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Colombia, impactado por manifestaciones hace más de un mes, se acerca a grandes pasos a las 100.000 muertes por COVID-19 mientras el Gobierno intenta lograr un equilibrio: dejar que los ciudadanos trabajen —y coman— y a la vez protegerlos de la pandemia tras la reapertura de grandes sectores de la economía.
Ante un lento despliegue de la vacunación y el descontento social, los contagios y la mortalidad en Colombia continúan aumentando.
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En la última semana, Colombia ocupó la cuarta tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, entre más de 125 países rastreados por Bloomberg. Los nuevos casos diarios han superado los 29.000 este mes, lo que amenaza con abrumar al sistema de salud, que ya enfrenta escasez de suministros, incluido el preciado oxígeno. Las cuarentenas y el cierre de las fronteras con los países vecinos no lograron aliviar la crisis, pero sí obstaculizaron la economía.
América Latina ha registrado más de 35 millones de casos de coronavirus y más de 1 millón de muertes. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo recientemente que este año ha sido peor que el anterior para la región. Pidió aumentar urgentemente la vacunación, advirtiendo que, de lo contrario, tomará años controlar el virus. El miércoles, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países ricos que se comprometieron a donar 1.000 millones de dosis de vacunas que priorizaran a América Latina.
La situación es particularmente tensa en Colombia, donde la proporción de personas que viven en la pobreza aumentó durante la pandemia a más del 42 %. La economía del país sufrió el desplome más profundo de su historia el año pasado, dejando a millones sin capacidad para costear tres comidas al día, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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Colombia lleva semanas sacudida por protestas contra el Gobierno. Las manifestaciones, desencadenadas por un plan para aumentar los impuestos a la clase media (que luego fue retirado), se han transformado en un movimiento masivo con un rango de quejas que abarca la brutalidad policial, la corrupción y la desigualdad.
Miles de personas salieron a las calles y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad dejaron más de 40 muertos. Ha habido miles de millones de dólares en pérdidas por los bloqueos de carreteras que afectaron las cadenas de suministro y obligaron a miles de empresas a cerrar, amenazando con desviar una frágil recuperación.
Ahora que la mortalidad aumentó a 193,8 muertes por cada 100.000 personas, el presidente, Iván Duque, dijo recientemente que “tenemos que ser conscientes que en las últimas semanas esta situación se ha deteriorado por las aglomeraciones que se generaron en varios puntos de nuestra geografía”.
Para calmar a la población, el Gobierno decidió reabrir la economía y comenzó a aliviar las restricciones de movilidad este mes. Escuelas, universidades y la mayoría de las empresas pueden operar sin restricciones de horario. Las ciudades con una ocupación de unidades de cuidados intensivos inferior al 85 % pueden realizar eventos deportivos y conciertos siempre y cuando no se utilice más de una cuarta parte de la capacidad del lugar.
El Gobierno está corrigiendo una política “errónea” que resultó en la pérdida de cinco millones de empleos, de los cuales solo se ha recuperado la mitad, según Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana de Bogotá.
“Este giro en la política sanitaria acierta en buscar la recuperación de la economía”, dijo. “El encierro no es efectivo, y menos en una economía con un porcentaje mayoritario de informalidad”.
Pero médicos y científicos dicen que el país está en el peor momento de la pandemia. Más de 100 asociaciones médicas y científicas publicaron una carta el 7 de junio indicando que el sistema de salud está abrumado y advirtiendo que las muertes pronto podrían llegar a más de 800 por día si no se pospone la reapertura de la economía.
Hay escasez de oxígeno y otros suministros médicos, así como de personal de la salud, dijeron en la carta. Reabrir la economía “va a implicar que la población no pueda contar con la atención en salud requerida”, dijeron.
Colombia, como muchos otros países de la región, ha tenido un lento despliegue de vacunación. Apenas 8% de la población está completamente vacunada, mientras el Gobierno lucha por acelerar el ritmo.
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Jorge Martín Rodríguez, profesor de política de salud pública en la Universidad Javeriana, culpó a las barreras burocráticas que dificultan que las personas sean elegibles para la vacuna. Pero con más puntos de vacunación masiva, ciertos obstáculos están desapareciendo, dijo.
No obstante, la capacidad de las UCI en algunas de las ciudades más grandes supera el 95 % y Rodríguez tiene dudas sobre una flexibilización de las restricciones.
“Estamos en el peor momento”, dijo Rodríguez. “¿Pensar que en este momento, con un sistema de salud colapsado, deberíamos reabrir y que nos va a llevar a una reactivación de la economía? De pronto sí, pero ¿a qué costo?