El presidente Petro describió la semana pasada la aprobación de la reforma como el mayor logro para los trabajadores colombianos en años. Pero impugnaciones legales significan que puede que nunca entre en vigor.
Según la Constitución colombiana, las leyes deben aprobarse en dos periodos legislativos, que van del 20 de julio al 20 de junio del año siguiente. Tras varios retrasos prolongados durante el proceso de dos años, la coalición gobernante apuró sin debate la semana pasada el proyecto de ley en la cámara baja, para lograr su aprobación antes del plazo final.
Algunos legisladores argumentaron que esto viola la constitución, lo que sienta las bases para otro enfrentamiento entre Petro y la Corte Constitucional de Colombia.
“El afán, el desespero, y la poca rigurosidad del gobierno lo que lo que van a hacer ahora es que la reforma se caiga en la corte”, dijo al teléfono la representante Katherine Miranda del Partido Alianza Verde.
La Corte podría tomar normalmente unos siete u ocho meses en pronunciarse sobre un caso así, dijo Miranda. Aunque está previsto que la ley entre en vigor en julio de 2025, el tribunal también podría emitir una orden de suspensión para impedir que lo haga hasta que haya emitido una decisión de fondo.
La reforma pensional crea un programa para ampliar los subsidios a las personas ancianas que viven en la pobreza y elimina la competencia entre los sistemas de pensiones público y privado. También crea un fondo de ahorro para pagar futuras pensiones que será administrado por el banco central, lo que potencialmente podría impulsar la demanda de bonos en pesos locales, o TES.
También permitiría a los fondos privados cobrar una nueva comisión sobre los activos gestionados.
El viernes, los aliados de Petro en la Cámara de Rpresentantes votaron a favor de respaldar en su totalidad el texto que el Senado había aprobado en abril. Esto dejó a los legisladores de oposición sin la oportunidad de debatir el proyecto. Eso violó las normas, según Ramiro Bejarano, abogado constitucionalista.
“Claramente el gobierno optó por presionar para que no hubiera debate en la plenaria de la Cámara y se saltaron un pedazo importante del trámite legislativo”, dijo Bejarano. “Yo veo con mucha posibilidad la caída de esa reforma en la Corte”.
Debatir y estudiar los textos está entre las funciones y responsabilidades de ambas cámaras, por lo que la cámara baja cometió una irregularidad de procedimiento en este caso, dijo Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre de Bogotá.
Presión Gigantesca
Carlos Edward Osorio, representante del partido opositor Centro Democrático, dijo que demandará la reforma ante la corte constitucional. Argumenta que los legisladores no tuvieron suficiente oportunidad de debatir el proyecto. Osorio desafió con éxito el año pasado el intento del gobierno de hacer que las empresas petroleras y mineras pagaran más regalías.
Anteriormente, la corte anuló los decretos de emergencia por los que Petro pretendía saltarse al Congreso para hacer frente al hambre y a la falta de acceso al agua potable en La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia. Otro tribunal impidió que Petro tomara el control de una comisión reguladora que fija las tarifas eléctricas.
Los ministerios de Trabajo y Hacienda no respondieron a solicitudes escritas en busca de comentarios.
El gobierno se ha enfrentado repetidamente con magistrados y fiscales, incluso con la Fiscalía General por una investigación a Nicolás, el hijo de Petro. Petro ha alegado que existe un “golpe blando” por parte de un establecimiento conservador para socavar su gobierno.
También ha criticado repetidamente al banco central por negarse a recortar las tasas de interés con la rapidez que él desearía.
Es probable que los magistrados de la Corte Constitucional reciban presiones “gigantescas” de los partidarios de Petro, dijo Bejarano.
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