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Todos los años por esta época se reúne la mesa de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que define el alza del salario mínimo para el siguiente año. Esta comisión la integran el gobierno, los sindicatos y los representantes de los empresarios.
Dos meses antes de la reunión de la mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales comienzan a conocerse las propuestas de los centros de pensamiento privados como Anif y Fedesarrollo.
En este sentido, en la Revista Ensayos Sobre Política Económica del Banco de la República se reveló un informe sobre los efectos adversos que tiene el salario mínimo sobre el mercado laboral.
Sostiene el informe que “el salario mínimo tiene efectos adversos en los flujos del empleo: reduce la creación y aumenta la destrucción de puestos de trabajo”.
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El análisis prefiere no hablar de cuánto sería un incremento ideal para el salario mínimo. Para 2023, los sindicalistas esperan que el alza esté bordeando el 20% teniendo en cuenta que la inflación podrá terminar por encima del 12,53% que se registró en noviembre. La propuesta de los representantes de las sindicales obreras es la única cifra que se conoce hasta el momento debido a que los empresarios se han negado a dar a conocer una oferta. El Banco de la República ha manifestado que la meta de inflación para 2023 será de 7% y para el siguiente año de 3%.
El informe revelado por el banco central, sobre los efectos del salario mínimo en el mercado laboral, destaca que ese factor “aumenta la separación y reduce la contratación de trabajadores, todo lo cual conlleva pérdidas de empleo formal”.
Las centrales obreras siempre han considerado que el incremento en una cifra alejada de la inflación no afecta el trabajo formal. Los sindicalistas insisten en que el incremento debe preservar el poder adquisitivo del salario durante el año de vigencia del incremento.
Dice el estudio del banco que “si bien hay efectos positivos en el ingreso de la mayoría de los hogares”, con la vigencia del salario mínimo legal, “se observan impactos negativos en los ingresos de las familias más pobres”.
Los autores del informe estiman que “los aumentos del salario mínimo aumentan la probabilidad de estar por debajo de la línea de pobreza monetaria e, incluso, por debajo de la mitad de la línea de pobreza monetaria”.
Comentan que “la implementación de la figura del salario mínimo en Colombia no está favoreciendo a los hogares más pobres”.
Según el estudio la figura del salario mínimo en el país, “aumenta la desigualdad de los hogares y del grupo de trabajadores ocupados”.
Pero no descarta que para algunos subgrupos de ocupados el coeficiente Gini (método que mide la desigualdad), disminuya.
Contrario a los que argumentan que una mayor alza del salario empuja el consumo, el informe sostiene que “también se observaron respuestas significativas que implican aumentos en los precios y la inflación como resultado del incremento del salario mínimo”.
Dentro de las negociaciones salariales se han conocido todo tipo de propuestas de parte de los representantes de los trabajadores.
Una de ellas tiene que ver con la de pedir a la Superintendencia Financiera que reduzca la tasa de usura, pues esta ya casi triplica a la inflación. Con esto se busca que el pago de los créditos en los colombianos pese menos en sus bolsillos, aunque hay que recordar que el argumento que emplea el Banco de la República para elevar las tasas es que con esa medida se desestimula el consumo y se mitiga la inflación (la teoría económica detrás de esto es que a menor demanda los precios de los productos deberían bajar).
También se ha pedido revisar la fórmula con la que se calculan las tarifas de la energía en el país, pues las centrales obreras aseguran que la actual es contraproducente para los colombianos, ya que, dicen, les pasa factura de las pérdidas que tienen las empresas generadoras y transmisoras.
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Finalmente, el estudio sobre los efectos del salario mínimo en el mercado laboral, publicado por el Banco de la República, señala que “aunque el salario mínimo tiene entre sus propósitos contribuir con la reducción de la pobreza y la desigualdad, no parece estar lográndolo”.
Los autores del informe sugieren que, tras un diálogo amplio, “el país debería modificar la implementación de la política de salario mínimo y rediseñar la formación para el trabajo de forma que nos permita incrementar la productividad laboral y, así, reducir la relación del salario mínimo al salario mediano del 90% que hoy tenemos, al promedio de los países de la OECD que es del 50%”.