Lo que debe saber sobre el aumento del salario mínimo para 2021

El incremento del 3,5 % del salario mínimo para 2021, que lo deja en $908.526, tenía el reto de considerar los argumentos de los empresarios y los de los trabajadores representados por las centrales obreras. Estos últimos apuntaban a un aumento cercano al 14 %, para que el salario quedara en un millón de pesos, mientras que los gremios privados cedieron un poco: pasaron de poner un 2 % sobre la mesa a un 2,7 %. Aunque la cifra fijada por el Gobierno está 0,8 puntos por encima de la propuesta de los empresarios, sin duda se ubicó más cerca de la postura privada.

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El auxilio de transporte (Decreto 1786 de 2020), que reciben quienes ganan menos de dos salarios mínimos, también se trepó un 3,5 %, hasta los $106.454, aún lejos de los $120.000 que pedían los sindicatos.

Pese a que el pasado 18 de diciembre el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, había dicho que, después de siete sesiones sin consenso, la puerta para la concertación seguiría abierta, fue inevitable que el Ejecutivo fijara el incremento por decreto (Decreto 1785 de 2020), sin acuerdo, antes del plazo que vencía este 30 de diciembre. El Gobierno resaltó que, teniendo en cuenta una inflación (aumento del costo de vida) causada para el año anterior en 1,5 %, el aumento real del poder adquisitivo de los trabajadores será de 2 % (al restarle 1,5 al 3,5 de incremento). Hay que tener en cuenta que en Colombia cerca de dos millones de personas ganan el salario mínimo.

Los argumentos en tensión eran, por el lado de los empresarios, la productividad negativa (-0,06 %), la inflación relativamente baja (consecuencia principalmente de la caída en el consumo), las perspectivas del crecimiento económico (cerca del -7 % para 2020 y un crecimiento del 4 al 5 % en 2021) y la necesidad por parte de las empresas de tener condiciones para mantener y generar puestos de trabajo. Del lado de las centrales obreras, el llamado era a dejar atrás la “ortodoxia económica”, dada la situación excepcional, de crisis, por la que atraviesa el país. Según los voceros de los trabajadores y los pensionados, los hogares necesitan más dinero en sus bolsillos para poder consumir más y, en consecuencia, reactivar la economía y que se generen nuevos empleos.

Otras peticiones de los trabajadores eran un subsidio a la totalidad de la nómina de las mipymes, establecer una renta básica en Colombia y la derogación del Decreto 1174 de 2020, que reglamenta el piso mínimo de protección social (dirigido a quienes ganan menos del salario mínimo debido a que trabajan tiempo parcial y no la jornada completa). En medio de los intentos de concertación, el Gobierno fue enfático en que ya ha puesto en marcha auxilios como Ingreso Solidario, giros extraordinarios de transferencias como Familias en Acción, devolución del IVA, así como apoyos a la nómina de las empresas y al pago de la prima de servicios. Por el lado del Decreto 1174, según el ministro Cabrera, con su expedición solo se cumplió un mandato legal (del Plan de Desarrollo), poniendo una fecha para que el piso de protección social se ponga en marcha (febrero de 2021).

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comentó que el incremento fijado equivale a un aumento de mil pesos diarios, lo cual considera “indignante”. “Desconoce las necesidades de la reactivación de la economía y no introduce dinero en los bolsillos de los sectores menos favorecidos”. Anunció que en el primer trimestre de 2021 habrá movilizaciones, en señal de protesta por esta y otras medidas, en fechas que se definirían en enero.

Bruce Mac Master, presidente del gremio empresarial ANDI, aseguró que aunque durante 2020 muchas empresas atravesaron momentos difíciles, incluso al punto de perder viabilidad, el incremento salarial “es un acto de solidaridad con los trabajadores colombianos, en línea con lo que ha venido sucediendo durante los últimos 20 años, en los que ha habido incrementos que han permitido que en términos reales el salario haya venido creciendo”. Añadió que el 3,5 % de aumento es “responsable” desde el punto de vista de generación de empleo, es decir, cree que habrá inversión que ayudará a recuperar los cerca de 1,5 millones de puestos destruidos en la pandemia que aún no se han recuperado.

