Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El mes pasado, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2018, en medio de un panorama de austeridad, con sectores fuertemente sacrificados, como la ciencia y la tecnología, que registraron recortes de recursos cercanos al 10 %. En el ajuste, otros sectores, como seguridad y defensa, lograron un crecimiento de 5,5 %, punto que ha generado discusiones de cara al posconflicto.
Pero, más allá del debate por la asignación de estos fondos, que puede alargarse un buen trecho, en la discusión del presupuesto hay un punto crítico y es que por primera vez se usan recursos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para financiar gastos de la Nación. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha tratado de enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía sobre esta decisión, al insistirles a los ahorradores del FNA que sus cesantías están garantizadas, pues el Fondo es la entidad más solvente del sistema financiero.
A pesar de estos pronunciamientos, varias preguntas persisten: ¿qué puede haber detrás de esta decisión, qué puertas abre y cómo puede afectar a una entidad con la reputación del FNA?
En la teoría económica estándar se aprende que las principales fuentes de financiación del gasto público están vinculadas a los impuestos y la deuda. En Colombia, ante la caída de las rentas del petróleo en los últimos tres años, el país sufrió un choque fuerte y por eso se intentó mantener sus balances económicos mediante una reforma tributaria y elevando la deuda a niveles sin precedentes.
Según cifras del Banco de la República, la deuda externa como porcentaje del PIB pasó de ser 22 % en 2010 a estar por encima del 40 % del PIB en 2016. Dentro de este rubro, la parte de la deuda pública muestra un crecimiento de 8,8 % en 2010 a niveles cercanos al 18 % del PIB para el año pasado.
Estos datos son coherentes con que cerca del 20,4 % del PGN para 2018 corresponda al pago del servicio de la deuda, un dato controversial que debería suscitar un debate ciudadano y un proyecto de auditoría a la deuda, como se ha realizado en otras naciones. (Lea "Estos son los ganadores y perdedores en el presupuesto de 2018")
El ministro Cárdenas ha afirmado, en el marco de las discusiones sobre el presupuesto, que Colombia no necesita más financiamiento de los mercados internacionales. En realidad, más allá de no necesitarlo, lo que sucede es que la deuda está en uno de sus picos históricos y la presión de las calificadoras de riesgo sobre el país y su estabilidad fiscal se ha vuelto más frecuente.
En este escenario toca recurrir a fuentes alternativas de financiamiento, pues el espacio para buscarlo a través de la deuda o los impuestos se reduce. Por aquí es por donde se puede buscar una primera respuesta a la decisión de descapitalizar el FNA: se empieza a raspar la olla y a buscar monedas en los bolsillos pequeños cuando las formas tradicionales de financiamiento se quedan cortas.
Detrás del uso de los excedentes del Fondo en el presupuesto hay un panorama macroeconómico poco claro para 2018, en el que se sentirán los fuertes golpes de la austeridad, a la vez que se trata de dar algunos “analgésicos” presupuestales sacrificando una de las entidades en las que más confían los colombianos.
El FNA es una entidad que ha aumentado su portafolio para la compra de vivienda en más de 100 % y, adicionalmente, cuenta con calificaciones AAA (col) y F1 (col) por parte de empresas como Fitch Ratings Colombia. Vale la pena aclarar que estas son las máximas calificaciones otorgadas y que incluso algunas instituciones financieras privadas no las tienen.
Los $400.000 millones que se piensan tomar del FNA podrían ser en principio una suma que no genere riesgos para la institución, pero toda la jugada manda una señal de alerta a muchos de los colombianos que han confiado en el sistema público para el manejo de sus cesantías. También se crea la posibilidad de una salida masiva de usuarios del Fondo, quienes podrían considerar que sus recursos ya no están tan seguros como solían estarlo.
En últimas, se está vulnerando la credibilidad de una institución. Estos riesgos son aún más grandes en un tiempo en el que la información puede ser rápidamente distorsionada a través de internet.
Por otra parte, se abre una puerta peligrosa si, en el futuro, se continúa con la toma de excedentes de la entidad para financiar el presupuesto: se puede terminar con el desmonte progresivo de una entidad pública que compite directamente en el segmento del crédito hipotecario con el concentrado y oneroso sector bancario colombiano.
¿Habrá presiones o intereses indirectos del sector financiero tradicional en esta decisión? Esto no lo sabemos, aunque es claro que los fondos privados de cesantías serían los principales beneficiados si el FNA entra en un escenario negativo.
Por suerte, cuando se pensaba que la decisión pasaría de agache y sin mucho revuelo, la semana pasada la Contraloría advirtió sobre la posible inconstitucionalidad de la medida, pues el FNA está constituido como una entidad de seguridad social y no se pueden destinar recursos de la misma a otros rubros. (Lea "Abecé para comprar vivienda sin cuota inicial")
Por ahora, el debate está abierto y, ojalá, en el afán de mostrar adiciones presupuestales en sectores claves no se sacrifiquen entidades bien posicionadas, como el FNA, que, por demás, es una entidad pública en la que muchos colombianos han depositado sus sueños de vivienda propia.
* Profesor Escuela de Economía - Universidad Nacional de Colombia.