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El gobierno de Gustavo Petro apunta a una nueva propuesta de reforma que pone a la minería en el centro del debate. Se trata de una iniciativa que busca la participación de todos los actores posibles relacionados a este tema. Con estos se construirá el proyecto de ley que será radicado en el segundo semestre del presente año.
Este trabajo mancomunado arrancó recientemente, pues más de 1.500 personas se reunieron en la primera Cumbre Nacional Minera, en donde se abordaron tópicos como los retos del sector, su tecnificación para el futuro, el impacto ambiental y la dignificación de las labores de quienes dependen de esta industria.
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“Luego de un proceso de diálogo y concertación con la ciudadanía, el Ministerio de Minas y Energía anunció, al cierre de la Cumbre Nacional Minera, la radicación en el segundo semestre de 2023, del proyecto de ley para modernizar el sector minero en el país y transformar los conflictos socioambientales heredados de la actual legislación en oportunidades para construir paz y justicia”, precisó la cartera de minas.
El documento que se presentará en el Congreso también busca la participación de la ciudadanía en general, esto en el marco de las audiencias públicas realizadas por el Congreso, amén de otras instancias de diálogo dedicadas al análisis de la política minera.
“La tarea que estamos adelantando es histórica. Es la primera vez que un gobierno convoca a la ciudadanía interesada, representada por sectores muy diversos, para construir la ley del sector minero; para analizar el impacto de la normativa vigente a la fecha y para identificar las propuestas que nos permitan lograr un un sector más moderno, orientado a proporcionar bienestar a las poblaciones, a contribuir a la industrialización del país, a incentivar la diversificación productiva de los territorios mineros, y a cimentar condiciones de justicia social y ambiental. La nueva Ley Minera, será una ley de todos” señaló Johana Rocha, viceministra de minas.
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Parte de las propuestas que se recogieron en esta cumbre incluyen el reconocimiento de la minería ancestral en los procesos de reorganización y planificación minera; la atención al rezago de ordenamiento del territorio y la realización de una caracterización de la población minera, entendiendo sus diferencias en el papel que juegan en la industria.
A esto se suma una revisión de la actual legislación para facilitar una mejor armonización con la protección de los ecosistemas, las poblaciones y una mayor certidumbre jurídica a los mineros.
Este proyecto de ley también incluiría la actualización del catastro minero, así como su articulación con el catastro multipropósito.
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