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La política de cuarta generación de concesiones (4G) fue presentada en su momento como el proyecto más ambicioso del gobierno anterior y de muchos otros en materia de infraestructura en la historia de Colombia, con una inversión de $45 billones para superar el rezago vial del país.
Sin embargo, su magnitud superó la capacidad del Estado para manejarlo con eficiencia, dejando en evidencia una serie de fallas que a la fecha se traducen en importantes retrasos. Por ejemplo, solo 14 de los 30 proyectos adjudicados tienen cierre financiero, es decir, cuentan con un monto mínimo de recursos de deuda para asumir las obras.
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El Gobierno trabaja en una fórmula para resolver los cuellos de botella para hacer realidad la prometida revolución de la infraestructura en el futuro cercano. Por esto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) invitó a expertos en política pública a analizar el esquema y plantear soluciones en el marco del XV Congreso Nacional de la Infraestructura que tiene lugar esta semana en el Centro de Convenciones de Cartagena.
Los invitados coincidieron en que este sector tiene un importante impacto en el crecimiento económico del país, por lo que la inversión en este frente debe ser prioritaria y continua para no frenar el avance del país, siempre y cuando se le apliquen ciertos correctivos.
Guillermo Perry, exministro de Hacienda y miembro del Comité de la Regla Fiscal, cree que, aunque el proyecto era ambicioso y superaba ampliamente lo que se hacía en otros países de la región, también era inviable.
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De acuerdo con Perry, el mayor problema de la iniciativa 4G es reputacional, porque hay una gran concentración de los accionistas (sponsors). Esto se debe, en sus palabras, a que no se logró despertar suficiente interés en los inversionistas internacionales porque se les exigía asumir riesgos que en otros países son del Estado (como consultas con comunidades, trámite de licencias ambientales y adquisición de predios), y “nos quedamos solos con los nacionales, que eran pocos y no tenían suficiente capital propio”.
De hecho, el financiamiento es el segundo mayor problema para el economista, quien aconsejó promover fondos de deuda. “Sé que están en eso, es una tarea urgente. Debemos vincular más al mercado de capitales, emitir bonos de infraestructura y explorar más el tema de riesgo cambiario porque hay apetito de la banca internacional, pero no ven las condiciones”.
Por su parte, Marcela Meléndez, economista y miembro de la Comisión de Gasto, planteó una reforma que incluye establecer un mecanismo para que en caso de que se detecten problemas de corrupción no se congelen las obras, sino que continúen con carácter de urgencia, pues los retrasos incrementan el costo. “Lo que hoy hacemos, en tales casos, es caducar o liquidar un contrato y nos quedamos mucho tiempo sin avances. Es atípico frente a lo que hacen otros países. Deberíamos poder sancionar a los responsables por detener el desarrollo de la infraestructura”, advirtió.
Respecto a las demoras con permisos y licencias ambientales que han afectado casi todos los casos, señaló la necesidad de tener una línea de base que identifique de antemano el plan de manejo ambiental de cada territorio. De hecho, indicó que en algunos sectores como el aeroportuario es evidente la falta de planeación detrás de la expansión. “Hay que impedir que el transporte se despliegue sin un fundamento técnico”, manifestó.
La experta fue enfática en que esos retrasos pueden llevar a caducar los contratos y aseguró que “el país debe hacer lo necesario para que eso no suceda”. También recomendó establecer criterios en la cadena y definir soluciones estandarizadas para problemas que surgen en los contratos que muchas veces se terminan arreglando de forma particular.
Finalmente, el exministro de Hacienda y hoy miembro de la Comisión de Gasto Roberto Junguito lamentó que el tiempo promedio entre adjudicación y acta de inicio de los proyectos sea de 14 meses. “Tenemos apenas ocho proyectos plenamente financiados con fuentes bancarias”, dijo. También resaltó que las obras respaldadas por bonos son las que más han avanzado.
Pero a pesar de los inconvenientes y el “alcance modesto”, Junguito calificó como admirable el desarrollo de la infraestructura en los últimos años: “Los riesgos regulatorios han sido pequeños y manejables y se montó todo un esquema institucional a la altura, pero necesitamos mejorar lo que ya tenemos”, concluyó.
*Artículo posible por invitación de la CCI.