Los damnificados de la reforma tributaria

Una vez más, como lobo disfrazado de oveja, la reforma tributaria de 2021 ha empezado a ser catapultada a la opinión pública como “Reforma social, solidaria y sostenible”. Siguiendo las líneas generales de la fábula infantil, el Gobierno disfraza con adjetivos atractivos una ley que afectará el bolsillo de muchos colombianos, en especial de aquellos a los que ya hemos denominado en estas páginas como la población sándwich.

A grandes rasgos, la población sándwich se entiende como aquella que puede tener niveles de ingresos superiores a los de la línea de pobreza y vulnerabilidad, pero que no siempre tiene la estabilidad o la completa formalidad para catalogarlos como asalariados clásicos. Vale recordar que, según el DANE, la tasa de informalidad laboral llegó en el último trimestre de 2020 al 49,1 % en el país, y ciudades como Cúcuta y Sincelejo tienen cifras superiores al 65 %; muchos de estos informales son parte del grupo poblacional del que hablamos.

La población sándwich no solo es un fenómeno típico de los países de la periferia. En los países centrales que, a pesar de tener mayores elementos de ayuda y soporte a través de los estados de bienestar, también han surgido categorías como “el precariado”, a la que el profesor británico Guy Standing asocia con una clase que no tiene la homogeneidad de la clase trabajadora, ni tampoco la estabilidad ni los derechos adquiridos de los trabajadores de hace cuatro décadas. Es un renglón con diversidad educativa, pero con una movilidad social crecientemente compleja y con condiciones iguales o inferiores a las de sus padres. Sin duda, el precariado es parte de la población sándwich.

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Así, entonces, esta población afronta no solo la dificultad de vivir en el día a día, un ejercicio que se hace en muchas ocasiones bajo el signo de la deuda, sino que ahora, con la crisis impulsada por la pandemia, verán afectado su ingreso real con un mayor pago de impuestos.

De lo que se conoce de la reforma (presentaciones y declaraciones, no documentos), el Gobierno aspira a gravar varios bienes de la canasta que no lo estaban y aumentar la tasa hasta el 12 % en muchos bienes fundamentales en la cesta de consumo de un ciudadano promedio. Por otro lado, busca ampliar la base de renta en un país en el que el ingreso mínimo es muy cercano al medio. Estas medidas aumentan la presión sobre las ya deterioradas condiciones de muchos colombianos que forman parte de la población sándwich.

Hace unos días, uno de los economistas de la tecnocracia de la séptima en el Ministerio de Hacienda argumentaba en sus redes que si una persona ganaba $2,5 millones, este nivel de ingresos era superior al del 90 % de los colombianos y, por lo tanto, sería ético pedirles que contribuyan en asistir al resto de quienes también la han pasado mal en la pandemia. Vale la pena mencionar acá que, por el alcance de la reforma, esta no solo es para dar la mano a los mas perjudicados, sino para extendérsela también a los tenedores de deuda del país, pues más del 50 % del nuevo recaudo que se espera con la reforma se irá para pagar deuda.

Volviendo al punto, y aquí una de las paradojas más tristes de Colombia, ante los altos niveles de desigualdad en el país se puede ser parte del top 10 % de personas con mayores ingresos si su salario es de 2,5 salarios mínimos. Lo que esto oculta es que, teniendo este nivel de ingreso, también se puede ser parte de la población sándwich, y es por aquí que esta historia se complica.

Una familia de la población sándwich con cuatro miembros, y uno solo que recibe un salario de $2,5 millones en un ejercicio de aritmética simple puede gastar un tercio de su ingreso en un crédito hipotecario de una vivienda nueva en la periferia de una ciudad colombiana. Otro tercio se va en gastos de comida y transporte para su núcleo, y el último es para asuntos varios, entre ellos los que acarrean la educación, el cuidado, entre otros.

