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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este viernes sobre la imputación de cargos a nueve funcionarios de la Registraduría, los cuales presuntamente habrían desatendido los requerimientos que en su momento le solicitó la entidad.
Para entender esto hay que recordar que, en marzo, la SIC (bajo la dirección de Cielo Rusinque) adelantó una serie de visitas administrativas a la Registraduría y Cancillería (que en su momento fueron polémicas). Según lo explicado por la entidad, la intención era encontrar si hubo violaciones a la libre competencia económica en la contratación estatal con la firma Thomas Greg and Sons, con el tema de los pasaportes.
Aunque desde ciertos sectores se intentó señalar que la SIC se estaba sobrepasando en sus funciones, la misma ha defendido que se encuentra facultada “para decretar y practicar pruebas y, en general, para recabar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano”.
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También ha dicho que puede solicitar, tanto a personas naturales como jurídicas, el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio, así como el acceso a equipos de cómputo, móviles y correos electrónicos que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Es por lo anterior que la SIC considera que, en medio de estas diligencias, los imputados omitieron su deber de acatar de forma debida las órdenes que les fueron impartidas, por lo que su actuación podría confirgurarse como una obstrucción a la investigación.
“Las conductas omisivas objeto de investigación pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y/o no atender las diligencias programadas por la Superintendencia. Estas conductas pudieron impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades de la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia”, informa la entidad, quien detalló que en estas diligencias (acompañadas por un delegado de la Procuraduría General de la Nación) se explicó el alcance de las facultades de las que goza la SIC, así como las consecuencias por el desacato.
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De ser determinados como culpables, las sanciones que se impondrán podrían ser de hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los imputados. Esto, explica la SIC, de conformidad con la Ley 1340 de 2009.
En su momento, la entonces procuradora general, Margarita Cabello, anunció la apertura de una investigación contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre ellos, el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho trabajadores de la entidad, por presuntas irregularidades durante la visita administrativa a la Registraduría Nacional en marzo.
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