De cara a las elecciones presidenciales de mayo, El Espectador, en alianza con la Red de Trabajo Fiscal, estará publicando una serie de análisis sobre qué piensan los candidatos en materia fiscal y qué tan acertadas, o no, son sus propuestas en este gran tema.
Vale la pena aclarar que la Red de Trabajo Fiscal es una alianza de nueve centros de pensamiento de varias instituciones (principalmente académicas), con expertos en los varios matices del panorama fiscal y tributario.
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El insumo base de estos análisis es un cuestionario de 24 preguntas que se les envió a todas las campañas que se disputan la presidencia. De los ocho candidatos, respondieron cinco: Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y John Milton Rodríguez.
Las siguientes son las respuestas de John Milton Rodríguez, divididas por unidades temáticas.
Gasto
1. Según la publicación, Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2020, el gasto del gobierno general colombiano es de 28,10 % del PIB, más bajo del promedio de América Latina que es de 31,19 % y muchísimo más bajo que los países de la OCDE que promedia el 40,33%. ¿cree usted que el gasto público debe reducirse o aumentarse? ¿Cuál cree que sería el nivel adecuado para Colombia?
No podemos incrementar más el gasto porque necesariamente habría que generar más impuestos a las personas y empresas, situación perjudicial para la reactivación. Nuestra meta es reducir la alta burocracia del Estado empezando por eliminar 8 altas consejerías de las 14 existentes, buscar reducir el Congreso de la República a la mitad por medio de un referendo ciudadano, revisar si son necesarios los más de 145 magistrados que tenemos entre las diferentes altas cortes incluyendo la JEP.
Vamos a garantizar que los impuestos de hoy se inviertan de la manera más eficiente. Nuestra propuesta se enfoca en que sin aumentar el nivel de gasto, seamos capaces de responder a la garantía de acceso a derechos contemplados en la Constitución Política. Para eso debemos suprimir organizaciones y dependencias del Estado que tienen funciones iguales o muy similares para centralizar las responsabilidades en una sola.
Igualmente, las modificaciones que proponemos a la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998 pretenden eliminar herramientas que facilitan la corrupción. Según cifras de la Contraloría General de la Nación ascienden a $50 billones anuales, correspondiendo a cerca del 14% del gasto del Gobierno. Enfrentar este flagelo debe ser una prioridad de todos los candidatos.
Con los ajustes de austeridad en la alta burocracia del Estado podremos aumentar el gasto de inversión social en educación, salud, pensiones, vías y acueductos.
2. Según cifras del DANE, 3,6 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020 a raíz de los impactos que trajo la pandemia, de las cuales 2,78 millones cayeron en pobreza extrema. Teniendo en cuenta este panorama: ¿Considera que los programas actuales de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas son suficientes en cuanto a su cobertura y magnitud para enfrentar la realidad actual? ¿haría modificaciones a los programas actuales como la devolución del IVA?
En nuestra visión de país, más que transferencias monetarias hay que brindar herramientas para crear nuevos y mejores ingresos, por ejemplo, con el emprendimiento y la revisión de los costos laborales en el empleo formal. Sin embargo, muchos de los colombianos necesitan de los apoyos del Gobierno para mantener un nivel de sobrevivencia.
Por eso, nuestra propuesta es mejorar la focalización de los programas de Ingreso Solidario o Familias en Acción y buscar unificarlos en uno solo. Según el Ministerio de Hacienda, con los costos bancarios por transferir subsidios a colombianos se podrían hacer 493.000 pagos de Ingreso Solidario.
Dentro de las modificaciones que haríamos estaría el programa del adulto mayor. Un poco más de 2 millones de nuestros adultos mayores no cuentan con ningún ingreso, y 1,6 millones reciben el subsidio de adulto mayor, pero este subsidio no es suficiente para atender los requerimientos mínimos de vida. En este sentido, nuestro compromiso es crear los Centros de Sabiduría para ofrecerles un pago a nuestros adultos mayores a cambio de su experiencia, dándoles oportunidad de tener un rol relevante dentro de los círculos de conocimiento que planteamos impulsar usando todas las herramientas físicas y digitales. Los adultos mayores que puedan hacer parte de los Centros de Sabiduría tendrán una contraprestación de medio salario mínimo mensuales ($500.000) y se iniciará la expansión del programa en la medida en que logremos reducciones de los subsidios a las altas pensiones que se hará con la reforma pensional.
