Ley de Tierras: un reto para 2018

Bloomberg News.

El próximo semestre legislativo será una carrera contra el tiempo para el sector rural y agropecuario. Por un lado, porque se definirá el futuro del proyecto de ley de adecuación de tierras, que no se terminó de discutir en el marco del fast track y a través del cual este gobierno quiere promover alianzas público-privadas para sacar adelante proyectos de infraestructura de riego y drenaje para el campo, entre otros asuntos. Por otro, porque será el momento de radicar el proyecto de ley de tierras, que modificaría aspectos de la Ley de Reforma Agraria de 1994, una idea que no se pudo materializar en 2017 debido a la complejidad del tema y a la oposición que generan varias de las propuestas y que se ha hecho sentir en el proceso de consulta previa, que sigue en curso.

Entre los puntos más polémicos del borrador que el Ministerio de Agricultura ha socializado está lo que se denomina “regularización por confianza legítima”, cuyo objetivo, según lo dicho por la cartera, es que campesinos que desconocían las normas agrarias y que acumularon más tierra de la que era permitida puedan corregir su situación. A cambio, luego de demostrar su buena fe, pagarían una contraprestación que iría como aporte al Fondo de Tierras, creado en el Acuerdo de Paz. Para críticos del proyecto, como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), eso es sinónimo de “perdón y olvido” de las situaciones irregulares que han ocurrido con la tierra en Colombia, la cual ha estado en el centro del conflicto armado. De hecho, la CCJ y otras 37 organizaciones, como la Anuc, Indepaz, Codhes, Cumbre Agraria y la ONIC, firmaron un pronunciamiento conjunto en rechazo al borrador.

En cuanto a otro de los puntos que han generado desacuerdo, la posibilidad de que personas con grandes patrimonios puedan usar la tierra de dicho fondo, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, hizo una claridad al final de una reunión que sostuvo con la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes la semana pasada. Según Samper, no debe olvidarse que un decreto de este año, el 902, creó un registro de beneficiarios de reforma agraria, el cual otorgó prioridad en el acceso a la tierra a los más vulnerables. “Si el listado se agota y queda tierra disponible, entonces entran a operar figuras distintas a las transferencias del dominio (propiedad) sobre las tierras, como los derechos de uso que contempla este proyecto”, dijo Samper.

Sin embargo, el documento agrega: “Los proyectos (asociativos) que incorporen mayoritariamente sujetos de acceso o formalización a título gratuito (es decir, a los más pobres) no quedarán sujetos a la previa atención de la demanda de predios solicitados en propiedad”. Respecto a las suspicacias que despierta esa excepción, Samper afirmó que se trata de una fórmula para priorizar casos como el de un grupo de campesinos sin tierra que plantean que se les den los derechos de uso mientras cumplen los requisitos para obtener una propiedad.

La figura también había dado lugar a interpretaciones como que las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (zidres), creadas por ley el año pasado, ya no generarían interés, pues el nuevo proyecto de ley dejaría usar la tierra con muchos menos requisitos. Al respecto, Samper respondió que la diferencia entre ambas figuras es que permitir el uso de las tierras implica garantizar con anterioridad el acceso a tierra por parte de los más vulnerables. “Si se satisface (esa demanda) se puede entrar a mirar formas (de acceso a tierra) que no transfieren el dominio”.

En el debate se ha señalado también la existencia de un supuesto “mico”. De acuerdo con el representante Alirio Uribe, el proyecto de ley “restringe el derecho de las víctimas a presentar solicitudes, pues dice que sólo tendrán un año para solicitar restitución desde que se abren las zonas por parte de la Unidad de Restitución. Y luego dice que en donde ya se está haciendo la restitución sólo tendrán tres meses para reclamar. Esto pone unos límites que no toman en cuenta las dificultades de las víctimas para acercarse a la institucionalidad, y no se entiende por qué si la ley va hasta 2021, aquí quieren ir cerrando la restitución”.

Al respecto, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, explicó que las políticas de transición, como la Ley de Víctimas, por lo general establecen plazos para presentar reclamaciones, y ahora se busca establecer ese término en vista de que esa norma, la 1448 de 2011, dejó un vacío. “Las personas han tenido seis años para reclamar (…) ¿Qué sentido tiene tener una burocracia esperando que alguien vaya (a reclamar)? Si ya se resolvió, es mejor cerrar el registro para que, a la hora de comprar y vender inmuebles, haya certidumbre de quiénes ya están en las zonas”.

Así las cosas, son varios los retos pendientes para lograr un consenso en la discusión. Esto, no solo de cara a la consulta previa, sino al debate que dará el Congreso de la República, para determinar el curso de uno de los componentes fundamentales del Acuerdo de Paz y que ha estado en la base del conflicto colombiano, la tierra.