Las empresas que responderían por el colapso del puente de Chirajara

El trágico desplome del puente atirantado de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, despertó una serie de interrogantes en torno al proceso de contratación y ejecución de los grandes proyectos de infraestructura en Colombia. ¿Por qué se cayó el viaducto?, ¿quién les responde a las familias de los nueve obreros fallecidos? y ¿quiénes son y qué sanciones tendrán las empresas implicadas?

La primera pregunta aún es difícil de responder. Ayer, la Fiscalía General de la Nación inició la investigación formal, con ingenieros y topógrafos que se trasladaron al lugar, y todavía no hay resultados tangibles que permitan identificar las causas de la debacle. Los expertos, además, no se comprometen con una causa específica y se limitan a enumerar cuatro posibles hipótesis genéricas que podrían explicar lo sucedido: malos diseños, problemas geológicos o sísmicos, mala cimentación o materiales de mala calidad.

Frente al segundo interrogante, el ministro de Transporte, Germán Cardona, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, se lavaron las manos y señalaron que toda la responsabilidad sobre esta tragedia es de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes), que recibió el contrato de la doble calzada Bogotá-Villavicencio desde el 2 de agosto de 1994.

A través de un comunicado de prensa, Coviandes lamentó lo ocurrido. Un funcionario de esa firma dejó entrever que Gisaico S.A. e Icmo S.A.S., las dos empresas subcontratistas encargadas de ejecutar las ampliaciones de la obra a partir de 2010, en concreto el puente atirantado de 446 metros que se derrumbó sobre el cañón de Chirajara, también deben asumir parte de la responsabilidad.

Después de varias llamadas fallidas, Camilo Torres Nope, representante legal de la empresa Icmo S.A.S., que diseñó, fabricó y montó las estructuras metálicas del proyecto, sostuvo que la compañía a la que representa no incurrió en ninguna irregularidad y que los medios de comunicación están tergiversando la información. Sin embargo, Torres Nope no quiso responder a ninguna de las preguntas de este diario relacionadas con el proceder y la calidad de los materiales utilizados.

Aunque la empresa, fundada el 24 de agosto de 1989, tampoco quiso aclarar en qué otros proyectos había participado recientemente, El Espectador pudo establecer que Icmo S.A.S. tiene activos totales de más de $24.000 millones declarados ante la Cámara de Comercio de Bogotá y que prestó los servicios de estructuras metálicas para la construcción de puentes como San Salvador, en Tame, Arauca; Puente Terreros en Soacha, Cundinamarca; Puente Galán, en Mesetas, Meta, entre otros. Valdría la pena que las entes de control encargados revisaran el estado actual de estas obras.

La otra compañía subcontratista, Gisaico S.A., tampoco quiso responder a las preguntas de El Espectador, argumentando que ningún funcionario estaba autorizado para dar declaraciones. No obstante, se pudo confirmar que Gisaico estuvo a cargo de la construcción del intercambio vial de la Transversal Inferior con Los Balsos en la ciudad de Medellín, una obra llena de inconsistencias y sobrecostos que obligó al exalcalde Aníbal Gaviria a suspender la construcción y a contratar nuevos estudios. De acuerdo con la periodista Ana Cristina Restrepo, la mala ejecución de Gisaico generó dificultades para los vecinos del sector. “Fueron 21 meses de retraso y más de $8.000 millones sobre el presupuesto inicial”.

En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa por cartelización de precios a esta compañía, acusándola de ponerse de acuerdo con otras tres empresas —Incoequipos, Estyma y Pavigas— para fijar los precios de sus servicios.

No obstante, el contrato que más llama la atención de El Espectador fue uno celebrado con la Alcaldía de Bogotá para la ejecución de obras de conservación de la malla vial que soporta las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público. Este contrato, que entró en vigencia el 9 de enero de 2018 y va hasta el 8 de abril de 2022, tiene un valor de $51.220 millones.

El hecho de que Coviandes, Imco S.A.S. y Gisaico S.A. guarden silencio frente a un hecho tan grave, obliga a que los entes de control agilicen las investigaciones y establezcan en quién recae la responsabilidad de esta tragedia. Por ahora, lo único claro es que la compañía QBE Seguros informó que tiene suscrita la póliza Todo Riesgo Construcción con el subcontratista Gisaico S.A., que cubre los daños materiales por causas accidentales que puede llegar a sufrir una obra durante el período de construcción. QBE Seguros cuenta con personal experto en el sitio de la emergencia, ocurrida este lunes en la vía Bogotá-Villavicencio.

📷

Nota del Editor: Esta nota fue modificada para precisar que la obra de Grisaico en medellín que presentó problemas fue el intercambio vial Los Balsos-Transversal Inferior, no Transversal Superior como decía una versión inicial.