En cuanto al programa de devolución del IVA se mantendrá como está actualmente. Sin embargo, en paralelo trabajaremos para mejorar el levantamiento de información real del consumo por medio de la facturación electrónica y otras estrategias que incorporen a las tiendas de barrio. Así mismo, en la medida en que se vea un mayor recaudo por gestión de la DIAN plantearemos la disminución de 3 puntos del IVA.
3. Teniendo en cuenta los resultados de la Misión de Empleo, en donde se muestra cómo el sistema actual de seguridad social y su financiamiento basado en las contribuciones de los trabajadores formales, distorsiona el mercado laboral generando informalidad, y es insuficiente para garantizar los derechos a la salud y pensión de la población, especialmente las poblaciones más vulnerables ¿modificaría la financiación de la seguridad social actual? si es así ¿cuál sería su propuesta de un nuevo esquema de financiación?
Queremos cambiar la concepción que tenemos de la informalidad y de la economía popular. Muchos de los colombianos que trabajan informalmente son potenciales emprendedores formales y deberíamos brindar las herramientas necesarias para mejorar esta condición. Dentro de las causas de esta informalidad están los altos costos laborales que desestimula a los empresarios a contratar formalmente, y, del lado del empleado que ganan salarios de menos del salario mínimo los lleva a preferir trabajos informales por la flexibilidad.
No se modificará la financiación de la seguridad social, pero sí los parafiscales como los pagos asociados a cajas de compensación. Igualmente se impulsarán campañas en el sector empresarial y la economía informal para dar a conocer el piso mínimo de protección social, que permite la cotización por menos del salario mínimo, lo cual ayudaría a ampliar la cobertura al sistema de seguridad social, podría ser muy útil para muchas personas que trabajan en el sector rural y aún no cotizan al sistema de seguridad social, y a su vez serviría para incentivar la contratación de más mujeres, y de más madres cabeza de familia que ven en la informalidad una salida por la flexibilidad de las jornadas.
4. Actualmente, no es posible para la ciudadanía hacerle seguimiento a los recursos públicos durante todas las etapas del ciclo presupuestal ni identificar su destino específico, peso por peso. ¿Cuál sería su propuesta para que los recursos del Presupuesto General de la Nación fuesen administrados con transparencia y se pueda identificar su uso durante todas las etapas del ciclo presupuestal? ¿Cómo evaluarían la gestión presupuestal y de qué manera la harían transparente para todos los colombianos?
Nuestro compromiso es gobernar con tres ejes para respetar la confianza que los colombianos depositan en nosotros y construir una nueva Colombia: Rendición de Cuentas, Ética e Integridad. Es claro que la base es la transparencia de la información y la actualización permanente de los avances de la gestión administrativa. Por eso, aseguraremos que la información de cada acción del Gobierno sea precisa, amplia y accesible impulsando una estrategia de difusión amplia para que no solamente el sector académico y veedurías hagan control, sino que cada colombiano sepa en que estamos invirtiendo sus impuestos.
Tenemos un proceso definido para garantizar la transparencia y fomentar la rendición de cuentas. Lo haremos por medio de un grupo de consejeros ciudadanos de todas las regiones y organizaciones de transparencia internacional para que puedan difundir en todo el territorio nacional de manera periódica el mensaje de la gestión que realiza el Gobierno.
Para las entidades del orden nacional, las rendiciones de cuentas serán semestrales y se continuará dando cumplimiento a la entrega de la información de ejecución presupuestal en formatos accesibles para su manejo y estudio. Los resultados de la gestión semestral se darán por medio de indicadores de cumplimiento según las metas presupuestales trazadas para cada año. Sin embargo, no solo evaluaremos la ejecución del dinero, sino que, se confrontará con el avance de los proyectos y programas para los que son destinados estos recursos. En este punto la detección por parte del grupo de consejeros ciudadanos y la ciudadanía en general juegan un papel relevante para activar las denuncias frente a posibles incumplimientos de entidades de gobierno para generar medidas disciplinarias de incentivos u otras. Hablamos de un compliance, o cumplimiento de lo público.