Le sugerimos leer: Cómo se encuentra la economía colombiana, de cara a la reforma tributaria

No hay que ir al detalle en esta asignación general para saber que es un ciudadano que no puede ahorrar y, con bastante seguridad, a su crédito hipotecario se le suman otras deudas. ¿Son entonces estos colombianos los que deben echar la mano al resto de víctimas de la crisis cuando a duras penas pueden con ellos mismos en este momento?

Una vez terminen los programas de acompañamiento a los deudores que han aplazado el empeoramiento de los índices de cartera vencida, los hogares no solo afrontarán de nuevo el choque de las deudas, sino que recibirán el baldado de agua fría con un mayor pago de IVA y posiblemente un pago de renta que, si bien puede ser pequeño como argumentan los economistas de la séptima, es significativo cuando se vive del día a día.

Los hogares de la población sándwich se ven impulsados entonces a una situación Ponzi, donde ni los aportes a capital ni a intereses en sus créditos pueden ser pagados con ingresos y así es que se cae en el juego de pagar deuda con deuda. Hoy es común que muchos colombianos pidan créditos de libre inversión para liberar sus tarjetas de crédito y poder seguir usándolas, pero ya con otro crédito a las espaldas. Es una práctica muy difundida por los asesores de los bancos, pues los intereses de algunos créditos bancarios son mejores que los de las tarjetas, pero crean mayor dependencia ante la banca.

La reforma se vende entonces bajo un mensaje en el que todos debemos poner para pagar los platos rotos de la crisis del COVID-19, pero a la vez los grandes grupos económicos ya mueven sus alfiles para que en el articulado final ellos tengan el menor daño colateral.

Los partidos cercanos a las élites financieras ya analizan la reforma acompañados de tributaristas, que asesoran a grandes bancos e inversionistas, como se supo por publicaciones en medios.

Si bien la reforma se anuncia como solidaria, poco o nada lo es, pues los pocos elementos redistributivos que tenga corren el enorme riesgo de esfumarse en el camino por un Congreso que está en año preelectoral y que ha ido discutiendo el texto de la ley en secreto, de espaldas a todos.

Al final, como lo ha mostrado el profesor Orlando Villabona, Colombia seguirá siendo un buen paraíso fiscal para los ricos, pues es un país en donde los ingresos de capital siguen relativamente privilegiados. Argumenta el profesor Villabona que, por ejemplo, los dividendos tienen muchas formas para evitar los impuestos, pues si se decretan en acciones, o no se decretan, no hay impuestos: en Colombia los dividendos mayores a $10,9 millones pagan el 10 % de impuesto de renta, mientras que en otros países se paga entre el 23 y el 50 %.

Hoy los “hipermegarricos” (1/100.000 de los más ricos del país) solo pagan una tasa efectiva de impuestos entre el 1 y 2 %, mientas que en otros países de la OCDE estos pagan alrededor del 25 %, según trabajos de Juliana Londoño y Facundo Alvaredo. Hay entonces espacio para recaudar en las altas élites, pero, como ya se dijo, la reforma al final tendrá un menor efecto sobre ellos dado su poder de lobby y captación en el Legislativo.

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El Gobierno aspira a recaudar $25 billones, de los cuales se ha anunciado que $10 billones son para financiar gasto social y los otros $15 billones para pagar deuda, que al final es dinero que se debe a quienes quieren reforma, pero con menores efectos colaterales sobre sus arcas.

Y si bien pagar la deuda juiciosamente garantiza el acceso a los mercados y la estabilidad macroeconómica, también es estabilidad para los grupos financieros que mucho presionan a través de sus tanques de pensamiento por la urgente necesidad de la reforma.

Bajo estos lentes, la reforma es más sostenible y solidaria con los acreedores que con una buena parte de esa población sándwich que no ha recibido muchos de los beneficios del Gobierno, pero que cada vez vive con el agua más al cuello en medio de la crisis más grande en casi un siglo. No hay que olvidar que tratar de recuperar la economía con impuestos que golpean la demanda agregada es un contrasentido teórico, pero que resulta conveniente para el statu quo.

* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

Una vez más, como lobo disfrazado de oveja, la reforma tributaria de 2021 ha empezado a ser catapultada a la opinión pública como “Reforma social, solidaria y sostenible”. Siguiendo las líneas generales de la fábula infantil, el Gobierno disfraza con adjetivos atractivos una ley que afectará el bolsillo de muchos colombianos, en especial de aquellos a los que ya hemos denominado en estas páginas como la población sándwich.

A grandes rasgos, la población sándwich se entiende como aquella que puede tener niveles de ingresos superiores a los de la línea de pobreza y vulnerabilidad, pero que no siempre tiene la estabilidad o la completa formalidad para catalogarlos como asalariados clásicos. Vale recordar que, según el DANE, la tasa de informalidad laboral llegó en el último trimestre de 2020 al 49,1 % en el país, y ciudades como Cúcuta y Sincelejo tienen cifras superiores al 65 %; muchos de estos informales son parte del grupo poblacional del que hablamos.

La población sándwich no solo es un fenómeno típico de los países de la periferia. En los países centrales que, a pesar de tener mayores elementos de ayuda y soporte a través de los estados de bienestar, también han surgido categorías como “el precariado”, a la que el profesor británico Guy Standing asocia con una clase que no tiene la homogeneidad de la clase trabajadora, ni tampoco la estabilidad ni los derechos adquiridos de los trabajadores de hace cuatro décadas. Es un renglón con diversidad educativa, pero con una movilidad social crecientemente compleja y con condiciones iguales o inferiores a las de sus padres. Sin duda, el precariado es parte de la población sándwich.

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Así, entonces, esta población afronta no solo la dificultad de vivir en el día a día, un ejercicio que se hace en muchas ocasiones bajo el signo de la deuda, sino que ahora, con la crisis impulsada por la pandemia, verán afectado su ingreso real con un mayor pago de impuestos.

De lo que se conoce de la reforma (presentaciones y declaraciones, no documentos), el Gobierno aspira a gravar varios bienes de la canasta que no lo estaban y aumentar la tasa hasta el 12 % en muchos bienes fundamentales en la cesta de consumo de un ciudadano promedio. Por otro lado, busca ampliar la base de renta en un país en el que el ingreso mínimo es muy cercano al medio. Estas medidas aumentan la presión sobre las ya deterioradas condiciones de muchos colombianos que forman parte de la población sándwich.

Hace unos días, uno de los economistas de la tecnocracia de la séptima en el Ministerio de Hacienda argumentaba en sus redes que si una persona ganaba $2,5 millones, este nivel de ingresos era superior al del 90 % de los colombianos y, por lo tanto, sería ético pedirles que contribuyan en asistir al resto de quienes también la han pasado mal en la pandemia. Vale la pena mencionar acá que, por el alcance de la reforma, esta no solo es para dar la mano a los mas perjudicados, sino para extendérsela también a los tenedores de deuda del país, pues más del 50 % del nuevo recaudo que se espera con la reforma se irá para pagar deuda.

Volviendo al punto, y aquí una de las paradojas más tristes de Colombia, ante los altos niveles de desigualdad en el país se puede ser parte del top 10 % de personas con mayores ingresos si su salario es de 2,5 salarios mínimos. Lo que esto oculta es que, teniendo este nivel de ingreso, también se puede ser parte de la población sándwich, y es por aquí que esta historia se complica.

Una familia de la población sándwich con cuatro miembros, y uno solo que recibe un salario de $2,5 millones en un ejercicio de aritmética simple puede gastar un tercio de su ingreso en un crédito hipotecario de una vivienda nueva en la periferia de una ciudad colombiana. Otro tercio se va en gastos de comida y transporte para su núcleo, y el último es para asuntos varios, entre ellos los que acarrean la educación, el cuidado, entre otros.

