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Transición energética es una de las palabras de moda en el ámbito de las políticas públicas. Claro, más que un asunto con popularidad, es una necesidad de cara a un futuro sostenible y, de paso, que sea posible.
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La ciencia detrás del cambio climático está clara y el mensaje lo es también: o se descarbonizar la economía o no habrá mucho más planeta para seguir hablando de cualquier economía.
Una transición hacia una economía sostenible implica un rediseño del pacto social en cada país y en todos los renglones. Para la muestra, un ejemplo. Los cambios bruscos en las condiciones climáticas son una amenaza directa a los sistemas productivos, si estos no se adaptan. Un estudio de 2014 hecho por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) daba cuenta de que, entre 2011 y 2100, “en promedio habría pérdidas anuales del PIB del 0,49 %”. Por sectores, dice el documento del DNP, el mayor perjudicado es el agrícola, con una baja de 7,4 % en “los rendimientos agrícolas para maíz tecnificado, arroz irrigado y papa”.
Las amenazas no sólo se ubican en renglones como la producción (y por ende el consumo), sino también para asuntos como la infraestructura: con aumentos en lluvias se ponen en riesgo vías terciarias (una de las grandes deudas sociales y económicas del país) e incluso la conectividad mediante la red de autopistas 4G.
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Los retos pendientes de Colombia, de cara a una adaptación económica al cambio climático son variados y abarcan la diversificación de la producción, así como la mentada transición energética.
Bajo la óptica del Conpes de reactivación económica, el crecimiento limpio y sostenible es uno de los cuatro pilares de la recuperación luego de la crisis inducida por la pandemia se centrará. En concreto, se apoyarán 32 proyectos en esta línea y se espera que, para 2022 haya 1.436 nuevos negocios verdes verificados, con una inversión de $19 billones, que se espera generen más de 114.000 empleos.
En general, esta estrategia presenta dos grandes enfoques: “Promoción de fuentes de energía renovable, y restauración y protección del medio ambiente”, según se lee en la versión final del documento Conpes, que fue recientemente aprobado.
Una de las acciones concretas en este aspecto implica mejorar la eficiencia energética del país, específicamente en el uso de energía por cuenta de los electrodomésticos de los hogares. “La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) entre 2021 y 2022 realizará una identificación de los electrodomésticos catalogados como eficientes energéticamente y que sean de producción nacional. Una vez identificados estos electrodomésticos, la UPME los incluirá en el Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética (PAI-PROURE) presentando estrategias para promover el recambio de equipos ineficientes, o su compra, para disminuir el consumo de energía eléctrica en el sector residencial”, dice la política.
También hay varias acciones para ampliar la frontera de electrificación del país hacia las zonas que aún se encuentran lejos del alcance del sistema de interconexión nacional.
Una de las cosas que sorprende del Conpes es que, a la vez que habla de crecimiento sostenible, hace un énfasis en la importancia y vocación minero energética del país. En concreto, se establecen estrategias para permitir “la entrada de nuevos proyectos del sector minero energético. Dichos proyectos buscarán dinamizar la economía, promover el desarrollo de nuevos y mejores empleos además del crecimiento sostenible de los territorios y el país. Esta acción tendrá una ejecución enmarcada en la vigencia 2021 al año 2026”.
También establece instrucciones para que el Servicio Geológico Colombiano desarrolle “una estrategia que promueva la consolidación del conocimiento geocientífico para la diversificación de la exploración y explotación de recursos minero-energéticos”.
Al mismo tiempo, la política menciona cambios en el proceso de consulta previa: “Finalmente, en relación con las estrategias para fortalecer los procesos de consulta previa desde la Dirección Nacional de la Autoridad Nacional de Consulta previa del Ministerio del Interior se medirá la reducción de los tiempos de respuesta de la Dirección en las diferentes etapas de la consulta. Se espera esta acción se implemente entre 2021 y 2022”.
Sin embargo, para algunos, hablar de explotación minera genera una especie de disonancia cognitiva al mismo tiempo que se tocan temas de crecimiento sostenible y transición energética.
En términos globales, las crecientes inversiones en economía sostenible no corren cerca de proyectos de minería. Las proyecciones más recientes de la unidad de análisis climático de Bloomberg (conocida como NEF) estima que para 2050 el mundo invertirá poco más de US$15 billones en nuevas instalaciones para generar energía; de este monto, unos US$11 billones (73 %) irán destinados a energías renovables (US$5,9 billones para eólica y US$4,2 billones para solar).
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“La minería, en promedio, solo genera encadenamientos con otros sectores del país de 31,4 % hacia adelante y de 29 % hacia atrás, porque el producto se exporta crudo y la maquinaria y herramienta para extraerlo son importadas. En comparación, en promedio los encadenamientos hacia atrás de las manufacturas son de 46,4% y hacia adelante de 38,6 %”, escribió en una columna reciente el analista y académico Mario Valencia.