La pensión, una vieja ilusión
Colombia no puede darse el lujo de tener una edad de pensión de 57 años para mujeres y 62 para hombres, pues “países enormemente más ricos están alrededor de 65-67 años”, dice Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.
Jorge Sáenz V /@jorges_v.
El cambio demográfico que experimenta el país tiene sus consecuencias en el sistema pensional y los planes de apoyo a las personas de la tercera edad. Como en la mayoría de países, la población colombiana se está envejeciendo y esto hace que se requieran cambios en este tema para evitar un tsunami fiscal.
“La realidad es que hay dos bombas que están incubando fuerza para explotar”, advirtió el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Jorge Humberto Botero. “Una bomba social y una bomba fiscal, ambas asociadas al sistema pensional”.
El problema pensional se está convirtiendo en una papa caliente a la que ningún gobierno le quiere meter el diente. En un período de campaña presidencial, todos los candidatos tienen soluciones para este problema, pero a manera de promesas, no de propuestas concretas.
“Una reforma a la seguridad social es fundamental para alcanzar un camino sostenible en el gasto público. El país experimentará un enorme cambio demográfico en las próximas décadas, lo que dificultará la sostenibilidad del sistema con el paso del tiempo”, consideran Marcelo Carvalho y Luiz Peixoto, economistas de BNP Paribas para Latinoamérica.
Colombia tiene cerca de cinco millones de personas mayores de 65 años y ese número va a subir a 13 millones en 25 años, por el cambio demográfico, observa Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y uno de los integrantes de la Comisión del Gasto que esta semana publicó el informe en el que le hace recomendaciones al Gobierno en materia pensional y fiscal.
La bomba social de la que advierte Botero se configura en el hecho de que sólo el 34 % de los trabajadores activos cotiza a un sistema de pensiones, aunque en salud la cobertura es casi universal. Apenas el 24 % de los colombianos tiene derecho a una pensión. “Los colombianos están llegando a la ancianidad en una proporción elevada sin recursos para poder vivir”, sostiene el dirigente gremial.
Si las actuales condiciones del sistema general de pensiones se mantienen, la cobertura se reduciría en el mediano plazo a niveles de 17 % en 2050, sugieren algunas proyecciones.
La bomba pensional es clara en su dimensión financiera: en la actualidad, el pago de pensiones públicas consume el 17,5 % del Presupuesto Nacional; es el mayor peso después del servicio de la deuda. Es decir, se destina más al pago de pensiones que al de salud o al de educación, señala el presidente de Fasecolda.
“Tenemos que lograr que un sistema que en su conjunto es insostenible financieramente, inequitativo y con una baja cobertura se convierta en uno que ofrezca más y mejores pensiones, que sea más universal y que le brinde estabilidad fiscal al país”, destaca Juan David Correa, presidente de Protección, el segundo fondo privado, con cerca de 4,5 millones de afilados.
Villar considera que el país tiene un régimen en el cual “nos estamos gastando el 27 % de los impuestos que pagamos los colombianos en el déficit del sistema pensional. De cada $100 que pagamos por IVA, renta y otros impuestos, unos $27 se van a solventar el déficit pensional” y “lo más triste es que con semejante gasto, sólo 24 % de la población mayor colombiana tiene alguna pensión”.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostiene que “debe solucionarse el incremento paulatino que tiene el reconocimiento con dineros públicos de las pensiones. Cerca del 4 % de la población, que son los pensionados, consumen casi 17 % del presupuesto nacional”.
La Comisión resalta en su informe un problema poco considerado: cerca de dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponde a los regímenes especiales, como el de maestros, militares y policías. Además de otros “que se encuentran en marchitamiento y para los cuales el Fondo de Pensiones de Entidades Públicas (Fopep) no tiene respaldo suficiente”.
Elevar la edad, una propuesta
La Comisión del Gasto plantea cambiar parámetros como la edad de pensión. Colombia no puede darse el lujo de tener una edad de pensión de 57 años para mujeres y de 62 para hombres, “países enormemente más ricos están alrededor de 65, 67 años”, explicó Villar.
“La situación no es mirar cómo le aumentamos la edad, ni menos igualar la de las mujeres. Las mujeres nuestras hacen doble trabajo: el del hogar y contribuyen con la fuerza laboral en el país”, dijo Jhon Jairo Díaz, presidente de la Asociación de Pensionados de Colombia (Apis). En algunos países se han planteado unos bonos por hijo que sirven, entre otras cosas, para mejorar la cotización de las mujeres. Pero no pensionarlas más rápido, sobre todo teniendo en cuenta que sus expectativas de vida suelen ser más largas que las masculinas.
