Los costos de un mal liderazgo

Escándalos de corrupción como los carteles de los pañales, el papel higiénico y el más reciente de las empresas de vigilancia, son conductas ilegales en las que han incurrido algunos empresarios en Colombia. Estas malas prácticas tienen un común denominador: la falta de un liderazgo positivo que busque el bienestar común y construya mejores sociedades.

La práctica anticompetitiva, que tanta indignación provoca entre la comunidad, es la denominada colusión, que consiste en acuerdos hechos entre los empresarios en licitaciones públicas para estafar al Estado. Se ha investigado poco, pero la Fiscalía hizo este año, en el mes de agosto, la primera imputación por este delito al cartel de las empresas de vigilancia. Además, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue enfático al señalar que no habrá “más impunidad en las licitaciones públicas. No vamos a tolerar las malas prácticas. Perseguiremos a quienes restrinjan la libre competencia y asumirán las consecuencias”.

En Colombia, quienes incurran en colusión pagarán penas de seis a doce años. “El objetivo con estas condenas es mitigar la corrupción, que las personas que tenían esa práctica la abandonen”, recalca Juan Vicente Valbuena, fiscal delegado de la Dirección Nacional Contra la Corrupción. Esta forma de estafa privada tiene graves implicaciones en lo público y desequilibra el mercado. Debido a los carteles, “los estados pueden pagar entre el 20 y el 40 % de sobreprecio en las compras públicas”, explica Alberto Umaña, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los datos en Colombia son escalofriantes. Según la Fiscalía, en los últimos dos años las entidades territoriales han contratado con estas malas prácticas más de $20 billones. De ese monto, al menos $8,1 billones han sido contratados con oferente único, otra práctica que se está consolidando en todos los entes territoriales. El modo de actuar de estas redes es bastante vergonzoso. Quienes participan en las licitaciones acreditan experiencia en los diversos aspectos de la contratación pública, infraestructura, vivienda, acueductos, saneamiento básico, alimentación escolar y hasta programas de recreación, cuando en realidad no son expertos.

Para mitigar los riesgos de colusión es necesario implementar políticas públicas claras y capacitar a los funcionarios del Estado, quienes muchas veces no reconocen las prácticas que restringen la libre competencia. Según Antonio Capobianco, asesor sénior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para temas de competencia, “es determinante hacer pedagogía en el tema y trabajar de la mano con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De este modo, los gobiernos van a pagar menos por los bienes y servicios que necesiten y crearán entornos para desarrollar mejores negocios, más innovadores y sostenibles en el tiempo”.

La tarea que viene no es fácil. Pero la SIC reconoce que el trabajo en equipo, los incentivos en delación y el compromiso con el bienestar de los consumidores son los motores para acabar con la corrupción. “Tenemos una deuda con los colombianos en cuanto al fraude en licitaciones públicas y vamos a intensificar las investigaciones. Pero la tarea es lograr que los empresarias ejerzan un liderazgo responsable, con un propósito social”, dice el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Este año, la SIC ha impuesto multas por más de $3.000 millones en casos de colusión en contratación del Estado y se avecinan más investigaciones adelantadas junto con la Fiscalía General de la Nación.

Escándalos de corrupción como los carteles de los pañales, el papel higiénico y el más reciente de las empresas de vigilancia, son conductas ilegales en las que han incurrido algunos empresarios en Colombia. Estas malas prácticas tienen un común denominador: la falta de un liderazgo positivo que busque el bienestar común y construya mejores sociedades.

La práctica anticompetitiva, que tanta indignación provoca entre la comunidad, es la denominada colusión, que consiste en acuerdos hechos entre los empresarios en licitaciones públicas para estafar al Estado. Se ha investigado poco, pero la Fiscalía hizo este año, en el mes de agosto, la primera imputación por este delito al cartel de las empresas de vigilancia. Además, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue enfático al señalar que no habrá “más impunidad en las licitaciones públicas. No vamos a tolerar las malas prácticas. Perseguiremos a quienes restrinjan la libre competencia y asumirán las consecuencias”.

En Colombia, quienes incurran en colusión pagarán penas de seis a doce años. “El objetivo con estas condenas es mitigar la corrupción, que las personas que tenían esa práctica la abandonen”, recalca Juan Vicente Valbuena, fiscal delegado de la Dirección Nacional Contra la Corrupción. Esta forma de estafa privada tiene graves implicaciones en lo público y desequilibra el mercado. Debido a los carteles, “los estados pueden pagar entre el 20 y el 40 % de sobreprecio en las compras públicas”, explica Alberto Umaña, especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los datos en Colombia son escalofriantes. Según la Fiscalía, en los últimos dos años las entidades territoriales han contratado con estas malas prácticas más de $20 billones. De ese monto, al menos $8,1 billones han sido contratados con oferente único, otra práctica que se está consolidando en todos los entes territoriales. El modo de actuar de estas redes es bastante vergonzoso. Quienes participan en las licitaciones acreditan experiencia en los diversos aspectos de la contratación pública, infraestructura, vivienda, acueductos, saneamiento básico, alimentación escolar y hasta programas de recreación, cuando en realidad no son expertos.

Para mitigar los riesgos de colusión es necesario implementar políticas públicas claras y capacitar a los funcionarios del Estado, quienes muchas veces no reconocen las prácticas que restringen la libre competencia. Según Antonio Capobianco, asesor sénior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para temas de competencia, “es determinante hacer pedagogía en el tema y trabajar de la mano con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De este modo, los gobiernos van a pagar menos por los bienes y servicios que necesiten y crearán entornos para desarrollar mejores negocios, más innovadores y sostenibles en el tiempo”.

La tarea que viene no es fácil. Pero la SIC reconoce que el trabajo en equipo, los incentivos en delación y el compromiso con el bienestar de los consumidores son los motores para acabar con la corrupción. “Tenemos una deuda con los colombianos en cuanto al fraude en licitaciones públicas y vamos a intensificar las investigaciones. Pero la tarea es lograr que los empresarias ejerzan un liderazgo responsable, con un propósito social”, dice el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Este año, la SIC ha impuesto multas por más de $3.000 millones en casos de colusión en contratación del Estado y se avecinan más investigaciones adelantadas junto con la Fiscalía General de la Nación.