Las nuevas fuentes renovables piden pista para integrarse al sistema energético
En la UPME existen actualmente 382 proyectos de generación de fuentes no convencionales de energía renovable que proyectan inversiones por cerca de US$4.000 millones.
Jorge Sáenz v.
“El mundo se está moviendo hacia una matriz de energía más limpia y nosotros tenemos que trabajar en esa misma vía”, señaló la entrante ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. El país ha comenzado a dar los pasos necesarios para diversificar la matriz energética nacional, principalmente con la expedición de regulación que busca definir la forma como los nuevos proyectos entrarán a operar en la canasta energética colombiana.
Por ejemplo, a comienzos de 2018 se le dieron las primeras puntadas al decreto que reconoce nuevos atributos de la generación de energía e incentiva la instalación y el uso de energías renovables no convencionales. Hoy, la ministra Suárez reconoce que “tenemos que seguir avanzando en hacer energía solar, eólica, continuar con hidráulica, y al mismo tiempo (ver) que haya espacio para el resto de las energías renovables no convencionales”, indicó. “La subasta, que debe llevarse a cabo en enero de 2019, es muy poderosa para ver la magnitud de oportunidades que hay”.
Aunque se ha querido ver por ese lado, no fue el desastre de Hidroituango lo que aceleró el ingreso de las energías renovables no convencionales a la matriz energética colombiana. Este es un movimiento natural en la renovación de la estructura energética, así como un espacio para acoger el emprendimiento, uno de los renglones que más busca promocionar este gobierno.
Ahora bien, lo que sí motivó la contingencia de la central eléctrica en Ituango, a cargo de EPM, fue apurar la subasta de expansión del cargo por confiabilidad para el período 2022-2023. Esa puja busca definir proyectos de generación con energía firme para cubrir el crecimiento de la demanda en ese período, en concordancia con el tiempo de planeación de cuatro años establecido en la regulación.
Para llenar el vacío de Hidroituango, que en teoría generaría 2.400 megavatios de capacidad (cerca de 17 % de la demanda eléctrica del país), la subasta adiciona un elemento nuevo, que incluye un incentivo para los proyectos que entren en operación antes de esa fecha, es decir, en 2021 o una fecha anterior.
El gobierno del presidente Iván Duque se propone diversificar la matriz energética, aumentando la cobertura y la calidad en el territorio nacional. Se propone una meta “de 1.500 megas de generación de energía con fuentes renovables no convencionales”, según la ministra Suárez. “Vamos a hacer todo el marco regulatorio y a trabajar para que eso sea posible. Es fundamental para el futuro de Colombia que nosotros empecemos a hacer esa transición”, dijo. Destacó el compromiso de empresas como Enel, Celsia y Ecopetrol, que están muy comprometidas.
La subasta de contratos a largo plazo está hecha para que entren las energías renovables no convencionales, sin tener en cuenta los problemas de Hidroituango, recordó la presidenta de Acolgen, Ángela Montoya.
“Creemos que el país tiene potencial en el tema de las energías renovables no convencionales. Está bien que se empiecen a implementar los procesos de contratación a partir de los incentivos que se han dado en los últimos años, a raíz de la Ley 1715”, argumentó Carlos Alberto Zarruk, presidente de la Cámara Colombiana de Energía.
En la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), del Ministerio de Minas y Energía, actualmente existen 563 proyectos de generación, de los cuales 382 son de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
Alejandro Lucio, director de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), explica que el mayor número de proyectos de generación con FNCER son fotovoltaicos, llegando a los 353, seguidos por los de biomasa, con 16, y eólicas, con 13. En total, estas propuestas suman cerca de 7.000 MW, generación suficiente para suplir la atención de la demanda del proyecto Hidroituango. Estas iniciativas obedecen “a la política energética que se definió durante el gobierno del presidente Santos, con la Ley 1715 de 2014, que brindaba incentivos que invitan al sector privado para incursionar en el desarrollo de energías no convencionales, de carácter limpio y amigable con el medio ambiente”, sostiene Lucio.
