¿Qué necesita el campo? ¿Cuáles son las necesidades principales de los habitantes rurales? Son preguntas para las que tienen algunas ideas tanto los expertos como diversos gobiernos a lo largo de la historia. Pero pocas veces son escuchados quienes deben su sustento a los alimentos que produce la tierra.
En el actual contexto de una reforma agraria son muchos los ejes de discusión en torno a la calidad de vida en la ruralidad y la economía de los cultivos, más aun cuando el país intenta (por enésima vez) una transformación productiva en la que el campo tiene un lugar central.
Por eso resulta especialmente importante escuchar, desde el campo, cuáles son las ideas y prioridades para lograr estas agendas. “En principio, la propuesta de hacer una reforma agraria es lo que buscamos las organizaciones desde hace tiempo. Nos queda esperar que se abran los suficientes escenarios de discusión, porque 100 días no alcanzan, y que la participación sea real para que nuestro aporte sea incluido”, dice Arnobis Zapata, representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).
Lea también: Reforma agraria: ¿cómo distribuir equitativamente la tierra en Colombia?
Y añade que la última ley que buscaba reformar el agro (la 160 de 1994) “no fue dirigida a los sectores más vulnerables de la zona rural y la situación quedó igual: la tierra y producción agropecuaria en manos de unos pocos que no garantizan que el campesinado pueda acceder a los recursos”.
El centro: madre tierra
No es una sorpresa lo que para los campesinos es el eje fundamental que debe tener la reforma porque ha sido, justamente, la madre de la mayoría de los conflictos de Colombia. Se trata de la tierra y el sueño de ser dueños de lo que siembran y cosechan.
“La mayoría de los campesinos somos cultivadores o arrendatarios que no tenemos la propiedad o que sí tenemos la tierra, pero no seguridad sobre ella. Espero que la reforma legitime los lotes que tenemos y garantice los proyectos productivos”, expresa Genaro Graciano, campesino de la zona rural de Ituango, Antioquia.
Esto implica ir más allá de la propiedad de los predios en los que laboran, pues habla también de la importancia de cómo explotarla para que sea rentable.
Le puede interesar: “Queremos una reforma agraria pacífica”: Petro en Convención Nacional Campesina
Fidelia Tobón, caficultora de Montebello (Antioquia), coincide con este punto, pero se centra en la inversión. Ella espera que esta se pueda hacer “sin quedar endeudados de por vida. Que nos formalicen las tierras; hay mucha gente que es dueña de pedacitos con contrato. Que los grandes empresarios de la ciudad no sean los dueños de la tierra sino nosotros, los que trabajamos para ellos”.
En justicia, y un poco a grandes rasgos, la propuesta de reforma agraria del Gobierno tiene dos componentes: la entrega de títulos de propiedad y la compra de tierras.
Para el primer factor, Zapata dice que los procesos de formalización se quedan enredados en la institucionalidad y que centrarán sus propuestas en buscar la efectividad en dicho asunto. Mientras que le da el visto bueno desde la Anzorc al segundo factor.
Por otra parte, para Norlando Díaz, miembro de la junta directiva del Coordinador Nacional Agrario (CNA), la meta es insuficiente en cuanto a la compra de tierras. Los tres millones de hectáreas de los que habla el punto uno del Acuerdo de Paz “pueden tener un alcance positivo, pero no es suficiente. Ese no tiene que ser el techo de la reforma agraria, deben ser 10 millones de hectáreas para que el campesinado pueda acceder al uso, la tenencia y propiedad de tierra. Somos 14 millones de campesinos en el país y por eso pensamos que no se va a lograr el cambio con solo tres millones de hectáreas”, que es lo que ha dispuesto el Gobierno, aunque el compromiso para su cuatrienio es de un millón y medio de hectáreas.
Le puede interesar: El problema agrario visto con enfoque territorial
Además, a Zapata le inquieta que las “tierras que se compren hayan sido expropiadas por parte de los actuales dueños. El Gobierno ha dicho que solamente van a comprar tierras que ya estén saneadas, pero con todo el terror que se vive en Colombia, por la guerra, hay muchas tierras que ni siquiera han sido demandadas ni han tenido ningún proceso jurídico. Lo más seguro es que cuando las cosas empiecen a cambiar un poco eso se preste para que mucha gente se anime a interponer algún tipo de recurso frente a los despojos”.