Recaudo tributario
5. Según el informe de Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe del 2021 publicado por la OCDE, la Cepal entre otros, Colombia recauda el 19,7 % de su PIB en impuestos, mientras el promedio de América Latina recauda el 22,9 % y el promedio de la OCDE recauda el 33,8 %. ¿cuál creería usted que debería ser el recaudo de un país de ingreso medio-alto como Colombia como porcentaje del PIB? ¿Durante su gobierno qué porcentaje se ha planteado como objetivo?
Nuestra meta es llegar cerca del promedio de América Latina del 21 % del PIB. Estamos hablando de alrededor de $210 billones por recaudo, es decir, aumentar en cerca 34 billones el recaudo. La estrategia es reforzar la modernización de la DIAN para que los $40 billones que se pierden al año por evasión y elusión fiscal y otros 5 billones por contrabando, se empiecen a recuperar por lo menos $7 billones por año.
Igualmente eliminaremos algunas de las exenciones tributarias que tienen tanto las personas como las empresas, pero lo más importante, dinamizaremos aún más nuestra economía con la apertura y búsqueda de nuevos mercados en el exterior diversificando nuestras producción y generando valor agregado a muchos de los commodities que actualmente exportamos como materia prima. Una economía sana y creciente por encima del 5 % se refleja en un mayor porcentaje de recaudo.
Progresividad
6. El informe de la comisión de expertos de beneficios tributarios que se entregó en el 2021 evidenció que las tarifas efectivas del 1 % de los contribuyentes más ricos de Colombia es bastante baja comparado con las tarifas de otros sectores de la sociedad. ¿cómo intentaría cambiar usted esta situación de injusticia tributaria? ¿En cuáles impuestos hará énfasis su política tributaria, en impuestos directos (renta, patrimonio) o en impuestos indirectos (IVA, consumo).
A la hora de pensar en reformas al estatuto tributario, es indispensable examinar todos los montos que se le restan al ingreso antes de gravar la renta a personas, porque allí es donde surgen las regresividades de este impuesto.
Adicionalmente, y tal como lo menciona el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la cédula de dividendos y participaciones y las exenciones que se apliquen en ella deben ser uno de los principales puntos de debate en una potencial reforma tributaria, pues la tasa efectiva de tributación está muy por debajo de renta de una persona por ingresos laborales. Así mismo, eliminar la posibilidad de autoavalúo de los bienes inmuebles para determinar costo fiscal del patrimonio.
En ese sentido, haríamos énfasis en aumentar el recaudo tributario a partir de las exenciones de renta que en la mayoría de los casos beneficia a las personas de más altos ingresos, teniendo en cuenta que el 98 % de los colombianos asalariados ganan menos de $3 millones según información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En cuanto a los impuestos indirectos que son regresivos (IVA y consumo), planteamos su reducción en la medida que el recaudo total mejore.
Cultura tributaria
7. Las últimas reformas tributarias han incluido múltiples normas antiabuso, anti evasión y anti elusión, pero al mismo tiempo han incorporado las denominadas “amnistías tributarias” (conciliaciones y terminaciones de mutuo acuerdo) e impuestos complementarios de normalización tributaria, ¿cómo ve ud esta contradicción? ¿cuál será su política frente a las “amnistías tributarias?
Nuestra posición es de no otorgar más concesiones de normalización tributaria. Premia innecesariamente a los evasores. Llevamos 6 años consecutivos con esta práctica lo cual genera un incentivo negativo en la economía y promueve la ilegalidad de los grandes capitales. Terminamos dándole un mal mensaje a las personas y empresas que sí le están cumpliendo al país.
8. En este momento para que la evasión tributaria se considere un delito, la defraudación debe ser mayor a 250 salarios mínimos. Algunos analistas consideran que este umbral puede ser demasiado alto y en algunos países como en Estados Unidos, no hay monto mínimo y toda evasión, del monto que sea, es considerada delito ¿Desde qué monto considera que la evasión fiscal debe ser un delito?