En el marco del debate del salario mínimo, algunas visiones, como la de Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, hicieron un llamado a no olvidar que cerca de la mitad de los trabajadores en el país ganan menos del mínimo. “El salario mínimo es importante, pero el foco grande debe estar en la informalidad y en quienes perdieron el empleo, para que puedan pasar a la formalidad”, dijo la economista a este diario en vísperas del inicio de la concertación. Recordó lo importante que resultó la formalidad durante la pandemia, pues sirve no solo para pagar impuestos, por ejemplo, sino también para ser visible cuando sea necesario recibir auxilios como el de Ingreso Solidario.

Desindexación del salario

Tradicionalmente, a principios de año, el incremento del salario mínimo es sinónimo de que algunas tarifas también subirán, como las de las multas y comparendos de tránsito, los aportes a pensión, entre otras. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) estableció en su artículo 49 que todos los “cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT)” y que “en adelante las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”.

La UVT es definida por la DIAN a finales de cada año y sube con base en la inflación (variación del IPC) de 12 meses con corte a octubre. Para 2021, esta unidad de medida quedó en $36.308, tras un aumento del 1,97 %, basado en el comportamiento del IPC.

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Aunque la UVT debía entrar a regir como unidad de medida para las tarifas expresadas en salarios mínimos a partir de este año, no fue hasta agosto de 2020 que el asunto se reglamentó. Ahora, se espera que desde el 1.° de enero de 2021 se empiece a implementar esta desindexación del salario mínimo. Por todo esto el Gobierno destacó que en 2021 las tarifas que en las condiciones anteriores subirían 3,5 % (tomando como referencia el salario) ahora subirán menos (1,97 %), pues se toma como referencia la UVT.

El incremento del 3,5 % del salario mínimo para 2021, que lo deja en $908.526, tenía el reto de considerar los argumentos de los empresarios y los de los trabajadores representados por las centrales obreras. Estos últimos apuntaban a un aumento cercano al 14 %, para que el salario quedara en un millón de pesos, mientras que los gremios privados cedieron un poco: pasaron de poner un 2 % sobre la mesa a un 2,7 %. Aunque la cifra fijada por el Gobierno está 0,8 puntos por encima de la propuesta de los empresarios, sin duda se ubicó más cerca de la postura privada.

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El auxilio de transporte (Decreto 1786 de 2020), que reciben quienes ganan menos de dos salarios mínimos, también se trepó un 3,5 %, hasta los $106.454, aún lejos de los $120.000 que pedían los sindicatos.

Pese a que el pasado 18 de diciembre el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, había dicho que, después de siete sesiones sin consenso, la puerta para la concertación seguiría abierta, fue inevitable que el Ejecutivo fijara el incremento por decreto (Decreto 1785 de 2020), sin acuerdo, antes del plazo que vencía este 30 de diciembre. El Gobierno resaltó que, teniendo en cuenta una inflación (aumento del costo de vida) causada para el año anterior en 1,5 %, el aumento real del poder adquisitivo de los trabajadores será de 2 % (al restarle 1,5 al 3,5 de incremento). Hay que tener en cuenta que en Colombia cerca de dos millones de personas ganan el salario mínimo.

Los argumentos en tensión eran, por el lado de los empresarios, la productividad negativa (-0,06 %), la inflación relativamente baja (consecuencia principalmente de la caída en el consumo), las perspectivas del crecimiento económico (cerca del -7 % para 2020 y un crecimiento del 4 al 5 % en 2021) y la necesidad por parte de las empresas de tener condiciones para mantener y generar puestos de trabajo. Del lado de las centrales obreras, el llamado era a dejar atrás la “ortodoxia económica”, dada la situación excepcional, de crisis, por la que atraviesa el país. Según los voceros de los trabajadores y los pensionados, los hogares necesitan más dinero en sus bolsillos para poder consumir más y, en consecuencia, reactivar la economía y que se generen nuevos empleos.

