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Una de las postales más extrañas de la pandemia, que de entrada ha sido un tiempo pleno en extrañeza, fue la de las compras compulsivas de papel higiénico.
Más allá de esta anécdota, las compras desaforadas se extendieron a otros productos, más específicos y acordes con el momento histórico en el que estábamos entrando, como guantes de látex, alcohol y gel antibacterial.
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Uno de los aspectos en los que la pandemia moldeó más a los consumidores fue en el de “las compras nerviosas: los productos nunca escasearon ni esto influyó en que su precio subiera. Pero sí recibimos denuncias de acaparamiento de algunos bienes. Utilizando nuestras herramientas de tecnología, identificamos a los actores y pudimos comprobar que no había afectaciones al mercado”, cuenta Andrés Barreto, saliente cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Con los años, la SIC se ha transformado en una institución con más dientes administrativos y sancionatorios para velar por el bienestar de los consumidores colombianos, en un país en el que la palabra “cartelización”, lamentablemente, es una figura medianamente constante en las dinámicas de mercado.
La autoridad llevó más de cuarenta casos de competencia en los cuatro años de gestión de Barreto, con multas por encima de los $600.000 millones; así mismo, la SIC abrió 38 investigaciones y emitió 76 conceptos de abogacía de la competencia.
Si bien los temores de escasez de productos nunca se materializaron en medio de los confinamientos y la incertidumbre de los meses más duros de la pandemia, uno de los aspectos que sí cambió para los consumidores colombianos durante la crisis fue lo referente al tratamiento de los datos personales.
Barreto explica que el confinamiento llevó a los ciudadanos, de manera lógica, a una mayor interacción con los servicios en línea, como el comercio electrónico. Y esto derivó en un mayor número de quejas y procesos por tratamiento de datos personales. “Hoy tenemos casi 12.000 casos resueltos en protección de datos”, dice. Solo entre 2018 y 2019 se impusieron más sanciones por este concepto que en los diez años anteriores. Vale la pena recordar que el derecho constitucional a los datos personales fue reglamentado apenas en 2012.
En cuatro años, la SIC impuso 390 sanciones, por más de $34.000 millones, además de cerca de 4.000 órdenes administrativas para prever la vulneración al derecho de los datos personales.
¿Cuáles son las áreas en las que más hace falta proteger al consumidor colombiano?
Hay que seguir avanzando en fintech (entidades financieras con foco en tecnología). Hemos coordinado actuaciones, pero aún hace falta mejorar en el régimen de protección de datos en este campo, porque hay abusos en la forma como algunas de estas compañías asedian a los clientes o cobran las deudas. Intentamos hacer mejoras regulatorias, pero no se pudo incluir esto en una ley de la República.
Debemos entender que estos productos ya están acá y el consumidor ya está accediendo a ellos, por su novedad y porque facilitan el acceso a crédito, lo que mejora la legalidad del sistema. Pero hace falta mejorar en mecanismos de reclamación para estos consumidores y que se implementen mejores prácticas para ofrecer una experiencia más alta a los clientes.
Las patentes son un indicador de competitividad para el país. ¿Cómo estamos en este campo?
Actualmente, tenemos una oficina modelo a nivel continental. Tanto así que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) nos ofreció abrir su oficina regional en Colombia.
Contamos con 8.025 patentes registradas, que es un resultado histórico. Y tenemos dos nuevas denominaciones de origen, que se suman a las veinte que ya existían. Actualmente, una solicitud de propiedad industrial se demora cuatro meses, cuando antes el plazo era de once meses. La mayor cantidad de patentes que se otorgan están en sectores como minas y energía, así como en ciencias de la salud.
¿Qué ha pasado en registro de marcas?
También tenemos un récord histórico en solicitudes y atención: se han solicitado 193.000 marcas y lemas, de los cuales se han atendido 146.000 marcas. Así mismo, pusimos en marcha un apoyo en propiedad industrial para emprendedores, que ha beneficiado a más de 3.000 personas. También nos dimos cuenta de que, por ejemplo, estaban apareciendo productos de excombatientes, como cervezas o líneas de ropa, pero no estaban registrando estas marcas. Hicimos pedagogía, además de ofrecer tasas preferenciales, para que lo hicieran.
¿Qué se ha hecho en el tema de cartelización y limitaciones a la competencia?
Sabemos que en este escenario no todo se va a arreglar por vía de las sanciones, por lo que es necesario tener herramientas preventivas y proactivas. Desde el nivel preventivo, hicimos cambios regulatorios porque, tanto en Colombia como en el mundo, el mecanismo de delación estaba entrando en crisis. Por otra parte, a través de la ley anticorrupción, cambiamos la manera en la que se imponen las multas. También perseguimos la reincidencia. Y hay algo en lo que nos hemos enfocado y es impulsar un tema de cumplimiento (o de compliance, como se le conoce en el mundo de los negocios). La mejor manera de no tener cartelizaciones es que haya un entendimiento entre los empresarios y las agremiaciones.
Hoy tenemos herramientas de tecnología, con el uso de inteligencia artificial y de equipos en los cuales hay abogados, con antropólogos y científicos de datos, además de un laboratorio forense de clase mundial.
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¿Qué sigue para usted ahora que pasará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)?
Es necesario que la SIC siga creciendo; hay que seguir invirtiendo en tecnología y talento humano en la entidad. Las reclamaciones de los consumidores siguen creciendo. Hacemos más trabajo con el mismo personal y presupuesto. Hay que revisar la arquitectura del Estado para revisar, por ejemplo, qué área puede tener una autoridad propia. No es por un tema de quién haga más o menos, sino que más hay por hacer para cumplir la función de la Superintendencia. La autoridad tiene que seguir siendo autónoma, no puede ser un vehículo político: no es una policía económica.
En mi caso personal, de veinte años de ejercicio profesional, 16 han sido en el sector público. Lo más natural era pasar a un regulador. No he tenido un cargo político. Soy un abogado de derecho administrativo. Cuando se dio la oportunidad en la CREG se abrieron unos espacios, pasé mi hoja de vida, porque igual hay que cumplir unos requisitos.