Las escuelas no conectadas a internet por Centros Poblados

El 9 de diciembre de 2020, sin mucha algarabía, se adjudicó uno de los proyectos más importantes de este Gobierno. Aunque había sido salpicado por episodios, como el del apoderado de uno de los proponentes que a su vez era asesor de Karen Abudinen, ministra de las TIC en ese momento, la licitación pudo llegar a puerto. Comcel (Claro) y la unión temporal Centros Poblados ganaron los contratos para conectar 14.000 escuelas rurales a internet y operarlas por más de 10 años.

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El valor del proyecto no era de poca monta: $2,1 billones. Aun así, el programa llamado Centros Digitales no captó la atención de la gente hasta que meses después, en junio, en medio de una audiencia por incumplimiento, el Banco Itaú informó que no había emitido una garantía bancaria que la unión temporal presentó como respaldo para el proyecto. Básicamente estábamos frente a un documento tachado de falso.

A partir de ese momento se inició un intercambio de señalamientos entre el Ministerio de las TIC y el contratista, entre el contratista y los supuestos emisores de la garantía, y por parte de la opinión en contra de todos los involucrados, señalando en particular la responsabilidad política de la ministra Abudinen y sus funcionarios. De hecho, la entonces jefa de la cartera enfrentó debates de control político y una moción de censura.

A la moción, sin embargo, se le adelantó el pedido de renuncia por parte del presidente Iván Duque. Karen Abudinen dejó el cargo en septiembre. Para sucederla llegó Carmen Ligia Valderrama, quien se venía desempeñando como viceministra de Transporte. El pasado 16 de diciembre Valderrama confirmó lo que había anunciado Abudinen: que ETB y Skynet, que quedaron en segundo lugar en la licitación, asumirán el contrato para conectar las escuelas rurales.

En 2021, El Espectador visitó algunas de esas escuelas, en donde poco importa la pelea política o el escándalo mediático, lo realmente preocupante es la falta de internet, el rezago en el que se mantienen los estudiantes. “Respecto a los colegios privados, o los que tienen internet, estamos por debajo en cuanto a calidad. Pero cuando se aplican las Pruebas Saber, ahí sí nos miden con el mismo rasero”, reclamó José Miguel Rojas, rector de la institución Teguaneque, en Turmequé (Boyacá).

Lea también: ¿De quién fue la culpa?: la garantía en duda en un proceso del Mintic

En ese recorrido encontramos algunos equipos instalados, incluso en tres de las cuatro sedes que visitamos nos dijeron que, aunque con fallas e intermitencias, hubo servicio durante algún tiempo. Caso distinto fue el de la institución Teguaneque, en donde no solo nunca les prestaron el servicio, sino que les dejaron tirados elementos como varillas y el plato de la antena en medio del comedor estudiantil.

Lo que, no obstante, tenían en común todas estas instituciones era la incertidumbre, la falta de respuesta sobre qué pasará con los equipos que el contratista dejó instalados o tirados, pero sobre todo con la conexión para los niños y las niñas. Para este artículo volvimos a hablar con los rectores entrevistados en esa ocasión, y la situación no ha cambiado mucho. En Turmequé, los equipos al menos ya no están tirados en la cafetería, sino agrupados en la sala de informática.

Aparte de ocupar espacio y no prestar ningún servicio, las instituciones sienten la presión de tener que ofrecer condiciones de seguridad para que nada pase con equipos que no les pertenecen, pues quizás algún día alguien llegue a reclamarlos. Según el rector Rojas, las clases se reanudarán el 17 de enero de 2022, con la expectativa de que el nuevo operador cumpla con lo prometido, algo que no parece posible tan pronto.

Sobre el futuro de los elementos físicos y el inicio de la prestación del servicio, en entrevista con este diario, la ministra Valderrama dijo: “Si el contratista inició con su labor en los puntos, eso era parte del normal desarrollo del contrato, y esos equipos son propiedad del contratista, no tenemos ninguna injerencia en el particular y habrá que tomar las medidas correspondientes para que puedan ejercer su derecho de propiedad respecto de esos bienes”.

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Centros Poblados, al que se le caducó el contrato, ha anunciado una demanda contra el Estado, pues considera que se violó el debido proceso. Entretanto, personajes como Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal, y Emilio Tapia, condenado por el denominado carrusel de la contratación, enfrentan procesos penales. A Tapia se le acusa de haber conformado la unión temporal para alcanzar el billonario contrato con irregularidades, como la garantía falsa.

Sobre el nuevo contratista anunciado hay varias preguntas aún sin respuesta. Por ejemplo, ETB y Skynet quedaron en segundo lugar por haber ofrecido menos centros digitales conectados que Centros Poblados. Cómo se resolverá esa diferencia (688 puntos menos) es algo para lo cual el Mintic aún está evaluando “alternativas”, según la ministra. Asimismo, la veeduría Bien Común anunció que demandará el nuevo contrato, pues consideran que en aras de la transparencia se debería empezar una nueva licitación.

En medio quedan en el limbo los estudiantes de más de 7.000 instituciones que hoy no saben quién les prestará el servicio público esencial. Ese vacío no acerca para nada al país hacia la meta trazada por este Gobierno: un 70 % de hogares conectados a internet. La proporción de conexión en las zonas rurales es de apenas el 20 %. Sin mencionar la crisis de credibilidad por la que atraviesan las instituciones y la confirmación que todo esto implica para las brechas urbano-rurales.

