo en un año es arrancar los procesos de formalización de las tierras de 5.500 familias que sustituyan cultivos ilícitos en Antioquia, Putumayo y Cauca. Esa oficina ha acompañado ya los procesos de formalización de 2.000 familias en Antioquia y 2.400 en Nariño.

“En Colombia sólo cerca del 10 % de los beneficiarios de desarrollo alternativo tienen claros sus derechos de propiedad, eso es un freno para la sostenibilidad de los esfuerzos contra los cultivos ilícitos”, aseguró Mathiasen. “Los derechos de propiedad generan un círculo virtuoso: dan mayores garantías para acceder a créditos, mejoran las finanzas municipales, generan arraigo y un sentido de responsabilidad con los territorios”.

La apuesta que se presentó incluye la realización del catastro rural multipropósito, para después sumar los acompañamientos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en el ordenamiento productivo de la propiedad y de las también recién creadas Agencia de Desarrollo Rural y Agencia de Renovación del Territorio. “Las políticas de desarrollo, como las zidres y las zonas de reserva campesina, implican el paso previo de definir quién es el dueño de la tierra que se está trabajando”, concluyó Samper.

En las regiones es claro que la informalidad de la tierra preocupa y que muchas veces las distancias y la poca oferta institucional, incluso la corrupción, han frenado el acceso a un título. Sobre los retos de la nueva Agencia, en entrevista con este diario en junio pasado, el delegado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios y de Tierras, Andrés García, aseveró: “Nuestras autoridades de tierras (Incora e Incoder) no han servido, no han cumplido su papel y por el contrario han acrecentado los conflictos, o porque no los resuelven o porque generan conflicto”.

Entre los pecados que se les achacan al extinto Incora y al Incoder en liquidación están su ineficiencia en la recuperación y titulación de tierras. Eso, por lo menos en el caso del último, fue uno de los efectos de la gran cantidad de tareas que se le asignaron, de acuerdo con expertos como los de la Misión Rural. La recién creada Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su primera conferencia de prensa, anunció “una nueva visión en la administración de baldíos”.

El director general de la entidad, Miguel Samper Strouss, aseguró que esta semana se iniciará “el plan más ambicioso en la historia de Colombia” para la titulación de tierras, con una nueva metodología. Ésta implica desde hacer formalizaciones masivas in situ y trabajar de la mano con los entes territoriales, hasta dar prioridad a las mujeres rurales y a las parejas del mismo sexo que soliciten propiedad.

“La institucionalidad esperaba a que llegara el campesino a solicitar la formalización de la tierra. Ahora nosotros vamos a salir a buscar a los campesinos”, dijo el director. En la segunda circular interna, con fecha del 18 de agosto, Samper pidió a todos sus funcionarios priorizar las solicitudes de madres cabeza de hogar y campesinas, que a hoy representan sólo el 30 % de las solicitudes, así como las de familias conformadas por parejas del mismo sexo, que no registran titulaciones.

La Agencia adelantará doce pilotos de la “nueva metodología”, desde esta semana en Ovejas, Sucre, y en lo que resta de año, en otros once municipios. La idea del plan de formalización es ir a terreno con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), hacer un “barrido” de predios, el levantamiento catastral, comparar la información con los registros existentes y formalizar la tierra y hacer las conciliaciones que sean necesarias ahí mismo.

Según la entidad, la forma de blindar el proceso de los usurpadores de tierras será involucrar a la comunidad. “La metodología incluye la cartografía social, que permite, mediante la construcción conjunta, ver quién es dueño de los predios. Nadie conoce mejor la realidad rural que los campesinos, ellos saben quién ha sido y quién no ha sido su vecino”. Asimismo, a través de “pactos por la tierra”, los entes territoriales de los 32 departamentos participarán del proceso.

Jhenifer Mojica, consultora en asuntos de tierras y exsubgerente del Incoder, señaló: “Hay una necesidad de hacer ordenamiento social, productivo y ambiental de la propiedad. En territorios donde hay que hacer adjudicación hay esquemas que no aceptan el uso forestal o agropecuario y resulta que esos son los proyectos de la gente de la zona”. Agregó que con la liquidación del Incoder quedaron procedimientos en curso. “Se deberían resolver y ahí sí arrancar una nueva experiencia de titulación”.

El costo de la estrategia, dijo Samper, se calculará a partir de los pilotos. Sin embargo, el “ambicioso” plan se anuncia en medio de una propuesta de recorte de presupuesto para 2017 en la cartera de Agricultura cercano al 40 %. En el caso de la ANT el recorte ronda el 20 %, para un total de $95.000 millones en recursos de inversión. “Se están gestionando recursos de cooperación internacional”, aseguró el funcionario.

Al tiempo se anunció un convenio de cooperación técnica con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). De acuerdo con Bo Mathiasen, representante de Unodc en el país, el objetivo en un año es arrancar los procesos de formalización de las tierras de 5.500 familias que sustituyan cultivos ilícitos en Antioquia, Putumayo y Cauca. Esa oficina ha acompañado ya los procesos de formalización de 2.000 familias en Antioquia y 2.400 en Nariño.

“En Colombia sólo cerca del 10 % de los beneficiarios de desarrollo alternativo tienen claros sus derechos de propiedad, eso es un freno para la sostenibilidad de los esfuerzos contra los cultivos ilícitos”, aseguró Mathiasen. “Los derechos de propiedad generan un círculo virtuoso: dan mayores garantías para acceder a créditos, mejoran las finanzas municipales, generan arraigo y un sentido de responsabilidad con los territorios”.

La apuesta que se presentó incluye la realización del catastro rural multipropósito, para después sumar los acompañamientos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria en el ordenamiento productivo de la propiedad y de las también recién creadas Agencia de Desarrollo Rural y Agencia de Renovación del Territorio. “Las políticas de desarrollo, como las zidres y las zonas de reserva campesina, implican el paso previo de definir quién es el dueño de la tierra que se está trabajando”, concluyó Samper.

En las regiones es claro que la informalidad de la tierra preocupa y que muchas veces las distancias y la poca oferta institucional, incluso la corrupción, han frenado el acceso a un título. Sobre los retos de la nueva Agencia, en entrevista con este diario en junio pasado, el delegado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Agrarios y de Tierras, Andrés García, aseveró: “Nuestras autoridades de tierras (Incora e Incoder) no han servido, no han cumplido su papel y por el contrario han acrecentado los conflictos, o porque no los resuelven o porque generan conflicto”.