Libranzas, el otro dolor de cabeza del Banco Agrario

Además del préstamo de $120.000 millones que el Banco Agrario hizo a la sociedad Navelena, compuesta en 87 % por la firma brasileña Odebrecht, señalada de haber dado en el país cerca de US$11 millones en sobornos a cambio de contratos de infraestructura, una millonaria transacción con la firma de libranzas Estraval, en liquidación, tiene de nuevo en la mira al único banco público del país. El cálculo de la estafa que esa compañía habría ejecutado, según las reclamaciones de los afectados, asciende a $600.000 millones, casi el doble de lo defraudado en el caso del Fondo Premium. (Lea Los otros guiños del Banco Agrario al sector de la infraestructura)

En respuesta a este diario, el Banco Agrario de Colombia afirmó que “realizó la primera compra de cartera originada por libranza a la Sociedad Estratégica de Valores, Estraval, en junio de 2014”. Estraval entró en liquidación en agosto del año pasado, por orden de la Superintendencia de Sociedades, luego de que se comprobara que la compañía prometió rentabilidades que no correspondían con la realidad económica y captó recursos del público ilegalmente. Es decir, funcionó como una pirámide.

El ente de control ya había sometido a Estraval y sus directivos, desde marzo de 2015, a medidas de fiscalización, investigación, multas y reorganización. Finalmente se supo que la firma de libranzas recibió recursos que no correspondían a ventas reales o porque vendió pagarés en mora, que ya estaban cancelados o el mismo pagaré a más de un inversionista.

La Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto y el pasado 23 de enero informó de la captura de siete personas, quienes se declararon inocentes en los procesos que se les adelanta, según el caso, por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El Banco Agrario explicó que suspendió en abril de 2015 el negocio con Estraval iniciado en junio de 2014, “al detectar que no acataron las recomendaciones realizadas en materia de riesgo operativo”. De por medio está una cartera atomizada en 5.097 pagarés libranza, que ascienden a un saldo aproximado de $15.000 millones. Eso, según la entidad bancaria, representa, en su portafolio de Banca de Personas, el 0,8 %; en la cartera total, el 0,11 %, y en los activos, el 0,07 %.

El Banco Agrario informó que en septiembre de 2016 solicitó a la Superintendencia de Sociedades “ser reconocido (como afectado), atendiendo el contrato de compra de cartera a descuento, el cual se encuentra representado en pagarés endosados a favor del banco”. Finalmente, la entidad aseguró que está a la espera del pronunciamiento de la Supersociedades respecto a las reclamaciones que presentó.

En el fraude de Estraval, por tratarse de una captación de dinero, los inversionistas son quienes tienen prioridad para ser reparados. En otros sonados casos, como el del Fondo Premium, en el que se pusieron en juego $320.000 millones, según la Superintendencia de Sociedades, se ha logrado que 731 víctimas, de un total de 1.034, recuperen el 100 % de lo invertido; que a 64 víctimas se les pague entre el 80 y el 99 %; a 74, entre el 60 y el 80 %; a 72 entre el 40 y el 60 %, y al resto, entre el 1 y el 40 %.

En el escándalo de las libranzas los ojos también han estado puestos en el papel de las autoridades, debido a que los cerebros de Estraval estuvieron también detrás de la fiduciaria Fidupaís, que administraba recursos. Desde su creación, la vigilancia de la fiduciaria fue competencia de la Superintendencia Financiera. La Supersolidaria ha tenido la responsabilidad de vigilar las cooperativas generadoras de los pagarés, que también están en liquidación.

La Supersociedades, por su parte, además de vigilar a las sociedades y llevar a cabo los procesos de liquidación, expidió el decreto 1348 de agosto 2016, en busca de más transparencia en el negocio de las libranzas, medida que ha sido calificada como “ingenua” por instituciones como la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin). Según ésta, los problemas en el sector de libranzas son consecuencia “de las empresas promovidas por la misma Ley (1527 de 2012) que facilita la intervención de actores inescrupulosos en el escenario de un mecanismo que ha demostrado su eficiencia hasta tal punto que las empresas de crédito tradicional como la banca, desde hace varios años, ha (sic) ido penetrando el mercado”.

Por lo pronto, la suerte de los $15.000 millones del Banco Agrario invertidos en libranzas se sabrá después de que se embarguen y avalúen los bienes que las autoridades logren recuperar para los afectados. En el caso de Navelena, la entidad bancaria ha expresado que, ante el incumplimiento del pago en diciembre, dio inicio al cobro de la garantía que respaldó el crédito con la sociedad compuesta mayoritariamente por Odebrecht. Mientras tanto, directivos y exdirectivos del banco han sido llamados por la Procuraduría General de la Nación para indagar cómo se dio la aprobación del millonario préstamo.

