Lo que pagaría en la factura de la luz para subsidiar Transmilenio, Metro y más

¿Y si el transporte público masivo en las ciudades fuera un servicio gratuito? Es la pregunta que recientemente puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro, al argumentar que esto sería posible gracias al pago de “una pequeña cuota” en la factura de la energía. De esta forma, para el mayor mandatario, el pago real de dicha “gratuidad” estaría distribuido en toda la sociedad, siendo progresiva, ya que en dicha factura se le cobra más a los hogares de estratos altos.

¿Y si el transporte público masivo en las ciudades fuera un servicio gratuito? Es la pregunta que recientemente puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro, al argumentar que esto sería posible gracias al pago de “una pequeña cuota” en la factura de la energía. De esta forma, para el mayor mandatario, el pago real de dicha “gratuidad” estaría distribuido en toda la sociedad, siendo progresiva, ya que en dicha factura se le cobra más a los hogares de estratos altos.

“Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarán a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, es lo que propone el presidente que, en principio, parece algo razonable, alcanzable y también una suerte de panacea para los principales malestares que padecen los grandes sistemas del país, como el de Transmilenio.

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Entre las primeras reacciones está lo que pareciera ser un espaldarazo de los alcaldes de Medellín y Bogotá, ya que para Daniel Quintero esta es una idea que vale la pena materializar pronto, mientras que Claudia López dijo que en la capital está la disposición de precisar los números y hacer el piloto de esta iniciativa.

No obstante, son muchos los peros que se han levantado, pues por más mágica que parezca la solución, la aplicación no es tan sencilla. La propia alcaldesa de Bogotá realizó un cálculo rápido y precisó que la “pequeña cuota” de la que habla el presidente daría un promedio de $200.000 mensuales en la capital, algo “imposible” de pagar. Pero en aras de madurar esa idea propuso que más bien se piense en una combinación de varias fuentes de financiación, en donde participe el Gobierno Nacional, el local y los hogares.

“Lograr acceso universal en el transporte público ya está definido por Bogotá como meta a lograr al 2030, pero si la podemos anticipar ¡mucho mejor!”, concluyó la alcaldesa, al decir que seguirá revisando las cifras para hacer una contrapropuesta más madura, con la intención de arrancar con ese proyecto lo antes posible.

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Si se toma Transmilenio como un referente se encuentra que, según su informe de rendición de cuentas, para el año 2022 registró gastos por más de $5,54 billones, así como un recaudo (ingresos) por cerca de $5,27 billones (el grueso, que son casi $3 billones, provinieron de transferencias de la nación y del distrito, mientras que poco más de medio billón de pesos los aportaron los usuarios con el pago del pasaje).

Si se tiene en cuenta que, según la más reciente medición del DANE, en la capital hay 2,8 millones de hogares, da el resultado que informa la alcaldesa, es decir más de $164.000 adicionales que se tendrían que pagar mensualmente, en promedio, en la factura de energía para alcanzar la “gratuidad” de la que habla el presidente. No obstante, no se puede interpretar estos cálculos como definitivos, pues hay una serie de variables que también hay que tener en cuenta.

También había que incluir los déficit financieros que presentan estos sistemas de transporte, así como la carga que representan para el presupuesto de la nación; pues tampoco hay que perder de vista que tras el impacto de la pandemia la demanda (y por tanto el recaudo) de los sistemas se vieron golpeados, pues muchos comenzaron a implementar prácticas como el trabajo y estudio en casa.

Solo en el SITP, en Bogotá, antes de la emergencia sanitaria se necesitaban $900.000 millones para el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), pero este año se necesitan $2,9 billones.

Lo que dicen los expertos

Según el experto en temas de movilidad, Plinio Alejandro Bernal, resulta complejo que se aplique el cobro a las personas que son, ya que muchas familias no utilizan el transporte público masivo y el hecho de que pase a ser “gratuito” no significa que ahora empiecen a usarlo más.

También habría que identificar los segmentos de la población que pagaría más o menos por este subsidio, ya que también se corre el riesgo de que termine siendo regresivo (que beneficie más a poblaciones de mayores ingresos), o que de entrada resulte contraproducente, es decir, que los más pobres y vulnerables paguen más de lo que pagan ahora por el servicio (teniendo en cuenta que para los hogares de menos recursos el gasto en transporte puede representar el 25 % de sus ingresos).

Es por lo anterior que para este experto resulta importante revisar variables como ingresos, línea de pobreza, tasa de utilización del sistema y regresividad del impuesto, entre otros; además de convencer a quienes en principio se opondrían a la iniciativa, que son los que han venido solucionando sus necesidades de movilidad con bicicletas, motos y carros.

Por su parte el director de maestría logística de la Universidad Javeriana, Nicolás Rincón, señala que la infraestructura del transporte público, en ciudades como Bogotá, no cuenta con la capacidad para recibir más pasajeros, por lo que hay elementos de base en los que se debe invertir antes de pensar en gratuidad. “Se terminaría ofreciendo un mal servicio, que es el problema que tiene la capital”.

“El transporte público gratuito se ofrece cuando primero hay una buena adecuación e infraestructura. En Colombia estamos lejos de cumplir esas condiciones”, concluye.

Otros académicos, como el profesor de Transporte de la Universidad Javeriana Darío Hidalgo, argumentan que aunque es cierto que hay problemas de fondo a los que se debe prestar atención, la propuesta del presidente merece un estudio detallado, pues hay otros países en el mundo que ya la vienen implementando. Además, hay una serie de beneficios financieros que acompañan la medida, como lo es la eliminación de los costos asociados al recaudo (personal de taquillas e infraestructura como torniquetes y tarjetas de pago), así como inversión en seguridad para controlar la evasión.

Sin embargo, coincide en que se corre el riesgo de que se vea sacrificada la calidad del servicio (cobertura de las rutas, frecuencia de los buses, tiempos de recorrido, seguridad y confiabilidad en el sistema).

Finalmente el profesor de la Universidad de los Andes, Luis Guzmán, rescata que se están buscando fuentes alternativas para financiar la operación del transporte público en Colombia, ya que este presenta una alta dependencia de las transferencias de la nación, así como constantes déficits financieros para su operación. Sin embargo, destaca que pensar en “gratuidad” en un país de escasos recursos no es algo que tenga mucho sentido, como sí lo sería buscar fuentes alternas que permitan sanear los problemas que tiene el sistema y su operación.

En suma, más allá de lo asequible o no que pueda ser el sistema de transporte masivo para la población, la calidad sigue siendo una de las principales preocupaciones, sin dejar de lado que la iniciativa del presidente tiene el potencial de estar acompañada por diversos beneficios, como un desestímulo al uso del vehículo, así como favorecer las economías de los hogares de menores ingresos en las principales ciudades del país.

De momento la propuesta planteada por el presidente da para que usted pague en el recibo de la luz de $160.000 a $200.000 adicionales para obtener esa “gratuidad en el sistema”, sin embargo, y como lo precisan las fuentes, esto es algo imposible para los hogares.

Un cálculo hecho por el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla (el cual incluye no solamente el número de familias por ciudad sino también predios), indica que en ciudades como Cartagena el incremento podría ser de $16.000 (por persona) en el recibo de la luz para alcanzar esa “gratuidad”.

Lo más probable es que si esta idea se sigue madurando se incluyan otros aportes que harían que este monto disminuya, teniendo en cuenta que si se busca que sea progresivo habrá hogares de estratos más altos que pagarán más, mientras que de los estratos más bajo puede que ni siquiera paguen por este servicio.

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