El tope de la evasión tributaria debería estar conectado a las condiciones que se deben cumplir para la declaración de renta, por encima del monto en que empieza a declararse renta y se evade debe considerarse delito. No podemos tener concesiones.
IVA
9. Actualmente el IVA cuenta con 3 tipos de regímenes distintos que se aplican a una gran variedad de bienes y servicios (exclusiones - 37,12 billones -, exenciones - 8,32 billones - y tarifas diferenciadas - 3,47 billones -); adicionalmente Colombia cuenta con un régimen especial para las Zonas Francas. Teniendo en cuenta lo anterior: ¿Modificaría la estructura actual del IVA? De ser así ¿cuál sería el nuevo régimen?
Siempre lo hemos dicho, los impuestos deben ser simples, equitativos y competitivos. Manejar distintas tarifas resulta inconveniente para la gestión de fiscalización. Entraremos a revisar las exenciones y tarifas diferenciadas para eliminar las que no afecten a los más vulnerables y que tampoco afecte la producción nacional. Sin embargo, preliminarmente hemos encontrado que dentro de las exenciones tenemos productos que se ha comprobado son de consumo habitual de las personas con mayores ingresos y que vienen importados en su gran mayoría. Por eso, este tipo de exenciones y tarifas diferenciadas deben ser revisadas y eliminadas.
Impuesto a la renta persona naturales
10. Actualmente, Colombia recibe por cuenta del impuesto a la renta de personas naturales el 1,2 % de su Producto Interno Bruto, en comparación al 2,3 % que representan los ingresos de este tipo en los países de ALC y del 8,3 % en los miembros de la OCDE . Esto obliga a una profunda reflexión sobre el papel que tiene este impuesto en nuestro sistema tributario. Considerando este panorama: ¿Cuáles cambios propone en el impuesto sobre la renta de personas naturales residentes? Por favor, exponga sus consideraciones detalladas sobre los diversos tipos de ingresos (ingresos laborales, no laborales, no constitutivos de renta, capitales) , tarifas, bases gravables, exenciones, regímenes especiales, etc.
Lo primero que vamos a hacer es evaluar los beneficios tributarios que existen hoy para validar su fundamento constitucional. Sin embargo, de entrada consideramos que la revisión de las tasas efectivas de tributación es clave para que sean equitativas y progresivas. Igualmente, las exenciones que se mantengan deberán tener relación directa con la cédula.
Tanto para personas como para empresas se mantendrá una renta exenta general del 25 % del ingreso neto.
Tributación corporativa
11. Actualmente Colombia recibe por cuenta del impuesto a la renta de personas jurídicas el 5 % del PIB, en comparación al 3 % que representan los ingresos de este tipo en los países miembros de la OCDE. Adicionalmente, la actual tarifa nominal del 35% es una de las más altas del grupo OCDE y de América Latina. ¿Modificaría la actual tarifa nominal de impuesto a la renta de empresas (35 %)? ¿Está de acuerdo con establecer una tarifa de renta diferenciada?
Es claro que el impuesto de renta a personas jurídicas debe disminuir porque estamos ahogando nuestro aparato productivo, e impidiendo la generación de empleo. Creemos en las tarifas de renta diferenciadas dependiendo el tamaño e ingreso de la empresa. Actualmente, Los beneficios tributarios en la práctica, terminan beneficiando más a las empresas más grandes que pueden aprovechar los beneficios tributarios dejando tasas efectivas de tributación por debajo de empresas medianas y pequeñas. Nuestra meta es la reducción del impuesto a grandes empresas al 30%, para medianas del 24% y para micro
y pequeñas impulsar el sistema SIMPLE que permite tasas tributarias mucho más bajas, eso sí, tramitando el ajuste para que las empresas tributen sobre el valor neto y no sobre el valor bruto. Buscaremos que el régimen simple de tributación se amplíe hasta las 200.000 UVTs.