Para darle sostenibilidad al sistema de pensiones, la Comisión recomienda aumentar la tasa de contribución del 16 % actual al 18 % y se analizan esquemas alternativos para reformar el sistema general de pensiones para que el Régimen de Prima Media (Colpensiones) y el de Ahorro Individual (fondos privados) dejen de ser competencia y sean complementarios. Fedesarrollo, por ejemplo, plantea que una parte de la cotización vaya a Colpensiones y otra a los fondos privados, en tanto que la pensión sea pagada por ambas entidades. También considera un gravamen para las pensiones públicas altas.
Villar sostiene que en el caso de los regímenes especiales que se han ido marchitando sobreviven el de los maestros y los uniformados. Para ambos casos, la Comisión considera importante racionalizar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros y militares, que se encuentran por fuera del sistema general de pensiones.
“La Comisión plantea aumentar la edad de jubilación ajustándola periódicamente por las condiciones demográficas, elevar el porcentaje de cotización al 18 %, ajustar el cálculo del ingreso base de liquidación y reducir el techo de las pensiones del régimen de prima media. La adopción de este paquete de medidas reduciría considerablemente la presión sobre las finanzas públicas del país”, señala David Cubides, economista de Itaú en Colombia.
A Jorge Llano, director de estudios económicos de Asofondos, le parece una muy buena propuesta que la pensión no se calcule con el promedio de los últimos 10 años, sino que se haga con el comportamiento salarial de toda la vida laboral. También destaca otras propuestas como disminuir el tope de los 25 salarios mínimos para pensiones, que se graven las pensiones altas, se mejore el sistema de los BEP (beneficios económicos periódicos) y se reforme el programa Colombia Mayor.
“El hecho de que se utilicen los últimos 10 años genera que hoy se estén pagando subsidios tan altos en el régimen público de pensiones”, explicó el analista de Asofondos. Consideró que con el cambio propuesto ayuda a reducir los altos subsidios que se dan a las pensiones públicas.
Para Llano, elevar la edad de pensión no es la variable más relevante a modificar en el sistema. “Los otros elementos son más importantes para hacer un sistema más equitativo, con mayor cobertura y que sea sostenible a mediano y largo plazo”.
Anif discrepa de la recomendación de la Comisión referente a pensar en el incremento en dos puntos porcentuales la contribución obligatoria, pues ello generará más informalidad.
En cuanto al programa Colombia Mayor, Asofondos estima que debe dar un ingreso equivalente a $250.000, que es la línea de pobreza, y que le llegue a la gente que, siendo mayor de 65 años, esté en grado de vulnerabilidad. “Eso se llama modelo no contributivo y opera en los mayores países del mundo”, dice Llano, al tiempo que destaca que con este auxilio se sacaría de la pobreza por los menos a tres millones de personas.
Los beneficiarios de Colombia Mayor reciben $75.000, mientras hay unas pensiones con $10 millones de subsidios al mes. “Debe buscarse que los beneficios que ofrece la nación a los pensionados se orienten a los segmentos de población pensionada más necesitada”, dice Bruce Mac Master, de la Andi.
La cobertura de Colombia Mayor fue de 1,5 millones de personas en 2016. Incluyendo los beneficiaros de ese régimen y los del sistema pensional, menos del 50 % de la población mayor en Colombia recibe algún beneficio económico en la vejez, mientras ese porcentaje es 65 % en promedio en América Latina, detalla el informe de la Comisión del Gasto.
Dos regímenes
Fedesarrollo propone mantener los dos regímenes: el de prima media (público) y el ahorro individual (privado), mientras uno sea complementario del otro. “Existe un desequilibrio entre los dos sistemas actuales que hacen que la mayor parte de los subsidios se destinen a los beneficios de pensiones superiores”, dicen los analistas de BNP Paribas.
La Andi estima que se debe despejar el interrogante sobre si resulta más fácil competir entre entidades públicas y privadas con un único régimen, al igual que como lo hacen el sistema financiero y el asegurador.
“La complejidad del sistema y los mayores beneficios del RPM (régimen de prima media) han propiciado un número importante de traslados de personas del RAIS (ahorro individual) hacia RPM, con un impacto en las cuentas fiscales en el mediano plazo, a pesar de reducir las presiones sobre el presupuesto en el corto plazo”, sostiene la Comisión de Gasto en su informe.
