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Durante varias décadas los economistas colombianos, especialmente aquellos formados en la Universidad de los Andes, fuimos vacunados contra la política. Lo importante era pertenecer a la nueva tecnocracia, esa categoría de profesionales llena de brillo, en cuyas manos quedaría el manejo de esos equilibrios macroeconómicos imprescindibles para el desarrollo del país. El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República eran el camino profesional obvio, y de paso una que otra pasada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario y si no, el Banco Interamericano de Desarrollo. Con cierto grado de razón se miraba con algo de desprecio a los políticos, cuyos partidos luchaban más por repartirse la burocracia que por interpretar las distintas tendencias ideológicas de la sociedad.
Su contribución a lo que se había reconocido como un manejo cuidadoso de la economía colombiana es innegable. Su producción abundante de papers, llenos de citas de autores gringos y de uno que otro colega colombiano o latinoamericano, contribuyó a la planeación del desarrollo nacional, a los diagnósticos sobre la realidad del crecimiento del país, a un sano manejo de la política monetaria, aunque menos a esa política fiscal que el país ha demandado desde siempre. Sin embargo, dejaron la desigualdad en stand by.
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Uno de los hitos de esa tecnocracia fue la adopción en el país del Consenso de Washington como el nuevo modelo de desarrollo, denominado la Apertura en 1990. César Gaviria, egresado de la Facultad de Economía de los Andes y quien como presidente hizo el cambio de modelo, fue el único que no optó por la tecnocracia sino por la política.
A partir de ese momento, hace fácilmente tres décadas, esas ideas ortodoxas para analizar y orientar la economía adquirieron tal dimensión que, primero, se excluyó de sus debates a quienes se consideraba pasados de moda por no compartir sus principios (mucho mercado y poco Estado), y segundo, lograron tanta primacía que hoy ese grupo de profesionales se identifican como "los economistas" del país, excluyendo a aquellos que no comulgan con los principios del neoliberalismo. Especialmente en las últimas dos décadas, difícil llegar a altas posiciones como el Ministerio de Hacienda o la gerencia del Banco de la República si no se es parte de "los economistas".
Las críticas a esta política económica habían empezado en el mundo hace un tiempo, fundamentalmente por su incapacidad de distribuir de manera equitativa los beneficios y los costos del desarrollo de los países. Piketty, Stiglitz y Krugman se han identificado como el triunvirato contra el capitalismo actual, precisamente por la inmensa concentración de la riqueza que ha generado en el mundo. Pero ese debate no se ha dado en Colombia, sino que por el contrario sus seguidores hacen gala de la reducción de la pobreza que se había producido hasta un año antes de que llegara la pandemia y del crecimiento positivo, aunque inferior al histórico.
Pero el COVID-19 desnuda totalmente las desigualdades, las inmensas brechas sociales que se habían subestimado por décadas. La respuesta de "los economistas" es que el modelo económico no se toca, pero sí se reconoce el inmenso costo social y para ello se propone un Nuevo Contrato Social. Su esencia, transferencias monetarias para los sectores más afectados por la pandemia que incluyen al 42 % de pobres, pero nada dicen del 30 % de vulnerables. Además, se sigue ignorando que muchos de los problemas tienen que ver con la estructura productiva de este país y con la subestimación de los temas que afectan la vida de la gente y que se consideran subordinados a los equilibrios macroeconómicos.
Y llega la explosión social que la pandemia había congelado, pero que ya en septiembre había mostrado su efervescencia porque jamás se lograron los resultados esperados que se le plantearon al Gobierno y a la sociedad en las movilizaciones de 2019. Alejado de la realidad, sin leer a la gente, la insistencia del Gobierno en su reforma tributaria prende este estallido social. En este momento, "los economistas" defienden esta reforma y en una carta firmada por 30 de ellos, la apoyan públicamente un día antes de que el presidente Duque la retirara y se inicie el peor estallido social que ha vivido el país en su historia reciente.
Sin duda, estaban convencidos de la urgencia de tener recursos que impidieran una reacción negativa de las calificadoras de riesgo que encarecería, precisamente en estos momentos, el crédito para el país. Eso puede ser cierto, pero omitieron nada menos que la realidad política, lo que estaba sintiendo la gente y su posible reacción cuando las cifras de la crisis social ya estaban a la vista de todos.
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Su falla, no considerar como parte fundamental de su contexto analítico lo que le sucede a la gente. Y con la mejor intención, sin duda, dejaron muy mal parada a toda la profesión, incluyendo a quienes no somos parte de los llamados "economistas".
Una lección muy dolorosa que exige humildad, menos sobradez, porque la vida de la sociedad es mucho más que mantener los equilibrios de las variables macro. ¿Entrará en su agenda el diálogo con los otros economistas? Pero, además ¿volverá a entrar en la agenda la economía política? Ojalá esta reflexión no se interprete como un ataque a quienes se sientan aludidos. Calmémonos y unámonos y sin prejuicios analicemos lo que estamos viviendo y nuestro papel como economistas.
Sin la menor duda, Colombia nos necesita a todos porque esta juventud que pide a gritos que se le escuche no puede quedarse con la idea de que la respuesta a sus requerimientos son los atropellos de la Fuerza Pública, la descalificación de sus actos y la insolidaridad de nosotros los economistas. El manejo de las variables económicas es crítico en estos momentos y las repercusiones sociales no pueden ser marginales en los análisis del momento. No está de más recordar que la política económica tiene un contenido social y a su vez la política social tiene serias implicaciones en las variables macroeconómicas. Bienvenido el debate.
@CeciliaLopezM