Otra preocupación que surge a raíz de este tema es que, si se adjudica una tierra en otro departamento, los campesinos e indígenas no se queden allí “y regresen a sus zonas de origen, porque la cultura y la forma de producir es distinta. Eso ya ha sucedido; por ejemplo en el Cauca hay comunidades campesinas a las que les han adjudicado tierras, ni siquiera fuera del departamento sino fuera de su municipio, y al sentirse excluidos o extraños las abandonan”, expresa Leandro Campo, campesino de Cajibío, Cauca.
Sembrar la tierra para recoger el fruto
También es de interés de los campesinos, y se relaciona con lo anterior, el tema de los insumos agropecuarios. Tobón dice que eso es, justamente, lo que más la ha golpeado como caficultora. “Utilizar la tierra nos ha dado muy duro por estos climas. Se necesita cada día más de esos insumos y están más costosos, se vuelven muy poco asequibles para nosotros”, afirma.
Este asunto también ha sido identificado por el gobierno Petro. El Ministerio de Agricultura creó el Fondo de Acceso a Insumos, en el que destinó $80.000 millones para reembolsar hasta el 20 % de las compras de estos productos para el agro o alimento concentrado para animales.
Esta iniciativa, asegura Campo, la “miramos con positivismo en este momento en que están tan sumamente costosos. La reforma nos podría brindar la facilidad de que esos insumos empiecen a bajar, teniendo en cuenta la reactivación de Monómeros y todo lo que trae consigo”.
Para los campesinos genera muchas expectativas lo que vaya a suceder con esta empresa de fertilizantes, por los anuncios que hizo Gustavo Petro sobre su reactivación y la intención de que la compañía binacional sea controlada por el gobierno venezolano. Aunque Monómeros se encuentra en una disputa legal por dicha situación, esto hace que sea incierto el desenlace y ciertamente opaca el proceso.
Entre tanto, el alza de los insumos permanece. Los productos empleados en las actividades de agricultura, ganadería y pesca se encarecieron en un 27,23 % entre enero y octubre de este año, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Y en el último año (entre octubre de 2021 y 2022) el incremento ha sido casi del 40 %.
Llegar al campo
Finalmente, los campesinos piden que la reforma “vaya más allá de la repartición de tierras. Tiene que ser una transformación estructural de las condiciones de vida tanto en el campo como en la ciudad. Los bienes de uso colectivo deben cambiar su funcionamiento actual (salud, educación, transporte, medios de comunicación, vivienda, vías, etc.). Y esos cambios deben ser en todos los aspectos de la sociedad, para que dejemos de ser tan desiguales”, pide Díaz.
Si bien todos los servicios son necesarios para los habitantes rurales, ellos enfatizan en la urgencia de que haya infraestructura vial (vías terciarias) que permita el paso de los insumos del agro y los frutos de las cosechas. Especialmente porque en los largos períodos de lluvias hay deslizamientos e inundaciones que obstruyen los caminos e impiden la circulación de los productos.
Aunque los trabajadores del campo ven con esperanza la reforma agraria, pese a que han escuchado ese término y las promesas de cambio durante años, no todos son optimistas.
“Este Gobierno no va a realizar ninguna reforma, solamente va a hacer unas modificaciones para cumplir el acuerdo de La Habana y complacer a los terratenientes que se han apropiado de las tierras”, proyecta Díaz. Y agrega que “son muchos años de exclusión y quienes tienen el poder son las élites que siempre han gobernado y no van a permitir las transformaciones, por mucho que el gobierno Petro lo plantee”.
Tal desesperanza en el porvenir del agro no es generalizada, pues también hay quienes consideran que “hay muchas inquietudes frente a la reforma y necesitamos participación, que seamos escuchados. Me parece que, hasta ahora, vamos por buen camino”, puntualiza Graciano.