El cambio demográfico que experimenta el país tiene sus consecuencias en el sistema pensional y los planes de apoyo a las personas de la tercera edad. Como en la mayoría de países, la población colombiana se está envejeciendo y esto hace que se requieran cambios en este tema para evitar un tsunami fiscal.
“La realidad es que hay dos bombas que están incubando fuerza para explotar”, advirtió el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Jorge Humberto Botero. “Una bomba social y una bomba fiscal, ambas asociadas al sistema pensional”.
El problema pensional se está convirtiendo en una papa caliente a la que ningún gobierno le quiere meter el diente. En un período de campaña presidencial, todos los candidatos tienen soluciones para este problema, pero a manera de promesas, no de propuestas concretas.
“Una reforma a la seguridad social es fundamental para alcanzar un camino sostenible en el gasto público. El país experimentará un enorme cambio demográfico en las próximas décadas, lo que dificultará la sostenibilidad del sistema con el paso del tiempo”, consideran Marcelo Carvalho y Luiz Peixoto, economistas de BNP Paribas para Latinoamérica.
Colombia tiene cerca de cinco millones de personas mayores de 65 años y ese número va a subir a 13 millones en 25 años, por el cambio demográfico, observa Leonardo Villar, director de Fedesarrollo y uno de los integrantes de la Comisión del Gasto que esta semana publicó el informe en el que le hace recomendaciones al Gobierno en materia pensional y fiscal.
La bomba social de la que advierte Botero se configura en el hecho de que sólo el 34 % de los trabajadores activos cotiza a un sistema de pensiones, aunque en salud la cobertura es casi universal. Apenas el 24 % de los colombianos tiene derecho a una pensión. “Los colombianos están llegando a la ancianidad en una proporción elevada sin recursos para poder vivir”, sostiene el dirigente gremial.
Si las actuales condiciones del sistema general de pensiones se mantienen, la cobertura se reduciría en el mediano plazo a niveles de 17 % en 2050, sugieren algunas proyecciones.
La bomba pensional es clara en su dimensión financiera: en la actualidad, el pago de pensiones públicas consume el 17,5 % del Presupuesto Nacional; es el mayor peso después del servicio de la deuda. Es decir, se destina más al pago de pensiones que al de salud o al de educación, señala el presidente de Fasecolda.
“Tenemos que lograr que un sistema que en su conjunto es insostenible financieramente, inequitativo y con una baja cobertura se convierta en uno que ofrezca más y mejores pensiones, que sea más universal y que le brinde estabilidad fiscal al país”, destaca Juan David Correa, presidente de Protección, el segundo fondo privado, con cerca de 4,5 millones de afilados.
Villar considera que el país tiene un régimen en el cual “nos estamos gastando el 27 % de los impuestos que pagamos los colombianos en el déficit del sistema pensional. De cada $100 que pagamos por IVA, renta y otros impuestos, unos $27 se van a solventar el déficit pensional” y “lo más triste es que con semejante gasto, sólo 24 % de la población mayor colombiana tiene alguna pensión”.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostiene que “debe solucionarse el incremento paulatino que tiene el reconocimiento con dineros públicos de las pensiones. Cerca del 4 % de la población, que son los pensionados, consumen casi 17 % del presupuesto nacional”.
La Comisión resalta en su informe un problema poco considerado: cerca de dos terceras partes del desequilibrio pensional corresponde a los regímenes especiales, como el de maestros, militares y policías. Además de otros “que se encuentran en marchitamiento y para los cuales el Fondo de Pensiones de Entidades Públicas (Fopep) no tiene respaldo suficiente”.
Elevar la edad, una propuesta
La Comisión del Gasto plantea cambiar parámetros como la edad de pensión. Colombia no puede darse el lujo de tener una edad de pensión de 57 años para mujeres y de 62 para hombres, “países enormemente más ricos están alrededor de 65, 67 años”, explicó Villar.
“La situación no es mirar cómo le aumentamos la edad, ni menos igualar la de las mujeres. Las mujeres nuestras hacen doble trabajo: el del hogar y contribuyen con la fuerza laboral en el país”, dijo Jhon Jairo Díaz, presidente de la Asociación de Pensionados de Colombia (Apis). En algunos países se han planteado unos bonos por hijo que sirven, entre otras cosas, para mejorar la cotización de las mujeres. Pero no pensionarlas más rápido, sobre todo teniendo en cuenta que sus expectativas de vida suelen ser más largas que las masculinas.