En la otra orilla de esta discusión se encuentra la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). “Reiteramos la preocupación que existe frente a la expedición de las resoluciones 40791 y 40795 de 2018, anunciadas recientemente por el Ministerio de Minas y Energía, debido a que, junto con la primera subasta de contratación a largo plazo, rompen con toda la simetría y las reglas actuales del mercado”, dice Alejandro Castañeda, presidente del gremio.
Castañeda explica que las resoluciones dejan completamente desprotegidos a los usuarios, quienes deberán pagar, a través de sus tarifas de energía, los picos y oscilaciones que se presenten en el sistema cuando no haya generación por parte de las fuentes intermitentes que se busca incorporar. “Con estas normas, que lucen apresuradas y carentes de toda planeación, se dio un paso hacia la erosión del sistema y es un retroceso que les quita oportunidades a los usuarios, en favor de algunas fuentes de generación”, advierte el dirigente gremial.
Al margen de la alerta de Castañeda, el director de SER Colombia considera que “a través de la expedición de estas resoluciones se viabilizarán proyectos de generación con FNCER con inversiones potenciales equivalentes a más de US$4.000 millones, que traerán empleo, bienestar y llegarán a complementar la matriz energética del país”. Y añade que “se fomentará una nueva oferta de contratos de energía a largo plazo, garantizando precios competitivos y estables para los usuarios finales”.
La ministra de Minas y Energía ha dicho que se busca “generar incentivos a la eficiencia energética e incentivos a la autogeneración”. Por su parte, Zarruk destaca la importancia de los anuncios sobre las nuevas energías no convencionales, porque es el inicio “del proceso de la reconversión hacia nuevas tecnologías y la generación no convencional para ayudar a mitigar los riesgos que se presenten hacia el futuro con la generación tradicional”.
Alejandro Castañeda recuerda que, desde hace cinco años, Andeg ha promovido ajustes del mercado mayorista de energía, basado en casos exitosos y las mejores prácticas identificadas por la Agencia Internacional de Energía, con el propósito de hacer un mercado más dinámico, competitivo y diversificado.
La ministra Suárez estima que los renovables no convencionales son una buena oportunidad para hacer muchos proyectos de autogeneración, de autoabastecimiento industrial “que van a permitir que la dinámica vaya cambiando a la par con el mercado. Actualmente, en el sistema de energía hay mucho jugador y la regulación tiene que adaptarse para todos”, sostuvo.
“El mundo se está moviendo hacia una matriz de energía más limpia y nosotros tenemos que trabajar en esa misma vía”, señaló la entrante ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. El país ha comenzado a dar los pasos necesarios para diversificar la matriz energética nacional, principalmente con la expedición de regulación que busca definir la forma como los nuevos proyectos entrarán a operar en la canasta energética colombiana.
Por ejemplo, a comienzos de 2018 se le dieron las primeras puntadas al decreto que reconoce nuevos atributos de la generación de energía e incentiva la instalación y el uso de energías renovables no convencionales. Hoy, la ministra Suárez reconoce que “tenemos que seguir avanzando en hacer energía solar, eólica, continuar con hidráulica, y al mismo tiempo (ver) que haya espacio para el resto de las energías renovables no convencionales”, indicó. “La subasta, que debe llevarse a cabo en enero de 2019, es muy poderosa para ver la magnitud de oportunidades que hay”.
Aunque se ha querido ver por ese lado, no fue el desastre de Hidroituango lo que aceleró el ingreso de las energías renovables no convencionales a la matriz energética colombiana. Este es un movimiento natural en la renovación de la estructura energética, así como un espacio para acoger el emprendimiento, uno de los renglones que más busca promocionar este gobierno.
Ahora bien, lo que sí motivó la contingencia de la central eléctrica en Ituango, a cargo de EPM, fue apurar la subasta de expansión del cargo por confiabilidad para el período 2022-2023. Esa puja busca definir proyectos de generación con energía firme para cubrir el crecimiento de la demanda en ese período, en concordancia con el tiempo de planeación de cuatro años establecido en la regulación.
Para llenar el vacío de Hidroituango, que en teoría generaría 2.400 megavatios de capacidad (cerca de 17 % de la demanda eléctrica del país), la subasta adiciona un elemento nuevo, que incluye un incentivo para los proyectos que entren en operación antes de esa fecha, es decir, en 2021 o una fecha anterior.