Otras peticiones de los trabajadores eran un subsidio a la totalidad de la nómina de las mipymes, establecer una renta básica en Colombia y la derogación del Decreto 1174 de 2020, que reglamenta el piso mínimo de protección social (dirigido a quienes ganan menos del salario mínimo debido a que trabajan tiempo parcial y no la jornada completa). En medio de los intentos de concertación, el Gobierno fue enfático en que ya ha puesto en marcha auxilios como Ingreso Solidario, giros extraordinarios de transferencias como Familias en Acción, devolución del IVA, así como apoyos a la nómina de las empresas y al pago de la prima de servicios. Por el lado del Decreto 1174, según el ministro Cabrera, con su expedición solo se cumplió un mandato legal (del Plan de Desarrollo), poniendo una fecha para que el piso de protección social se ponga en marcha (febrero de 2021).

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comentó que el incremento fijado equivale a un aumento de mil pesos diarios, lo cual considera “indignante”. “Desconoce las necesidades de la reactivación de la economía y no introduce dinero en los bolsillos de los sectores menos favorecidos”. Anunció que en el primer trimestre de 2021 habrá movilizaciones, en señal de protesta por esta y otras medidas, en fechas que se definirían en enero.

Bruce Mac Master, presidente del gremio empresarial ANDI, aseguró que aunque durante 2020 muchas empresas atravesaron momentos difíciles, incluso al punto de perder viabilidad, el incremento salarial “es un acto de solidaridad con los trabajadores colombianos, en línea con lo que ha venido sucediendo durante los últimos 20 años, en los que ha habido incrementos que han permitido que en términos reales el salario haya venido creciendo”. Añadió que el 3,5 % de aumento es “responsable” desde el punto de vista de generación de empleo, es decir, cree que habrá inversión que ayudará a recuperar los cerca de 1,5 millones de puestos destruidos en la pandemia que aún no se han recuperado.

En el marco del debate del salario mínimo, algunas visiones, como la de Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo, hicieron un llamado a no olvidar que cerca de la mitad de los trabajadores en el país ganan menos del mínimo. “El salario mínimo es importante, pero el foco grande debe estar en la informalidad y en quienes perdieron el empleo, para que puedan pasar a la formalidad”, dijo la economista a este diario en vísperas del inicio de la concertación. Recordó lo importante que resultó la formalidad durante la pandemia, pues sirve no solo para pagar impuestos, por ejemplo, sino también para ser visible cuando sea necesario recibir auxilios como el de Ingreso Solidario.

Desindexación del salario

Tradicionalmente, a principios de año, el incremento del salario mínimo es sinónimo de que algunas tarifas también subirán, como las de las multas y comparendos de tránsito, los aportes a pensión, entre otras. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019) estableció en su artículo 49 que todos los “cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT)” y que “en adelante las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente”.

La UVT es definida por la DIAN a finales de cada año y sube con base en la inflación (variación del IPC) de 12 meses con corte a octubre. Para 2021, esta unidad de medida quedó en $36.308, tras un aumento del 1,97 %, basado en el comportamiento del IPC.

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Aunque la UVT debía entrar a regir como unidad de medida para las tarifas expresadas en salarios mínimos a partir de este año, no fue hasta agosto de 2020 que el asunto se reglamentó. Ahora, se espera que desde el 1.° de enero de 2021 se empiece a implementar esta desindexación del salario mínimo. Por todo esto el Gobierno destacó que en 2021 las tarifas que en las condiciones anteriores subirían 3,5 % (tomando como referencia el salario) ahora subirán menos (1,97 %), pues se toma como referencia la UVT.