El trágico desplome del puente atirantado de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, despertó una serie de interrogantes en torno al proceso de contratación y ejecución de los grandes proyectos de infraestructura en Colombia. ¿Por qué se cayó el viaducto?, ¿quién les responde a las familias de los nueve obreros fallecidos? y ¿quiénes son y qué sanciones tendrán las empresas implicadas?

La primera pregunta aún es difícil de responder. Ayer, la Fiscalía General de la Nación inició la investigación formal, con ingenieros y topógrafos que se trasladaron al lugar, y todavía no hay resultados tangibles que permitan identificar las causas de la debacle. Los expertos, además, no se comprometen con una causa específica y se limitan a enumerar cuatro posibles hipótesis genéricas que podrían explicar lo sucedido: malos diseños, problemas geológicos o sísmicos, mala cimentación o materiales de mala calidad.

Frente al segundo interrogante, el ministro de Transporte, Germán Cardona, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, se lavaron las manos y señalaron que toda la responsabilidad sobre esta tragedia es de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes), que recibió el contrato de la doble calzada Bogotá-Villavicencio desde el 2 de agosto de 1994.

A través de un comunicado de prensa, Coviandes lamentó lo ocurrido. Un funcionario de esa firma dejó entrever que Gisaico S.A. e Icmo S.A.S., las dos empresas subcontratistas encargadas de ejecutar las ampliaciones de la obra a partir de 2010, en concreto el puente atirantado de 446 metros que se derrumbó sobre el cañón de Chirajara, también deben asumir parte de la responsabilidad.

Después de varias llamadas fallidas, Camilo Torres Nope, representante legal de la empresa Icmo S.A.S., que diseñó, fabricó y montó las estructuras metálicas del proyecto, sostuvo que la compañía a la que representa no incurrió en ninguna irregularidad y que los medios de comunicación están tergiversando la información. Sin embargo, Torres Nope no quiso responder a ninguna de las preguntas de este diario relacionadas con el proceder y la calidad de los materiales utilizados.

Aunque la empresa, fundada el 24 de agosto de 1989, tampoco quiso aclarar en qué otros proyectos había participado recientemente, El Espectador pudo establecer que Icmo S.A.S. tiene activos totales de más de $24.000 millones declarados ante la Cámara de Comercio de Bogotá y que prestó los servicios de estructuras metálicas para la construcción de puentes como San Salvador, en Tame, Arauca; Puente Terreros en Soacha, Cundinamarca; Puente Galán, en Mesetas, Meta, entre otros. Valdría la pena que las entes de control encargados revisaran el estado actual de estas obras.

La otra compañía subcontratista, Gisaico S.A., tampoco quiso responder a las preguntas de El Espectador, argumentando que ningún funcionario estaba autorizado para dar declaraciones. No obstante, se pudo confirmar que Gisaico estuvo a cargo de la construcción del intercambio vial de la Transversal Inferior con Los Balsos en la ciudad de Medellín, una obra llena de inconsistencias y sobrecostos que obligó al exalcalde Aníbal Gaviria a suspender la construcción y a contratar nuevos estudios. De acuerdo con la periodista Ana Cristina Restrepo, la mala ejecución de Gisaico generó dificultades para los vecinos del sector. “Fueron 21 meses de retraso y más de $8.000 millones sobre el presupuesto inicial”.

En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa por cartelización de precios a esta compañía, acusándola de ponerse de acuerdo con otras tres empresas —Incoequipos, Estyma y Pavigas— para fijar los precios de sus servicios.

No obstante, el contrato que más llama la atención de El Espectador fue uno celebrado con la Alcaldía de Bogotá para la ejecución de obras de conservación de la malla vial que soporta las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público. Este contrato, que entró en vigencia el 9 de enero de 2018 y va hasta el 8 de abril de 2022, tiene un valor de $51.220 millones.

El hecho de que Coviandes, Imco S.A.S. y Gisaico S.A. guarden silencio frente a un hecho tan grave, obliga a que los entes de control agilicen las investigaciones y establezcan en quién recae la responsabilidad de esta tragedia. Por ahora, lo único claro es que la compañía QBE Seguros informó que tiene suscrita la póliza Todo Riesgo Construcción con el subcontratista Gisaico S.A., que cubre los daños materiales por causas accidentales que puede llegar a sufrir una obra durante el período de construcción. QBE Seguros cuenta con personal experto en el sitio de la emergencia, ocurrida este lunes en la vía Bogotá-Villavicencio.

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Nota del Editor: Esta nota fue modificada para precisar que la obra de Grisaico en medellín que presentó problemas fue el intercambio vial Los Balsos-Transversal Inferior, no Transversal Superior como decía una versión inicial.