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Han pasado un par de meses desde que la reforma laboral se hundió en su tránsito por la Cámara de Representantes. A decir verdad, no fue por falta de argumentos, sino por la carencia de debates dada la constante ausencia de ciertos líderes políticos de la Comisión Séptima.
Quienes se opusieron a esa primera reforma argumentaron que la misma no generaba empleo, sino que encarecía la mano de obra formal, haciendo que los empleadores aumentaran sus costos operativos. ¿El resultado? una presunta afectación a la capacidad de contratación de las empresas, incluso rayando con despidos masivos (un estudio del Banco de la República estimó que se perderían cerca de 450.000 puestos de trabajo).
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez explicó que, en efecto, esa reforma no buscaba generar empleo, sino más bien mejorar las condiciones de quienes ya están empleados. Ejemplo de eso es que se proponía un refuerzo a la estabilidad laboral, la formalización de trabajadores de aplicaciones de entrega (como del tipo Rappi y DiDi Food), mecanismos para proteger a los empleados ante procesos de automatización y mejoras para trabajadores domésticos y rurales.
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El compromiso de la cartera también estaba enmarcado en cumplir los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y desde su ponencia se reafirmó siempre la idea de que habían ciertos innegociables, cuando de derechos laborales se habla.
En esta nueva legislatura la reforma laboral tiene otra oportunidad para avanzar en el Congreso. Como varios expertos consultados por este medio lo sugirieron, si la misma aspiraba a tener un futuro debía lograr concertaciones con los actores que conforman el mercado laboral, es decir, trabajadores y empleadores, principalmente.
Esa fórmula intentó hacerse desde la primera propuesta de reforma, mediante la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, en donde tienen asiento empresarios, gobierno y centrales obreras. Sin embargo el documento salió sin que hubiera humo blanco, y de ahí los reparos de los empresarios.
Este viernes el Ministerio del Trabajo informó que se han adelantado diálogos con gremios y sindicatos. Si bien no se habla de concertaciones, es decir, una luz verde a lo que sería el documento final, sí se mencionan ajustes que se le harán a la propuesta que será radicada en los próximos días.
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“La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se reunió con la organización Aliadas, que agrupa a 37 gremios de la producción, con 7.000 empresas y que generan 5 millones de empleos formales. Expuso ante sus representantes algunos detalles del proyecto de ley de reforma laboral y escuchó propuestas para mejorar la iniciativa, entre ellas la creación de mesas técnicas en el sector gastronómico, de minería y servicios” informó la cartera de Trabajo.
Llama la atención que en estos diálogos no están los que tradicionalmente lideran los acercamientos con el gobierno y las centrales obreras, como lo es la Andi, Fenalco y la SAC.
“Este es un proceso de mejoramiento dentro de la construcción que llevamos de la reforma laboral, hemos abierto una puerta importante desde el punto de vista de aceptar nuevas propuestas, que nos permitan que efectivamente Colombia avance hacia un país de derechos”, aseguró la ministra del Trabajo.
También llama la atención que, de momento, no se especifica cuáles serían esos ajustes y mejoras que se le harán a la reforma.
“Tenemos totalmente claro que hay una necesidad de trabajo conjunto, de consenso, de lograr entre los acuerdos y desacuerdos, trabajar de la mano entre el sector público y privado, para lograr sacar adelante la mejor reforma laboral para todos los colombianos”, dijo la presidente de Aliadas, María Claudia Lacouture.
Hace unos días el ministerio también tuvo acercamientos con centrales obreras, así como con Fedegán, Fensuagro y plataformas digitales de reparto.
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