12. La comisión de Expertos de Beneficios Tributarios precisó que el tratamiento preferencial de las Zonas Francas, pese a ser mal utilizado, se justifica dada la poca competitividad del sistema estándar del impuesto sobre la renta corporativo por lo que recomiendan eliminarlo a largo plazo y corregir el tratamiento especialmente en materia de IVA. Pese a lo anterior, algunos afirman que las Zonas Francas son una fuente de inversión y de producción de empleo y el gobierno las ha fortalecido. Frente a esta situación: ¿Modificaría el régimen especial de Zonas Francas?
Entraremos a revisar los beneficios que existen para empresas unipersonales que se establecen en zonas francas para validar que no sean un mecanismo de elusión fiscal. Igualmente sí debemos revisar el pago de IVA en estas zonas especiales de insumos y otro tipo de bienes que no estén asociados a la actividad productiva de la organización. Mantendremos las condiciones actuales para aranceles.
Beneficios tributarios
13. ¿Eliminaría algunos de los beneficios tributarios existentes actualmente en el Estatuto Tributario? ¿Cuál sería el criterio utilizado para esta depuración? ¿Contemplaría establecer un proceso de aprobación y evaluación sistemático de beneficios tributarios a futuro como lo sugirió la comisión de expertos de beneficios tributarios?
Como se mencionó en una pregunta anterior el primer paso será evaluar los beneficios tributarios que existen hoy para validar su fundamento constitucional, es decir, que ayuden en que se cumplan los criterios de equidad, eficiencia y progresividad. Así mismo, que dichos beneficios ayuden a mejorar alguna actividad productiva que necesite impulso para su reactivación o que promueva prácticas deseables en la sociedad.
Estamos de acuerdo con una evaluación periódica de estos beneficios considerando las cambiantes dinámicas de la economía.
Impuesto al patrimonio
14. ¿Estaría de acuerdo en revivir el Impuesto al patrimonio para personas naturales? Si es así ¿cambiaría la base gravable, umbral de tributación y tarifa? ¿Contemplaría un impuesto al patrimonio para las personas jurídicas?
No, nuestro compromiso es mantener el ingreso de las personas sin más impuestos. No impulsaremos un impuesto a personas jurídicas teniendo en cuenta que desincentiva la actualización tecnológica y genera retrasos en la productividad.
Impuestos Territoriales
15. Las reformas tributarias recientes se han inclinado por aumentar el recaudo tributario nacional, pero han desatendido el mandato constitucional de fortalecer la descentralización y autonomía de las entidades territoriales pese a la asignación y asunción de competencias por parte de los Municipios y Departamentos. Para el año 2017, los ingresos tributarios territoriales representaron el 11,3 % del total de ingresos tributarios en el país. En este contexto: ¿Qué aspectos consideran ustedes urgente de tratar en materia de la tributación territorial? ¿Estarían dispuestos a propender por una reforma del ICA y del Impuesto Predial? ¿Cómo sería esta reforma?
Dentro del punto central estaría la modificar el ICA para que sea cobrado sobre utilidades y no sobre ingresos de las empresas. Es decir, cambiarlo a un impuesto municipal a utilidades. Actualmente su diseño es deficiente y no tiene en cuenta las pérdidas que sufren las empresas en un año determinado. En el corto plazo no se haría una reforma al impuesto predial.
16. Colombia lleva más de 100 años tratando de actualizar su catastro con el fin de tener una mejor información sobre la tenencia y uso de la tierra en el país, de tal forma que se pueda, entre otras cosas, mejorar la eficiencia y eficacia de la tributación de la tierra en Colombia, sin embargo, los avances han sido muy limitados. ¿Cuál es su propuesta frente a la implementación del catastro multipropósito? ¿Cómo lo financiará?
