La vulnerabilidad del sector eléctrico

El funesto anuncio dado por el Gobierno esta semana, de un irremediable aumento en las tarifas del servicio de energía en el país -$439 durante 36 meses para los estratos bajos, mientras que los altos pagarán un excedente de casi $3.000 durante el mismo período- suscitó un profundo debate en torno al funcionamiento del sector, pero sobre todo al papel de los usuarios en esa coyuntura: el ahorro que vía factura cada colombiano pagó en los últimos nueve años y que se acerca a los US$15 billones, no alcanzó.

Esa industria, después del apagón de los años 90, que dejó pérdidas a la economía nacional superiores al ahorro que hicieron los colombianos con el cargo por confiabilidad hasta este año, se replanteó con una máxima que fue no permitir que Colombia se volviera a apagar. Consigna que aunque actualmente se mantiene, el fenómeno de El Niño planteó un gran interrogante: a qué precio el sector le va a garantizar ese compromiso al país. Esta semana, desde los consumidores domésticos hasta los industriales, dejaron claro que ni una vez más los colombianos se van a tener que meter la mano al dril para responder por las ineficiencias de la regulación.

La dinámica es más o menos la siguiente: el sector eléctrico cuenta con una capacidad instalada de 15.489 MW. En condiciones de hidrología óptimas, es decir, con lluvias, las generadoras con agua, que completan el 70% de la bolsa total de energía, son suficientes para satisfacer la demanda. Sin embargo, en épocas de sequía como la actual, que se podría prolongar hasta abril de 2016, es necesario que entre el respaldo de las térmicas, que pueden generar con gas o con combustibles, pero que en el último caso implica mayores costos.

Lo que está pasando con el sector eléctrico es consecuencia de una serie de hechos que se fueron presentando paulatinamente y que, aunque actualmente hay señales de los reguladores y autoridades para solucionarlos, los planteamientos a la luz de la polémica actual resultan tardíos. Uno de ellos fue el declive natural de los campos de gas de La Guajira, productora de un poco más de dos terceras partes del hidrocarburo del país. Esta limitación de acceso al recurso obligó a que las térmicas empezaran a generar con fuel oil.

“En 2006, las empresas fueron inducidas por el regulador (la Comisión de Regulación de Energía y Gas) a realizar inversiones para la construcción de facilidades que les permitieran alternativamente operar con combustibles líquidos por la ausencia de contratos de suministro y transporte de gas natural”, explicó el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda.

Aunque el ministro de Minas se comprometió esta semana a aumentar la oferta de gas para el parque térmico, la posibilidad real de que el suministro para estos generadores cubra su demanda es bastante remota, pues si bien las importaciones de gas de Venezuela empezarán en enero y la comercialización del gas de los campos de Córdoba y Sucre iniciará en diciembre, lo que necesitan las nueve plantas que operan en el país son 400 millones de pies cúbicos.

El otro problema es netamente regulatorio y tiene que ver con el precio de escasez -esto es básicamente una tarifa máxima que se le paga al generador por cada kilovatio producido-. Sin embargo, la fórmula está calculada por un combustible mucho más barato al utilizado por las generadoras térmicas y tampoco reconoce otros costos variables. Como resultado, estas empresas quedan con un déficit que es precisamente lo que en los próximos 36 meses tendrán que asumir los usuarios y el Gobierno ($1,1 billones), mientras que las térmicas asumirán $2,2 billones. Entonces, señor lector, también está pagando las fallas de la regulación del sistema.

“Usted tiene un precio de escasez que es a lo que se vende la energía generada ($302 por kilovatio), mientras que el precio por kilovatio generado con líquidos, dependiendo de la planta, puede llegar a $600 o más, entonces hay una pérdida real. Claro que había un pago anterior de cargo (por confiabilidad), pero en todo el sector se están dando dificultades financieras”, dijo González.

El cargo por confiabilidad, esquema de remuneración que los colombianos conocieron en las últimas semanas, y que ha sido un cobro incluido en la factura de la luz en los últimos nueve años, es el que más incomodidad ha generado. Aunque filosóficamente haya sido “vendido” como el seguro “contra el apagón”, su significado ha mutado conforme los reclamos de los consumidores se agudizan.

“Claro que este cargo sirvió. Cada año ha garantizado la confiabilidad del sistema. Todas las empresas que lo reciben lo han gastado en lo que se debe gastar, que es en operar las plantas, en la nómina y en el mantenimiento, que es costosísimo. Lo que demuestra esto es que hoy las plantas están full generación, ¿o es que algún colombiano ha visto que se apagó el país? ”, manifestó la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Ángela Montoya Holguín.

Aunque sin la existencia de este “impuesto” el fenómeno de El Niño tendría a Colombia a oscuras y que los argumentos técnicos hayan tratado de ocupar el discurso, el cargo por confiabilidad amerita una revisión, o por lo menos una configuración que garantice que los recursos que pagan los consumidores sean destinados específicamente para garantizar su servicio que, aunque lo siguen recibiendo, como dicen los generadores, implicó un pago adicional. Más aún si se tiene en cuenta que después de 1994 la decisión regulatoria fue privatizar la generación de energía y someterla a procesos competitivos.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, José Arturo Quirós, “el aumento de tarifas en este momento no era esperado por nadie. Simplemente el modelo del cargo por confiabilidad no funcionó, porque se basó en una incertidumbre en el suministro y el precio del gas natural”.

La legitimidad del sector eléctrico, uno de los más respetados por los inversionistas extranjeros, depende ahora de dos factores: una regulación que garantice la viabilidad de las empresas, pero también de que los consumidores, sobre todo los residenciales, entiendan las medidas del Gobierno, y que éste les garantice que cada crisis no va a implicar un peso menos en sus bolsillos y un recargo en las facturas.