Además del préstamo de $120.000 millones que el Banco Agrario hizo a la sociedad Navelena, compuesta en 87 % por la firma brasileña Odebrecht, señalada de haber dado en el país cerca de US$11 millones en sobornos a cambio de contratos de infraestructura, una millonaria transacción con la firma de libranzas Estraval, en liquidación, tiene de nuevo en la mira al único banco público del país. El cálculo de la estafa que esa compañía habría ejecutado, según las reclamaciones de los afectados, asciende a $600.000 millones, casi el doble de lo defraudado en el caso del Fondo Premium. (Lea Los otros guiños del Banco Agrario al sector de la infraestructura)

En respuesta a este diario, el Banco Agrario de Colombia afirmó que “realizó la primera compra de cartera originada por libranza a la Sociedad Estratégica de Valores, Estraval, en junio de 2014”. Estraval entró en liquidación en agosto del año pasado, por orden de la Superintendencia de Sociedades, luego de que se comprobara que la compañía prometió rentabilidades que no correspondían con la realidad económica y captó recursos del público ilegalmente. Es decir, funcionó como una pirámide.

El ente de control ya había sometido a Estraval y sus directivos, desde marzo de 2015, a medidas de fiscalización, investigación, multas y reorganización. Finalmente se supo que la firma de libranzas recibió recursos que no correspondían a ventas reales o porque vendió pagarés en mora, que ya estaban cancelados o el mismo pagaré a más de un inversionista.

La Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto y el pasado 23 de enero informó de la captura de siete personas, quienes se declararon inocentes en los procesos que se les adelanta, según el caso, por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El Banco Agrario explicó que suspendió en abril de 2015 el negocio con Estraval iniciado en junio de 2014, “al detectar que no acataron las recomendaciones realizadas en materia de riesgo operativo”. De por medio está una cartera atomizada en 5.097 pagarés libranza, que ascienden a un saldo aproximado de $15.000 millones. Eso, según la entidad bancaria, representa, en su portafolio de Banca de Personas, el 0,8 %; en la cartera total, el 0,11 %, y en los activos, el 0,07 %.

El Banco Agrario informó que en septiembre de 2016 solicitó a la Superintendencia de Sociedades “ser reconocido (como afectado), atendiendo el contrato de compra de cartera a descuento, el cual se encuentra representado en pagarés endosados a favor del banco”. Finalmente, la entidad aseguró que está a la espera del pronunciamiento de la Supersociedades respecto a las reclamaciones que presentó.

En el fraude de Estraval, por tratarse de una captación de dinero, los inversionistas son quienes tienen prioridad para ser reparados. En otros sonados casos, como el del Fondo Premium, en el que se pusieron en juego $320.000 millones, según la Superintendencia de Sociedades, se ha logrado que 731 víctimas, de un total de 1.034, recuperen el 100 % de lo invertido; que a 64 víctimas se les pague entre el 80 y el 99 %; a 74, entre el 60 y el 80 %; a 72 entre el 40 y el 60 %, y al resto, entre el 1 y el 40 %.

En el escándalo de las libranzas los ojos también han estado puestos en el papel de las autoridades, debido a que los cerebros de Estraval estuvieron también detrás de la fiduciaria Fidupaís, que administraba recursos. Desde su creación, la vigilancia de la fiduciaria fue competencia de la Superintendencia Financiera. La Supersolidaria ha tenido la responsabilidad de vigilar las cooperativas generadoras de los pagarés, que también están en liquidación.

La Supersociedades, por su parte, además de vigilar a las sociedades y llevar a cabo los procesos de liquidación, expidió el decreto 1348 de agosto 2016, en busca de más transparencia en el negocio de las libranzas, medida que ha sido calificada como “ingenua” por instituciones como la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin). Según ésta, los problemas en el sector de libranzas son consecuencia “de las empresas promovidas por la misma Ley (1527 de 2012) que facilita la intervención de actores inescrupulosos en el escenario de un mecanismo que ha demostrado su eficiencia hasta tal punto que las empresas de crédito tradicional como la banca, desde hace varios años, ha (sic) ido penetrando el mercado”.

Por lo pronto, la suerte de los $15.000 millones del Banco Agrario invertidos en libranzas se sabrá después de que se embarguen y avalúen los bienes que las autoridades logren recuperar para los afectados. En el caso de Navelena, la entidad bancaria ha expresado que, ante el incumplimiento del pago en diciembre, dio inicio al cobro de la garantía que respaldó el crédito con la sociedad compuesta mayoritariamente por Odebrecht. Mientras tanto, directivos y exdirectivos del banco han sido llamados por la Procuraduría General de la Nación para indagar cómo se dio la aprobación del millonario préstamo.