El gobierno del presidente Iván Duque se propone diversificar la matriz energética, aumentando la cobertura y la calidad en el territorio nacional. Se propone una meta “de 1.500 megas de generación de energía con fuentes renovables no convencionales”, según la ministra Suárez. “Vamos a hacer todo el marco regulatorio y a trabajar para que eso sea posible. Es fundamental para el futuro de Colombia que nosotros empecemos a hacer esa transición”, dijo. Destacó el compromiso de empresas como Enel, Celsia y Ecopetrol, que están muy comprometidas.
La subasta de contratos a largo plazo está hecha para que entren las energías renovables no convencionales, sin tener en cuenta los problemas de Hidroituango, recordó la presidenta de Acolgen, Ángela Montoya.
“Creemos que el país tiene potencial en el tema de las energías renovables no convencionales. Está bien que se empiecen a implementar los procesos de contratación a partir de los incentivos que se han dado en los últimos años, a raíz de la Ley 1715”, argumentó Carlos Alberto Zarruk, presidente de la Cámara Colombiana de Energía.
En la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), del Ministerio de Minas y Energía, actualmente existen 563 proyectos de generación, de los cuales 382 son de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
Alejandro Lucio, director de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), explica que el mayor número de proyectos de generación con FNCER son fotovoltaicos, llegando a los 353, seguidos por los de biomasa, con 16, y eólicas, con 13. En total, estas propuestas suman cerca de 7.000 MW, generación suficiente para suplir la atención de la demanda del proyecto Hidroituango. Estas iniciativas obedecen “a la política energética que se definió durante el gobierno del presidente Santos, con la Ley 1715 de 2014, que brindaba incentivos que invitan al sector privado para incursionar en el desarrollo de energías no convencionales, de carácter limpio y amigable con el medio ambiente”, sostiene Lucio.
En la otra orilla de esta discusión se encuentra la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). “Reiteramos la preocupación que existe frente a la expedición de las resoluciones 40791 y 40795 de 2018, anunciadas recientemente por el Ministerio de Minas y Energía, debido a que, junto con la primera subasta de contratación a largo plazo, rompen con toda la simetría y las reglas actuales del mercado”, dice Alejandro Castañeda, presidente del gremio.
Castañeda explica que las resoluciones dejan completamente desprotegidos a los usuarios, quienes deberán pagar, a través de sus tarifas de energía, los picos y oscilaciones que se presenten en el sistema cuando no haya generación por parte de las fuentes intermitentes que se busca incorporar. “Con estas normas, que lucen apresuradas y carentes de toda planeación, se dio un paso hacia la erosión del sistema y es un retroceso que les quita oportunidades a los usuarios, en favor de algunas fuentes de generación”, advierte el dirigente gremial.
Al margen de la alerta de Castañeda, el director de SER Colombia considera que “a través de la expedición de estas resoluciones se viabilizarán proyectos de generación con FNCER con inversiones potenciales equivalentes a más de US$4.000 millones, que traerán empleo, bienestar y llegarán a complementar la matriz energética del país”. Y añade que “se fomentará una nueva oferta de contratos de energía a largo plazo, garantizando precios competitivos y estables para los usuarios finales”.
La ministra de Minas y Energía ha dicho que se busca “generar incentivos a la eficiencia energética e incentivos a la autogeneración”. Por su parte, Zarruk destaca la importancia de los anuncios sobre las nuevas energías no convencionales, porque es el inicio “del proceso de la reconversión hacia nuevas tecnologías y la generación no convencional para ayudar a mitigar los riesgos que se presenten hacia el futuro con la generación tradicional”.
Alejandro Castañeda recuerda que, desde hace cinco años, Andeg ha promovido ajustes del mercado mayorista de energía, basado en casos exitosos y las mejores prácticas identificadas por la Agencia Internacional de Energía, con el propósito de hacer un mercado más dinámico, competitivo y diversificado.
La ministra Suárez estima que los renovables no convencionales son una buena oportunidad para hacer muchos proyectos de autogeneración, de autoabastecimiento industrial “que van a permitir que la dinámica vaya cambiando a la par con el mercado. Actualmente, en el sistema de energía hay mucho jugador y la regulación tiene que adaptarse para todos”, sostuvo.