Lista la regulación que permite implementar energías renovables en Colombia

El Gobierno, a través del Ministerio de Minas, hizo público el decreto que reglamenta la introducción de las energías renovables a la matriz energética del país. Esta era una pieza de regulación largamente esperada en un sector que, justamente, reclamaba reglas más claras para empezar a jugar en un terreno con mucho potencial futuro.

Si bien el decreto (0570 de 2018) no establece los detalles cruciales, la filigrana del asunto, sí da los lineamientos básicos para diversificar la matriz energética de Colombia, de cara a la adaptación del país al cambio climático y a los compromisos que ha adquirido en los pactos internacionales como el llamado COP21 (reducción de 20 % emisiones de gases de efecto invernadero para 2030).

En esencia, el decreto establece los lineamientos para “promover la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables y complementarias a las actuales”, se lee en un comunicado del Ministerio de Minas. Según Germán Arce, ministro de Mina, "se trata de la herramienta que complementa las señales de política pública que le permite al país entrar con firmeza en la era de la generación con energías renovables".

Entre los objetivos del decreto se destaca “fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica ante eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo”. O sea, crear nuevas fuentes de energía para resistir una sequía, como la que se vivió en el pasado fenómeno de El Niño. El mismo documento reconoce que, según instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, han diagnosticado que la generación de energía eléctrica en Colombia está demasiado concentrada y recomienda su diversificación.

Lea también: El reto de diversificar la oferta energética

De acuerdo con un informe de SER Colombia, una agremiación de empresas locales y extranjeras que buscan el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables, “el reciente fenómeno de El Niño evidenció que la matriz energética colombiana necesita ser diversificada con energías renovables no convencionales, que sean complementarias para las ya existentes. Estas fuentes de energía tienen un gran potencial en el país, y una participación mínima actualmente”.

Para mediados del año pasado, la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME) daba cuenta de cerca de 200 proyectos de energías renovables no convencionales inscritos ante esta entidad. Si todos estos entraran a funcionar, se estaría hablando de un potencial energético de alrededor de 4.000 megavatios de potencia (40 % de la demanda de potencia del país) y de inversiones por el orden de US$6.000 millones.

Según el nuevo decreto, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) tiene hasta el 31 de julio de este año para establecer el esquema mediante el cual se trasladan los “costos eficientes de compra de energía” a la tarifa de los usuarios finales. El documento le da un plazo de un año al Ministerio de Minas, la CREG y la UPME para actualizar la normatividad vigente “que permita, entre otros, el planeamiento, conexión, operación y medición para la integración de los proyectos de generación de energía eléctrica…”.

El Gobierno, a través del Ministerio de Minas, hizo público el decreto que reglamenta la introducción de las energías renovables a la matriz energética del país. Esta era una pieza de regulación largamente esperada en un sector que, justamente, reclamaba reglas más claras para empezar a jugar en un terreno con mucho potencial futuro.

Si bien el decreto (0570 de 2018) no establece los detalles cruciales, la filigrana del asunto, sí da los lineamientos básicos para diversificar la matriz energética de Colombia, de cara a la adaptación del país al cambio climático y a los compromisos que ha adquirido en los pactos internacionales como el llamado COP21 (reducción de 20 % emisiones de gases de efecto invernadero para 2030).

En esencia, el decreto establece los lineamientos para “promover la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables y complementarias a las actuales”, se lee en un comunicado del Ministerio de Minas. Según Germán Arce, ministro de Mina, "se trata de la herramienta que complementa las señales de política pública que le permite al país entrar con firmeza en la era de la generación con energías renovables".

Entre los objetivos del decreto se destaca “fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica ante eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo”. O sea, crear nuevas fuentes de energía para resistir una sequía, como la que se vivió en el pasado fenómeno de El Niño. El mismo documento reconoce que, según instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, han diagnosticado que la generación de energía eléctrica en Colombia está demasiado concentrada y recomienda su diversificación.

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De acuerdo con un informe de SER Colombia, una agremiación de empresas locales y extranjeras que buscan el desarrollo de las fuentes no convencionales de energías renovables, “el reciente fenómeno de El Niño evidenció que la matriz energética colombiana necesita ser diversificada con energías renovables no convencionales, que sean complementarias para las ya existentes. Estas fuentes de energía tienen un gran potencial en el país, y una participación mínima actualmente”.

Para mediados del año pasado, la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME) daba cuenta de cerca de 200 proyectos de energías renovables no convencionales inscritos ante esta entidad. Si todos estos entraran a funcionar, se estaría hablando de un potencial energético de alrededor de 4.000 megavatios de potencia (40 % de la demanda de potencia del país) y de inversiones por el orden de US$6.000 millones.

Según el nuevo decreto, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) tiene hasta el 31 de julio de este año para establecer el esquema mediante el cual se trasladan los “costos eficientes de compra de energía” a la tarifa de los usuarios finales. El documento le da un plazo de un año al Ministerio de Minas, la CREG y la UPME para actualizar la normatividad vigente “que permita, entre otros, el planeamiento, conexión, operación y medición para la integración de los proyectos de generación de energía eléctrica…”.