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Luego de una semana de ser uno de los temas principales de la agenda pública, uno de los vinculados al millonario contrato para proveer de internet escuelas rurales en todo el país dio la cara y salió en defensa de sí, para asegurar que están cumpliendo su parte. La empresa Centros Poblados, uno de los licitantes del acuerdo, al que también se presentó ETB, y que recibió un anticipo de $70.000 millones en febrero, manifestó que ese dinero “no se perdió”.
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“No es cierto que el anticipo recibido por valor de $70.000 millones esté embolatado o esté perdido como lo han manifestado algunos medios de comunicación, haciendo eco de la desinformación que ha incurrido MinTic, toda vez que dicho anticipo se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarios para la ejecución del contrato”, se lee en el comunicado de la empresa.
La W dijo que, para abril de 2021, luego de cuatro meses de firmar el contrato, el proyecto apenas iba en un 1 % de ejecución. A esto, la empresa respondió que “el MinTic realizó el desembolso de los recursos en febrero de 2021 y, solo hasta mayo de 2021, se dio uso a los mismos”.
Los equipos comprados, según Centros Poblados, son equipos de telecomunicaciones, eléctricos, de energía solar, materiales de ferretería e infraestructura. Productos comprados a Inelsa SAS, a la que pagó $58.000 millones, y a Inelsa, desembolsando $11.000 millones.
Según Centros Poblados, además de la compra de equipos, se han hecho instalaciones, que han sido, insistió, visitados por el Ministerio. “Se realizó el montaje de 1.002 centros digitales en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Chocó y Boyacá, con recursos diferentes al anticipo y representan la suma de $4.173 millones”.
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Del contrato, la empresa aclaró que se han hecho otros trabajos, como los estudios de campo para la instalación de los equipos de conexión a internet. “Por este concepto se han ejecutado $11.964 millones adicionales al anticipo y los costos administrativos del proyecto se encuentran por fuera de dicho anticipo”.
Con estas aclaraciones, la empresa le solicitó a la ministra Karen Abudinen, a quien señalan de responsable de desembolsar dinero a un licitante que para abril de 2021 solo había adjudicado el 1 % del contrato, “continuar con el acuerdo, para lo cual, la Unión Temporal facilitará todas las alternativas y herramientas jurídicas en salvaguarda de los intereses de los niños y comunidades necesitadas, pues se está demostrando que no hay recursos públicos en detrimento, ni actos de corrupción, como lo han sugerido los medios de comunicación”.