El 9 de diciembre de 2020, sin mucha algarabía, se adjudicó uno de los proyectos más importantes de este Gobierno. Aunque había sido salpicado por episodios, como el del apoderado de uno de los proponentes que a su vez era asesor de Karen Abudinen, ministra de las TIC en ese momento, la licitación pudo llegar a puerto. Comcel (Claro) y la unión temporal Centros Poblados ganaron los contratos para conectar 14.000 escuelas rurales a internet y operarlas por más de 10 años.

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El valor del proyecto no era de poca monta: $2,1 billones. Aun así, el programa llamado Centros Digitales no captó la atención de la gente hasta que meses después, en junio, en medio de una audiencia por incumplimiento, el Banco Itaú informó que no había emitido una garantía bancaria que la unión temporal presentó como respaldo para el proyecto. Básicamente estábamos frente a un documento tachado de falso.

A partir de ese momento se inició un intercambio de señalamientos entre el Ministerio de las TIC y el contratista, entre el contratista y los supuestos emisores de la garantía, y por parte de la opinión en contra de todos los involucrados, señalando en particular la responsabilidad política de la ministra Abudinen y sus funcionarios. De hecho, la entonces jefa de la cartera enfrentó debates de control político y una moción de censura.

A la moción, sin embargo, se le adelantó el pedido de renuncia por parte del presidente Iván Duque. Karen Abudinen dejó el cargo en septiembre. Para sucederla llegó Carmen Ligia Valderrama, quien se venía desempeñando como viceministra de Transporte. El pasado 16 de diciembre Valderrama confirmó lo que había anunciado Abudinen: que ETB y Skynet, que quedaron en segundo lugar en la licitación, asumirán el contrato para conectar las escuelas rurales.

En 2021, El Espectador visitó algunas de esas escuelas, en donde poco importa la pelea política o el escándalo mediático, lo realmente preocupante es la falta de internet, el rezago en el que se mantienen los estudiantes. “Respecto a los colegios privados, o los que tienen internet, estamos por debajo en cuanto a calidad. Pero cuando se aplican las Pruebas Saber, ahí sí nos miden con el mismo rasero”, reclamó José Miguel Rojas, rector de la institución Teguaneque, en Turmequé (Boyacá).

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En ese recorrido encontramos algunos equipos instalados, incluso en tres de las cuatro sedes que visitamos nos dijeron que, aunque con fallas e intermitencias, hubo servicio durante algún tiempo. Caso distinto fue el de la institución Teguaneque, en donde no solo nunca les prestaron el servicio, sino que les dejaron tirados elementos como varillas y el plato de la antena en medio del comedor estudiantil.

Lo que, no obstante, tenían en común todas estas instituciones era la incertidumbre, la falta de respuesta sobre qué pasará con los equipos que el contratista dejó instalados o tirados, pero sobre todo con la conexión para los niños y las niñas. Para este artículo volvimos a hablar con los rectores entrevistados en esa ocasión, y la situación no ha cambiado mucho. En Turmequé, los equipos al menos ya no están tirados en la cafetería, sino agrupados en la sala de informática.

Aparte de ocupar espacio y no prestar ningún servicio, las instituciones sienten la presión de tener que ofrecer condiciones de seguridad para que nada pase con equipos que no les pertenecen, pues quizás algún día alguien llegue a reclamarlos. Según el rector Rojas, las clases se reanudarán el 17 de enero de 2022, con la expectativa de que el nuevo operador cumpla con lo prometido, algo que no parece posible tan pronto.

Sobre el futuro de los elementos físicos y el inicio de la prestación del servicio, en entrevista con este diario, la ministra Valderrama dijo: “Si el contratista inició con su labor en los puntos, eso era parte del normal desarrollo del contrato, y esos equipos son propiedad del contratista, no tenemos ninguna injerencia en el particular y habrá que tomar las medidas correspondientes para que puedan ejercer su derecho de propiedad respecto de esos bienes”.

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Centros Poblados, al que se le caducó el contrato, ha anunciado una demanda contra el Estado, pues considera que se violó el debido proceso. Entretanto, personajes como Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal, y Emilio Tapia, condenado por el denominado carrusel de la contratación, enfrentan procesos penales. A Tapia se le acusa de haber conformado la unión temporal para alcanzar el billonario contrato con irregularidades, como la garantía falsa.

Sobre el nuevo contratista anunciado hay varias preguntas aún sin respuesta. Por ejemplo, ETB y Skynet quedaron en segundo lugar por haber ofrecido menos centros digitales conectados que Centros Poblados. Cómo se resolverá esa diferencia (688 puntos menos) es algo para lo cual el Mintic aún está evaluando “alternativas”, según la ministra. Asimismo, la veeduría Bien Común anunció que demandará el nuevo contrato, pues consideran que en aras de la transparencia se debería empezar una nueva licitación.

En medio quedan en el limbo los estudiantes de más de 7.000 instituciones que hoy no saben quién les prestará el servicio público esencial. Ese vacío no acerca para nada al país hacia la meta trazada por este Gobierno: un 70 % de hogares conectados a internet. La proporción de conexión en las zonas rurales es de apenas el 20 %. Sin mencionar la crisis de credibilidad por la que atraviesan las instituciones y la confirmación que todo esto implica para las brechas urbano-rurales.