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La Contraloría realizó un estudio en el que analiza el impacto y potencial de la “descentralización diferencial” para promover el desarrollo equitativo e inclusivo que responda a las características y necesidades de cada territorio.
Vale la pena mencionar que la descentralización diferencial no solo se refiere a la redistribuir recursos, sino que busca el fortalecimiento de las capacidades administrativas y fiscales de los gobiernos locales para que puedan gestionar su desarrollo de manera autónoma.
En “Retos de la Descentralización Diferencial en Colombia”, el estudio realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, se evidencia que, pese a la reducción de la pobreza monetaria, la pobreza extrema aún afecta el 11,4 % de la población.
“Estas cifras ponen en manifiesto las profundas brechas que el modelo de descentralización diferencial busca cerrar”, dijo la entidad.
Según el Indicador de la Descentralización Diferencial, herramienta que evalúa y sintetiza las capacidades internas (administrativas, políticas y fiscales) y las variables externas (socioeconómicas y ambientales) de los departamentos para gestionar recursos y asumir competencias, “solo Bogotá y Antioquia alcanzaron puntajes superiores a 60 en el Indicador de Potencialidad de Descentralización Externa, mientras que regiones como Vichada, Vaupés y Guainía registraron niveles inferiores a 20″.
Otro indicador de las desigualdades es la cobertura educativa. Bogotá reporta una cobertura superior al 135 %, mientras que departamentos como Vaupés apenas alcanzan un 2,9 %. “Estas cifras reflejan la urgencia de priorizar las regiones más rezagadas mediante un enfoque territorial ajustado a sus particularidades”, afirma la Contraloría.
Así las cosas, el análisis pone en evidencia que las desigualdades entre departamentos se manifiestan en términos fiscales y en dimensiones humanas y contextuales como la pobreza, la corrupción, la diversidad étnica y la sostenibilidad ambiental.
Colombia enfrenta el reto de implementar un modelo de descentralización que, según la Contraloría, priorice la equidad y el desarrollo inclusivo y “que no solo mejore la gestión pública, sino que también implique fortalecer la gobernanza local, promover la cohesión territorial y priorizar las regiones más rezagadas en el diseño de políticas públicas”.
¿Cuáles son las recomendaciones de la Contraloría?
El estudio sugiere una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y al Sistema General de Regalías (SGR), con el fin de orientar los recursos hacia los territorios más vulnerables.
Así como realizar una actualización de las leyes orgánicas de ordenamiento territorial, lo cual, permite alinear la normativa con las realidades y necesidades actuales de las regiones.
También recomienda el fortalecimiento de las capacidades locales para implementar programas de formación técnica y dotación de herramientas para la gestión eficiente y monitoreo continuo, que aseguren la sostenibilidad del proceso descentralizador.
Dicho estudio, según la Contraloría, sirve como referente para futuras reformas y una herramienta clave “para el diseño de políticas diferenciadas que reconozcan la diversidad y riqueza territorial de Colombia de manera justa y sostenible”.
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