Según información de la directora del IGAC, la Dra. Ana María Aljure, el avance que se ha dado en el catastro multipropósito es relevante. Estamos hablando de un avance de mas del 25 % en el catastro rural del total. Sabemos las dificultades tecnológicas, geográficas y de seguridad que tenemos como nación para dar cumplimiento entre otras a la verdadera paz, la cual se da entregándole herramientas y un suelo productivo en el cual puedan trabajar las miles de víctimas del conflicto armado. Por eso buscaremos mayor apoyo de financiación internacional para obtener los casi 50 billones de pesos que hacen falta para cumplir con la reforma rural, articulando un mayor porcentaje de tecnología en el desarrollo de este proceso. El catastro multipropósito no da espera y su implementación debe ser un compromiso del próximo Gobierno.
Impuestos a “males” públicos
17. ¿Cuál es su posición frente a los impuestos saludables? ¿Adoptaría un impuesto a las bebidas azucaradas en su gobierno? ¿Reformaría los impuestos actuales al tabaco, cerveza y licores?
No podemos poner impuestos que impacten nuestra industria nacional. El sector de la caña es la cuarta agroindustria que nos genera divisas, luego del café las flores y el banano. Por eso, apoyaremos campañas como “Azúcar con Balance” y plantearemos el requisito de programas educativos y culturales a todas las empresas de alimentos para que el consumo sea consiente.
Estamos de acuerdo con la gestión realizada para lograr el etiquetado de los productos, por eso propenderemos su cumplimiento para un consumo informado.
Mantendremos los impuestos actuales al tabaco, cerveza y licores
18. ¿Cuáles son sus propuestas de tributación verde en el país? ¿reformaría el actual impuesto al carbono? ¿contemplaría el uso de otros impuestos para mitigar impactos nocivos para el medio ambiente?
En Colombia tenemos margen para impuestos verdes. En nuestro país representan 0,61 % del PIB mientras que en Chile 1,34% del PIB. Sin embargo, debemos tener especial cuidado frente a qué tipo de impuestos se implementan ya que pueden tener efectos
colaterales sobre el costo de vida de los colombianos. Por ejemplo, como se menciona, el carbón debería mantenerse con la regulación actual, ya que como se estaba planteando en la reforma tributaria fallida del Gobierno actual podría generar un sobrecosto importante en el valor de la energía.
Nos comprometemos con el impuesto al uso de plástico de un solo uso que no se pueda reciclar y reutilizar, el cual permitiríamos que no se cause si se presenta certificado de economía circular. Las campañas de cultura serán esenciales en nuestro gobierno para establecer bueno hábitos de reutilización y reciclaje.
Igualmente, fortaleceremos las herramientas de la DIAN para que la recaudación del impuesto al carbono sea efectiva, ya que se estima que se dejan de percibir 165 mil millones de pesos en este impuesto.
Endeudamiento
19. La ley de inversión social creó una nueva regla fiscal para el país ¿piensa usted mantener esta regla fiscal o piensa modificarla de alguna manera?
La mantendremos porque genera tranquilidad a los mercados y permite de manera responsable volver a disminuir el porcentaje de endeudamiento con una metas progresivas y atadas al crecimiento económico.
Transparencia tributaria
20. En Colombia actualmente la información sobre datos tributarios está protegida por la reserva tributaria. Esto es comprensible teniendo en cuenta el deber del Estado de proteger el derecho a la intimidad de sus ciudadanos. No obstante, la información de declaraciones de renta también representa información de interés público y una gran herramienta de transparencia, pues con esta información se puede estudiar de mejor manera múltiples aspectos del sistema tributario. Para aliviar esta tensión entre estos derechos, se ha propuesto que se facilite la información sobre declaraciones de renta de manera anonimizada como se ha hecho en varios países de la región, como México, Argentina o Costa Rica. No obstante, la DIAN continúa negando esta información anonimizada argumentando que entregarla violaría la reserva tributaria. ¿Se comprometería en apoyar la publicación o entrega por petición de datos anonimizados de declaraciones de renta?
La transparencia de la información y de la gestión debe ser el pilar principal de cualquier Gobierno para combatir la corrupción. Por esa razón, revisaremos el recurso legal para no violar la reserva tributaria y permitir que se entregue información anonimizadas de declaraciones de renta.
21. ¿Cómo mejoraría la información pública, hoy tan opaca, relacionada con el costo fiscal, efectos distributivos y beneficiarios de los tratamientos tributarios preferenciales existentes en el sistema tributario?