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No hay que ir al detalle en esta asignación general para saber que es un ciudadano que no puede ahorrar y, con bastante seguridad, a su crédito hipotecario se le suman otras deudas. ¿Son entonces estos colombianos los que deben echar la mano al resto de víctimas de la crisis cuando a duras penas pueden con ellos mismos en este momento?

Una vez terminen los programas de acompañamiento a los deudores que han aplazado el empeoramiento de los índices de cartera vencida, los hogares no solo afrontarán de nuevo el choque de las deudas, sino que recibirán el baldado de agua fría con un mayor pago de IVA y posiblemente un pago de renta que, si bien puede ser pequeño como argumentan los economistas de la séptima, es significativo cuando se vive del día a día.

Los hogares de la población sándwich se ven impulsados entonces a una situación Ponzi, donde ni los aportes a capital ni a intereses en sus créditos pueden ser pagados con ingresos y así es que se cae en el juego de pagar deuda con deuda. Hoy es común que muchos colombianos pidan créditos de libre inversión para liberar sus tarjetas de crédito y poder seguir usándolas, pero ya con otro crédito a las espaldas. Es una práctica muy difundida por los asesores de los bancos, pues los intereses de algunos créditos bancarios son mejores que los de las tarjetas, pero crean mayor dependencia ante la banca.

La reforma se vende entonces bajo un mensaje en el que todos debemos poner para pagar los platos rotos de la crisis del COVID-19, pero a la vez los grandes grupos económicos ya mueven sus alfiles para que en el articulado final ellos tengan el menor daño colateral.

Los partidos cercanos a las élites financieras ya analizan la reforma acompañados de tributaristas, que asesoran a grandes bancos e inversionistas, como se supo por publicaciones en medios.

Si bien la reforma se anuncia como solidaria, poco o nada lo es, pues los pocos elementos redistributivos que tenga corren el enorme riesgo de esfumarse en el camino por un Congreso que está en año preelectoral y que ha ido discutiendo el texto de la ley en secreto, de espaldas a todos.

Al final, como lo ha mostrado el profesor Orlando Villabona, Colombia seguirá siendo un buen paraíso fiscal para los ricos, pues es un país en donde los ingresos de capital siguen relativamente privilegiados. Argumenta el profesor Villabona que, por ejemplo, los dividendos tienen muchas formas para evitar los impuestos, pues si se decretan en acciones, o no se decretan, no hay impuestos: en Colombia los dividendos mayores a $10,9 millones pagan el 10 % de impuesto de renta, mientras que en otros países se paga entre el 23 y el 50 %.

Hoy los “hipermegarricos” (1/100.000 de los más ricos del país) solo pagan una tasa efectiva de impuestos entre el 1 y 2 %, mientas que en otros países de la OCDE estos pagan alrededor del 25 %, según trabajos de Juliana Londoño y Facundo Alvaredo. Hay entonces espacio para recaudar en las altas élites, pero, como ya se dijo, la reforma al final tendrá un menor efecto sobre ellos dado su poder de lobby y captación en el Legislativo.

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El Gobierno aspira a recaudar $25 billones, de los cuales se ha anunciado que $10 billones son para financiar gasto social y los otros $15 billones para pagar deuda, que al final es dinero que se debe a quienes quieren reforma, pero con menores efectos colaterales sobre sus arcas.

Y si bien pagar la deuda juiciosamente garantiza el acceso a los mercados y la estabilidad macroeconómica, también es estabilidad para los grupos financieros que mucho presionan a través de sus tanques de pensamiento por la urgente necesidad de la reforma.

Bajo estos lentes, la reforma es más sostenible y solidaria con los acreedores que con una buena parte de esa población sándwich que no ha recibido muchos de los beneficios del Gobierno, pero que cada vez vive con el agua más al cuello en medio de la crisis más grande en casi un siglo. No hay que olvidar que tratar de recuperar la economía con impuestos que golpean la demanda agregada es un contrasentido teórico, pero que resulta conveniente para el statu quo.

* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.