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Se cumplen diez días desde que el presidente Gustavo Petro sancionó (es decir, convirtió en ley) su Plan Nacional de Desarrollo (PND); propuesta que fue discutida y aprobada en el Congreso y que se traduce en la hoja de ruta que plasma las apuestas del gobierno hasta el año 2026.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana le puso la lupa a este documento con el fin de elaborar un análisis que sirviera de insumo para informar a la opinión pública. De allí surge el “Informe sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026″, el cual puede ser consultado en este link.
Parte de los aspectos que analizó el observatorio es el plan plurianual de inversiones que, en otras palabras, es un desagregado que muestra los proyectos o temáticas en las que se proyecta invertir durante el mandato, así como las fuentes que van a financiar esas inyecciones de capital.
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Sobre esto, el actual PND plantea una inversión total de $1.154 billones, monto que es $226 billones más bajo que el que tuvo el anterior gobierno. Sin embargo, el observatorio explica que esta disminución se debe a que el anterior plan hacía explícita la participación de recursos privados como una fuente adicional para apalancar inversiones públicas.
En efecto fue así, pues el grueso de las fuentes de financiación vinieron de recursos privados (33 %, que equivalen a $458 billones), mientras que un 32,1 % (la segunda contribución más grande), es decir $443 billones, fueron salieron del Presupuesto General de la Nación.
En contraste, el actual programa no recibe recursos de privados, mientras que el Presupuesto General de la Nación terminará desembolsando $577,4 billones, lo que equivale al 50 % de los aportes.
“Esto implica que en los próximos cuatro años la inversión pública se incrementará en un 25%. Por otro lado, la manera en la que se gastarán los recursos de este plan de inversiones es radicalmente diferente a la anterior. El anterior plan de desarrollo contemplaba un total de 16 “pactos” compuestos líneas y programas. El plan recientemente aprobado distribuye los $1.154 billones en 6 “ejes de transformación”, se lee en el informe.
Los seis ejes a los que hace referencia son:
Seguridad Humana y Justicia Social: $743,7 billones, que equivalen al 64 % del total de las inversiones
Convergencia regional: $138,4 billones (12 %)
Transformación productiva, internacionalización y acción climática: $114,4 billones (10 %)
Derecho humano a la alimentación: $46,1 billones (4 %)
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental: $28,8 billones (2 %)
Estabilidad macroeconómica: $83,4 billones (7 %).
“La diferencia programática en el direccionamiento del gasto público no es un asunto menor, pues muestra un cambio en las prioridades de este gobierno, en comparación con el anterior. En los próximos años la mayoría de las inversiones (64% del total) harán parte del eje de transformación sobre seguridad humana y justicia social que, en palabras del ejecutivo, “garantiza la dignidad humana, el ejercicio de las libertades y el desarrollo de las capacidades necesarias para que las personas y los hogares puedan llevar a cabo su plan de vida”. En contraste, en el anterior plan de desarrollo la mayoría de las inversiones (47% del total) se destinó al “pacto por la equidad” para financiar inversiones relacionadas con los sectores de educación, salud, inclusión social y reconciliación, vivienda, trabajo, deporte y recreación, entre otros. En este punto, desde el Observatorio Fiscal lamentamos que el plan de inversiones público del actual plan nacional de desarrollo no muestre el gasto desagregado por cada uno de los sectores del orden nacional. Esto hubiera permitido una mejor compresión del actual PPI con el anterior, en el que sí se discrimina el gasto por sectores”, detalló el observatorio.
Aciertos y preocupaciones
Según el observatorio, son varios los temas que podrían cuestionarse del PND de Gustavo Petro. Parte de estos tienen que ver con la creación de fondos dedicados a la administración de recursos públicos.
Lo que se busca con estos fondos es evitar la rigidez y dilaciones que implica la contratación pública convencional.
Si bien el observatorio reconoce que la implementación de este tipo de fondos puede ser beneficioso en casos muy particulares, como lo es la atención de riesgos y desastres, o agilidad en procesos de salud, también resalta que es riesgosa su proliferación, pues dificultan el control político y la veeduría ciudadana en la ejecución de esos dineros.
Este sector de la academia también teme que las contrataciones directas por mínimas cuantías se conviertan en focos de corrupción.
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“Relajar las reglas de contratación estatal y compras públicas es inconveniente y puede resultar en un foco de corrupción y malos manejos. Lamentamos que pese a que distintos sectores políticos y de la sociedad civil se dieron alertas sobre la aprobación de este artículo, el Congreso de la República y el Gobierno se hayan mostrado tan irreflexivos con el tema aprobando estas medidas”, se lee en el documento.
Sin embargo, también hay aspectos del PND que se destacan. Parte de esto tiene que ver con la creación de la Unidad de Valor Básico, que tiene el objetivo de mitigar el impacto que está generando la inflación.
Para entender mejor esto hay que recordar que en los últimos años el valor de muchos servicios ha estado atado al salario mínimo. Es decir, su aumento lo condiciona el que tenga el salario mínimo. En medio de un contexto donde la inflación presiona aumentos salariales considerables, el costo de todos aquellos servicios y cobros amarrados a este valor también se encarecen en sobremedida.
Para mitigar este fenómeno desde el PND se planteó la creación de una Unidad de Valor Básico, la cual inicia en $10.000 y aumentará año tras año con base en el IPC (inflación).
El observatorio califica esta medida como un acierto, aunque resalta que el Gobierno perdió una gran oportunidad para gastos que tiene la nación.
Otro de los aspectos positivos que resalta del PND es la creación del Registro Universal de Ingresos, el cual es un programa en el que se busca que la declaración de renta (o ingresos) sea universal (es decir, para todos los colombianos). Con esto se busca tener un mapa más claro de quienes tienen más y menos recursos en el país, para de esta manera focalizar mejor los subsidios.
“En Colombia se eliminó la declaración universal de renta de las personas naturales en la década de los ochenta con el fin de ejercer una fiscalización mucho más eficiente, aunque perdiendo una fuente de información valiosa para focalizar políticas públicas y subsidios. En este contexto, la focalización de políticas sociales y subsidios se ha hecho haciendo uso de otras herramientas como la estratificación, la Encuesta de Hogares, SISBEN, entre otros. Por esta razón, el plan de desarrollo recién aprobado crea el Registro Universal de Ingresos - RUI. Este registro será administrado por el DNP y tendrá el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social de forma tal que se convierta en el futuro en el único instrumento de focalización de estos”, concluye el informe.
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