Lanzan línea de crédito para prestadoras de servicios públicos domiciliarios
Será una línea de crédito de redescuento por $200.000 millones enfocada en los sectores de acueducto, alcantarillado y saneamiento.
Este lunes, la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito de redescuento para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y saneamiento o aseo.
La línea se denomina Compromiso PSPD Agua y con ella se busca garantizar la prestación de servicios a los estratos 3 y 4, como también a los sectores de industria y comercio.
En concreto, disponen de $200.000 millones que podrán ser usados por prestadores de todo el país para atender problemas de solvencia operativa derivados de la emergencia ocasionada por el COVID-19.
La tasa de interés para los créditos será de IBR 1M + 0 % M.V. con plazos de hasta 24 meses, incluidos hasta 3 meses de periodo de gracia a capital.
La empresas interesadas podrán solicitar los créditos directamente en los bancos u otros intermediarios financieros con los que realizan sus operaciones de crédito. Además, deberán contar con el Certificado de Potencial Beneficiario (CPB), que debe expedir el Ministerio de Vivienda. La cartera también determinará el monto máximo del crédito por empresa.
Los desembolsos estarán sujetos al estudio y aprobación del crédito por parte de los intermediarios financieros y la disponibilidad de recursos de la línea, indicó Findeter.
“El compromiso del Gobierno Nacional es irrestricto con todos los sectores de la economía y poder garantizar la prestación de los servicios sin contratiempos a los estratos 3 y 4 es fundamental, además de ser el complemento al trabajo realizado con los estratos 1 y 2. Nuestra prioridad en medio de la pandemia ha sido garantizar que los servicios públicos esenciales continúen su normal funcionamiento”, expresó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, a través de un comunicado.
Estos recursos son diferentes a los ofrecidos por Findeter a través de su primera línea de crédito directo, lanzada el 29 de abril del presente año, y con la que se busca garantizar la prestación de servicios públicos en los estratos 1 y 2 del país, ofreciendo un alivio al flujo de caja de las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, energía eléctrica y gas combustible por redes.
Esta línea de crédito hace parte del paquete de herramientas de financiación que la Banca de Desarrollo Territorial ha implementado durante la contingencia y que suman recursos por $3,5 billones.
Cabe recordar que a finales de julio la Corte Constitucional tumbó un decreto con el que el Gobierno pretendía crear los mecanismos para que municipios y distritos pudieran subsidiar de manera total o parcial los servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado en estratos 1, 2 y 3.
Lea también: El ‘mea culpa’ del Gobierno por los decretos que tumbó la Corte Constitucional
El alto tribunal tumbó la norma al constatar que no contaba con las firmas de Fernando Ruiz y Mabel Torres, los ministros de Salud y de Ciencia, respectivamente.
En ese entonces, Malagón aseguró que el Gobierno buscaría un mecanismo legislativo para establecer nuevos parámetros de subsidios para estratos 1,2 y 3, sugiriendo la creación de mecanismos que les permitan a las compañías garantizar dichos alivios.
Este lunes, la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) anunció el lanzamiento de una nueva línea de crédito de redescuento para empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y saneamiento o aseo.
La línea se denomina Compromiso PSPD Agua y con ella se busca garantizar la prestación de servicios a los estratos 3 y 4, como también a los sectores de industria y comercio.
En concreto, disponen de $200.000 millones que podrán ser usados por prestadores de todo el país para atender problemas de solvencia operativa derivados de la emergencia ocasionada por el COVID-19.
La tasa de interés para los créditos será de IBR 1M + 0 % M.V. con plazos de hasta 24 meses, incluidos hasta 3 meses de periodo de gracia a capital.
La empresas interesadas podrán solicitar los créditos directamente en los bancos u otros intermediarios financieros con los que realizan sus operaciones de crédito. Además, deberán contar con el Certificado de Potencial Beneficiario (CPB), que debe expedir el Ministerio de Vivienda. La cartera también determinará el monto máximo del crédito por empresa.
Los desembolsos estarán sujetos al estudio y aprobación del crédito por parte de los intermediarios financieros y la disponibilidad de recursos de la línea, indicó Findeter.
“El compromiso del Gobierno Nacional es irrestricto con todos los sectores de la economía y poder garantizar la prestación de los servicios sin contratiempos a los estratos 3 y 4 es fundamental, además de ser el complemento al trabajo realizado con los estratos 1 y 2. Nuestra prioridad en medio de la pandemia ha sido garantizar que los servicios públicos esenciales continúen su normal funcionamiento”, expresó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, a través de un comunicado.
Estos recursos son diferentes a los ofrecidos por Findeter a través de su primera línea de crédito directo, lanzada el 29 de abril del presente año, y con la que se busca garantizar la prestación de servicios públicos en los estratos 1 y 2 del país, ofreciendo un alivio al flujo de caja de las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, energía eléctrica y gas combustible por redes.
Esta línea de crédito hace parte del paquete de herramientas de financiación que la Banca de Desarrollo Territorial ha implementado durante la contingencia y que suman recursos por $3,5 billones.
Cabe recordar que a finales de julio la Corte Constitucional tumbó un decreto con el que el Gobierno pretendía crear los mecanismos para que municipios y distritos pudieran subsidiar de manera total o parcial los servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado en estratos 1, 2 y 3.
Lea también: El ‘mea culpa’ del Gobierno por los decretos que tumbó la Corte Constitucional
El alto tribunal tumbó la norma al constatar que no contaba con las firmas de Fernando Ruiz y Mabel Torres, los ministros de Salud y de Ciencia, respectivamente.
En ese entonces, Malagón aseguró que el Gobierno buscaría un mecanismo legislativo para establecer nuevos parámetros de subsidios para estratos 1,2 y 3, sugiriendo la creación de mecanismos que les permitan a las compañías garantizar dichos alivios.