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Aunque se impusieron sobretasas al sector financiero, que se aplicarán tasas diferenciales en el impuesto de renta para personas naturales, que se gravarán temporalmente patrimonios superiores a los $5.000 millones, que se aplicará el IVA plurifásico a las bebidas azucaradas y a la cerveza, y que incluso se creó un impuesto a la actividad de las modelos webcams, la ley de financiamiento que se aprobó esta semana en el Congreso está lejos de ser la solución que necesitaba el Gobierno para financiarse por los próximos cuatro años: en 2019 solo se espera un recaudo de $7,13 billones adicionales, es decir, la mitad de la meta que se fijó en septiembre pasado.
En este punto la iniciativa del Gobierno genera más o igual incertidumbre que como cuando arrancó, no solo por los recursos que faltaron por cubrir del presupuesto de 2019, sino también porque su estructuración, composición y tramitación cuestionan su viabilidad y utilidad para el país. Por esto, las dudas en torno a la ley de financiamiento destacan más que la contribución que haya podido hacer a las cuentas nacionales.
¿Se caerá?
La discusión de la ley de financiamiento en el Congreso no fue la más adecuada, de hecho, no hubo mucho tiempo para críticas y reflexiones: el Senado aprobó el proyecto de ley en la noche del martes, y en la mañana del día siguiente (el miércoles 19 de diciembre) la Cámara de Representantes les dio luz en menos de una hora a los 124 artículos (112 originales y 12 fueron propuestas que surgieron en los debates).
Este afán fue altamente criticado por varios sectores, que dijeron que demandarán, entre ellos el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras: “Sin duda hubo faltas de procedimiento y de forma. A las demandas que se radicarán contra la ley de financiamiento se sumará la mía, ya que regresaré al ejercicio de la profesión a partir del mes de enero”, escribió en su cuenta personal de Twitter.
Asimismo, para el exdirector de la DIAN Horacio Ayala, “existe la posibilidad de que la Corte tumbe la ley de financiamiento, pues la forma como se tramitó, estructuró y discutió da mucho pie para que se interpongan demandas de diferentes sectores que se vieron afectados; de hecho, uno de los tributos que más riesgo corre que se caiga es el de la sobretasa de renta a las entidades financieras”.
¿Qué recortar?
Claramente un hueco en el presupuesto de este calibre no pasará inadvertido, porque eso implicaría que en 2019 se mantenga la incertidumbre fiscal en Colombia: esa que mantiene al Índice de Confianza al Consumidor en su punto más bajo en los últimos 21 meses. De hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pese a que celebró el resultado de la ley de financiamiento, anunció que se vendría un plan de reducción de gastos, incluyendo una reforma al sistema de programas sociales del Gobierno.
“Reducir gastos (en programas sociales) no será fácil de justificar para el Gobierno, teniendo en cuenta que en la ley de financiamiento se aumentaron las exenciones en vez de reducirlas. Una vez más perdimos la oportunidad de hacer una verdadera reforma tributaria que permitiera corregir todas esas distorsiones por donde se escapan los recursos de la nación”, explicó Ayala.
Sin embargo, para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y asesor para el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “el recorte es inminente, ya empezaron con algunos beneficios para la compra de vivienda. El Gobierno debe priorizar los programas de pobreza y pobreza extrema. En particular, priorizar Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Cuidado Infantil del ICBF”.
En efecto, ya se habría empezado con la tarea de recortes, pues esta misma semana el Ministerio de Hacienda emitió una resolución en la que se establece la no prorrogación de los subsidios de vivienda para la clase media: para inmuebles No Vis, de precios entre los 135 y 435 salarios mínimos. De manera que en 2019 los colombianos experimentarían dos efectos: la reducción de la ayuda social por parte del Gobierno y la adaptación al nuevo régimen tributario.
¿Aumentará el descuadre?
En los meses que duró la socialización y discusión de la ley de financiamiento las proyecciones fiscales del Gobierno pasaron de relativamente optimistas a preocupantes: de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), documento con el que se hacen las cuentas del país por los próximos 10 años, el Brent debe promediar los US$62 en 2019 para que no se descuadren las finanzas del país.