Debemos fortalecer la transparencia por medio del uso de herramientas virtuales y la publicación oportuna, accesible y manejable por parte de las entidades responsables, en este caso, la DIAN. Así mismo, responsabilizaremos a cada organización de hacer campañas de divulgación amplias para que los ciudadanos, veedurías ciudadanas y entidades de control puedan realizar el respectivo seguimiento. Insistimos la rendición de
cuentas, la ética y la integridad de todo el equipo de gobierno serán nuestro pilar para darle el poder a los que realmente lo tienen, la ciudadanía.
Tributación Internacional
22. En los últimos años, en el escenario internacional se han venido desarrollando cambios significativos en cuanto a las normas de tributación de las empresas multinacionales. Este proceso lo ha liderado la OCDE junto al G20 en el denominado “Inclusive Framework”. En este modelo, el Pilar I se ha centrado en la forma de distribución de las ganancias de estas compañías entre los países en los que desarrollan actividades económicas, mientras que el Pilar II del modelo se ha concentrado en la adopción de un tributo corporativo global y una tarifa efectiva mínima para desincentivar el uso de guaridas fiscales. Si bien esto representa un avance en materia de justicia tributaria global, organizaciones como Tax Justice Network e ICRICT han señalado que las reformas contempladas en el Inclusive Framework son poco ambiciosas y favorecen principalmente a los países del Norte Global, todos miembros de la OCDE y el G20. Todo esto aunado a que el modelo de los convenios de doble imposición de la OCDE, por motivos históricos y políticos, se ha inclinado en favorecer los intereses tributarios de estos Estados. Teniendo en cuenta el panorama internacional: ¿Estaría de acuerdo en extender estas negociaciones internacionales (tarifa mínima global, acuerdos de doble tributación y tratados bilaterales de inversión) para mejorar la posición de países del sur global? ¿Creen que Colombia y el bloque latinoamericano podrían jugar un rol importante en la negociación de dicho acuerdo?
La obligación de intercambiar información ya existe. Colombia aprobó en 2013 la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Ahora debemos hacerla cumplir.
Colombia está cumpliendo con el estándar de intercambio de información. Sin embargo, según la CEPAL, países vecinos como Argentina, Barbados, Bahamas Brasil, El Salvador, República Dominicana y Panamá lo están haciendo parcialmente. Necesitamos fortalecer las relaciones y el intercambio con estos países. Sólo si logramos unión Latinoamérica puede jugar un rol importante en materia de mejora de evasión y elusión fiscal.
Colombia y otros países han establecido convenios contra la doble imposición, por regla general, promueven condiciones óptimas fiscales para relaciones comerciales. Sin embargo, lo que se ha observado es que hay ciudadanos, colombianos y extranjeros, que abusan de ellos para no pagar impuestos en nuestro país. Lo que procede es: (i) si ya existe, aplicar las cláusulas antiabusos de los tratados; (ii) incluir la cláusula en los tratados que suscriba Colombia; y (iii) darle herramientas a la DIAN para que identifique y sancione a los contribuyentes abusivos.
23. ¿Apoyaría una propuesta para prohibir que funcionarios públicos tengan empresas y cuentas en guaridas fiscales?
Sí, la actividad pública debe ser transparente. Todo funcionario público debe tener claro que estamos acá por y para Colombia. Contribuir desde cada uno de nuestros cargos debe atender a un propósito mayor y es el bienestar de los colombianos, por eso no es concebible que hayan funcionarios que piensen en enriquecerse a costa de los recursos de la nación. Insistimos en el compromiso de compliance por Colombia.
24. ¿Establecerá un criterio para identificar países o territorios con una alta opacidad financiera?
Sí, trabajaremos de manera articulada todas entidades nacionales que tienen ámbito fiscal para de manera técnica establecer el criterio y adoptar medidas para prevenir la evasión y la elusión fiscal.
Este cuestionario hace parte de la alianza sobre elecciones y temas fiscales que estableció El Espectador con la Red de Trabajo Fiscal. Los contenidos informativos de esta alianza los puede consultar aquí.
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