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A una semana de la audiencia de adjudicación del tercer canal de televisión y cuando parecía destrabarse el accidentado proceso gracias a cuatro fallos judiciales adoptados en las últimas horas respaldando su legalidad, un pleito inesperado vuelve a poner en tela de juicio la transparencia de la licitación. Esta vez por cuenta de los reclamos de la empresa Programar Televisión S.A., que cuestionan a uno de los socios de la única propuesta en consideración, a la firma Radio Televisión Interamericana (RTI).
El origen del litigio está centrado en la obligación que tienen los proponentes del tercer canal de renunciar a los espacios que hoy tienen en televisión en caso de salir favorecidos. RTI tenía 32 espacios en la parrilla de programación del Canal Uno, a los cuales renunció para cumplir con las exigencias de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). El problema es que en dichos espacios RTI estaba asociado con Programar, y hoy esta empresa sostiene que su junta directiva no autorizó renunciar a sus derechos.
Sobre el tema, el abogado del único proponente para el tercer canal, Weiner Ariza, públicamente expresó que “RTI prometió renunciar individual y conjuntamente con Programar desde hace dos años” y que esto fue reiterado en varias cartas. Además dejó entrever que la retractación de Programar le puede significar riesgos penales y civiles. La representante legal de Programar, Mery Janeth Gutiérrez, invocó el derecho al debido proceso y pidió a la CNTV suspender la licitación del tercer canal hasta que no se resuelva el caso.
Según consta en documento del 8 de agosto de 2003, para participar en una licitación que permitió a la CNTV la concesión de espacios en el Canal Uno, RTI y Programar constituyeron un acuerdo de unión temporal, en cuya duodécima cláusula quedó escrito que las obligaciones del pacto no podían ser cedidas sin autorización de la CNTV y las partes. Para una vigencia de 10 años, la unión resultó favorecida con 32 espacios en franjas infantil, familiar y adultos, y entró a operar en julio de 2004.
En uso de la concesión, RTI y Programar emplearon sus espacios, pero individualmente, con el curso de los años, cada firma eligió su destino. RTI se sumó a la sociedad Canal 3 Televisión de Colombia S.A. para participar en la licitación del tercer canal privado de televisión en la coloquialmente llamada propuesta del Grupo Planeta. A su vez, los dueños de Programar vendieron sus acciones a principios de 2010 y la firma fue adquirida por la cooperativa de trabajo asociado Promedios CTA.
En febrero de 2010, Programar le notificó a la CNTV su nueva composición accionaria, integrada por profesionales de la televisión que se asociaron tras la liquidación de Audiovisuales e Inravisión. Semanas después empezó el conflicto. Los nuevos dueños de Programar sostienen que desde que compraron existía la opción de que RTI, para seguir en su proyecto del tercer canal, cediera sus espacios en la unión temporal. Sin embargo, su entonces representante legal, Felipe Madriñán, asumió otro compromiso.
Según Mery Janeth Gutiérrez, de manera inconsulta, Felipe Madriñán firmó un documento donde la empresa aceptó renunciar a sus espacios en la Cadena Uno e incluso asumir los costos de esta decisión si a Canal 3 Televisión de Colombia S.A. (Propuesta de Planeta) se le otorgaba el tercer canal. Además, agregó Gutiérrez, no podía hacerlo porque según los estatutos de la empresa, si se trataba de renunciar a obligaciones que superaran 600 salarios mínimos legales vigentes, debía tener aprobación previa de la junta directiva.
Madriñán acepta que se equivocó, pero como después admitió que no estaba facultado para firmar el documento, dice que el papel que aparece fechado el 16 de junio, con el cual Canal 3 Televisión de Colombia S.A. ratificó ante la CNTV que Programar renunciaba a sus espacios, no lo firmó ese día. Por eso acudió a la Notaría 40 de Bogotá y dejó constancia de ese hecho. De paso, Programar le pidió a RTI retirar ese escrito y le solicitó a la CNTV que le dejara los espacios que hoy opera.
La CNTV, dentro de un cúmulo de documentos requeridos al único licitante para el tercer canal, le pidió aclarar todo el asunto de Programar y los compromisos de su ex representante legal Felipe Madriñán. Un Comité Asesor y Evaluador del organismo examinó los papeles y concluyó que no era necesaria la autorización de la junta directiva de Programar. En otras palabras, desestimó sus argumentos. El pasado 15 de julio, Programar solicitó a la CNTV la revocatoria directa de este informe evaluador.
El asunto se deberá saldar antes del 27 de julio, fecha prevista para la audiencia de adjudicación del tercer canal. Refiriéndose al caso, a instancias del periódico El Tiempo y recordando a Hamlet, el abogado Weiner Ariza expresó que “algo estaba podrido”. La actual representante legal de Programar, Mery Janeth Gutiérrez, replicó diciendo que no es interés de su empresa obstaculizar la entrega del tercer canal, pues incluso cree en su conveniencia, pero que en defensa de su patrimonio y el de sus socios ejercerá su defensa. Hasta el último día, la entrega del tercer canal deja peleas.
Advertencia: Comunican S.A., empresa editora de El Espectador, pertenece al mismo grupo de medios del que hace parte el canal privado Caracol TV.
Por Redacción Negocios