Hace cuatro meses todo iba bien para el entrante gobierno del presidente Iván Duque, pues el precio del crudo se encontraba por los US$80. Fue tal el entusiasmo que generó este conveniente petróleo caro, que en septiembre el Ministerio de Hacienda elevó el presupuesto de regalías para el bienio 2019-2020 de $11,7 billones a $19,2 billones.
No obstante, desde octubre el precio del crudo ha presentado una constante caída y se encuentra a niveles de 2014: el referente Brent (el tipo de petróleo de Colombia) cerró este viernes por debajo de los US$54, por lo que la cotización del petróleo podría comenzar 2019 por debajo del precio que les sirve a las finanzas del país.
Según la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), por cada dólar que cae el petróleo, se puede llegar a perder $50.000 millones de recaudo al mes. Este es el mismo monto que se espera recaudar al año con el llamativo nuevo gravamen a la actividad de las modelos webcams (según el senador Jonatan Tamayo Pérez ). Entonces, lo que podría entrar por este y por los otros impuestos aprobados se perdería por la mala racha petrolera.
El problema es que las proyecciones de la Agencia Internacional del Petróleo (AIE) advierten que los excesos de oferta de crudo, el principal responsable de los bajos precios (del petróleo), se mantendrían en 2019. Además, la demanda por esta materia prima está débil por cuenta de la guerra comercial y las menores perspectivas de crecimiento económico mundial. De manera que no habría buenas condiciones para que la cotización del petróleo se recupere y se acomode a las proyecciones del Gobierno.
¿Cómo se recauda lo nuevo?
La ley de financiamiento propone cambios importantes al régimen tributaria y algunos nuevos impuestos, como el de las webcams presentará un nuevo reto para la DIAN. Por ejemplo, Chaturbate.com, una de las principales páginas en las que las modelos (webcams) transmiten sus shows, es un portal estadounidense en el que no tendrían jurisdicción las autoridades colombianas. Por lo que no es claro cómo se procederá para gravar esta actividad, y podría ser necesaria la cooperación del sector financiero para que sea posible realizar este recaudo directamente desde las cuentas de quienes trabajan en esta actividad.
Para Juan Bustos, uno de los pioneros de las webcams en Colombia, “el Gobierno debe ponerse a investigar esta industria, solo así podrá entenderla para luego regularla. Y creo que esto tardará un par de meses para saber exactamente cómo hacerlo. Tampoco pienso que deban cobrarles una tarifa de IVA del 19 % justificado en que exportamos un servicio (por internet), deberían aplicar una retefuente de entre el 4 y el 6 %.
¿Y la calificación?
Las calificadoras internacionales han estado atentas al desarrollo de la ley de financiamiento para pronunciarse sobre la nota crediticia colombiana, la cual, si llegara a caer algún escalón, encarecería el financiamiento que busque Colombia (pagaría más intereses). Y debido al resultado de este proyecto de ley, en efecto el país necesita recursos.
Por otra parte, para Juan David Ballén, gerente de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, “los riesgos son muy latentes, creo que están dadas las condiciones para que Moody’s y Fitch nos bajen la calificación y la igualen a la de Standard & Poor’s (que nos bajó calificación en diciembre de 2017). Si esta rebaja se da, Colombia quedaría en las tres principales calificadoras a un escalón de perder el grado de inversión (que ganó en 2012). Estas firmas (calificadoras) esperaban una reforma estructural, pero no fue así, pues solo se consiguieron algunos recursos para subsanar el hueco del presupuesto del próximo año. Además, los precios del crudo también nos juegan en contra, pues está por debajo de la meta”.
Camilo Silva, cofundador de Valora Analitik, indica que “es cierto que hay riesgos importantes de que nos rebajen la calificación, pero hay que esperar a enero para conocer el plan del Gobierno para tapar ese hueco que falta por medio de reducción de gastos. Asimismo, no podemos desconocer que Carrasquilla y su equipo, especialmente el viceministro Andrés Pardo, tienen mucha experiencia lidiando con calificadoras: quienes saben qué les gusta y qué no. Sin embargo, si el petróleo sigue cayendo no hay nada que hacer, perderemos nuestra nota”.
De esta manera, en enero el país terminará de conocer los efectos de la ley de financiamiento que tanto ha inquietado a los colombianos: desde que se propuso gravar con IVA del 19 % la mayoría de la canasta familiar hasta los riesgos que hay de perder la calificación crediticia del país. Pero, en cualquier caso, es indudable que se necesita plata.