Para darle sostenibilidad al sistema de pensiones, la Comisión recomienda aumentar la tasa de contribución del 16 % actual al 18 % y se analizan esquemas alternativos para reformar el sistema general de pensiones para que el Régimen de Prima Media (Colpensiones) y el de Ahorro Individual (fondos privados) dejen de ser competencia y sean complementarios. Fedesarrollo, por ejemplo, plantea que una parte de la cotización vaya a Colpensiones y otra a los fondos privados, en tanto que la pensión sea pagada por ambas entidades. También considera un gravamen para las pensiones públicas altas.
Villar sostiene que en el caso de los regímenes especiales que se han ido marchitando sobreviven el de los maestros y los uniformados. Para ambos casos, la Comisión considera importante racionalizar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros y militares, que se encuentran por fuera del sistema general de pensiones.
“La Comisión plantea aumentar la edad de jubilación ajustándola periódicamente por las condiciones demográficas, elevar el porcentaje de cotización al 18 %, ajustar el cálculo del ingreso base de liquidación y reducir el techo de las pensiones del régimen de prima media. La adopción de este paquete de medidas reduciría considerablemente la presión sobre las finanzas públicas del país”, señala David Cubides, economista de Itaú en Colombia.
A Jorge Llano, director de estudios económicos de Asofondos, le parece una muy buena propuesta que la pensión no se calcule con el promedio de los últimos 10 años, sino que se haga con el comportamiento salarial de toda la vida laboral. También destaca otras propuestas como disminuir el tope de los 25 salarios mínimos para pensiones, que se graven las pensiones altas, se mejore el sistema de los BEP (beneficios económicos periódicos) y se reforme el programa Colombia Mayor.
“El hecho de que se utilicen los últimos 10 años genera que hoy se estén pagando subsidios tan altos en el régimen público de pensiones”, explicó el analista de Asofondos. Consideró que con el cambio propuesto ayuda a reducir los altos subsidios que se dan a las pensiones públicas.
Para Llano, elevar la edad de pensión no es la variable más relevante a modificar en el sistema. “Los otros elementos son más importantes para hacer un sistema más equitativo, con mayor cobertura y que sea sostenible a mediano y largo plazo”.
Anif discrepa de la recomendación de la Comisión referente a pensar en el incremento en dos puntos porcentuales la contribución obligatoria, pues ello generará más informalidad.
En cuanto al programa Colombia Mayor, Asofondos estima que debe dar un ingreso equivalente a $250.000, que es la línea de pobreza, y que le llegue a la gente que, siendo mayor de 65 años, esté en grado de vulnerabilidad. “Eso se llama modelo no contributivo y opera en los mayores países del mundo”, dice Llano, al tiempo que destaca que con este auxilio se sacaría de la pobreza por los menos a tres millones de personas.
Los beneficiarios de Colombia Mayor reciben $75.000, mientras hay unas pensiones con $10 millones de subsidios al mes. “Debe buscarse que los beneficios que ofrece la nación a los pensionados se orienten a los segmentos de población pensionada más necesitada”, dice Bruce Mac Master, de la Andi.
La cobertura de Colombia Mayor fue de 1,5 millones de personas en 2016. Incluyendo los beneficiaros de ese régimen y los del sistema pensional, menos del 50 % de la población mayor en Colombia recibe algún beneficio económico en la vejez, mientras ese porcentaje es 65 % en promedio en América Latina, detalla el informe de la Comisión del Gasto.
Dos regímenes
Fedesarrollo propone mantener los dos regímenes: el de prima media (público) y el ahorro individual (privado), mientras uno sea complementario del otro. “Existe un desequilibrio entre los dos sistemas actuales que hacen que la mayor parte de los subsidios se destinen a los beneficios de pensiones superiores”, dicen los analistas de BNP Paribas.
La Andi estima que se debe despejar el interrogante sobre si resulta más fácil competir entre entidades públicas y privadas con un único régimen, al igual que como lo hacen el sistema financiero y el asegurador.
“La complejidad del sistema y los mayores beneficios del RPM (régimen de prima media) han propiciado un número importante de traslados de personas del RAIS (ahorro individual) hacia RPM, con un impacto en las cuentas fiscales en el mediano plazo, a pesar de reducir las presiones sobre el presupuesto en el corto plazo”, sostiene la Comisión de Gasto en su informe.