Los errores que dejaron 14 años el RUNT en manos de la misma concesión

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) es, en palabras sencillas, el cerebro del transporte en Colombia. La herramienta conecta y brinda información para diversos trámites de tránsito a las direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, organismos de tránsito, centros de enseñanza automovilística, de reconocimiento de conductores, de diagnóstico automotor e incluso entidades financieras.

Su hoja de vida como conductor y la de su vehículo se encuentran en este sistema y, al mismo tiempo, usted lo necesita para poder realizar casi cualquier trámite sobre tránsito. Solo en 2021, el RUNT registró más de 16 millones de solicitudes para realizar todo tipo de trámites.

El Ministerio de Transporte adelanta el proceso licitatorio para la administración, operación y explotación del RUNT durante los próximos 10 años y dos meses, tiempo en el que también se pretende actualizar las funcionalidades del sistema que ha estado en manos de la Sociedad Concesión RUNT S.A. desde 2007. Al proceso se presentaron ocho oferentes y la adjudicación será el 23 de febrero.

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Sin embargo, no puede dejarse de lado que este proceso trae a cuestas una gran cantidad de cuestionamientos, problemas y enredos que vale la pena poner sobre la mesa para preguntarse cuál será el futuro de la columna vertebral de los trámites y servicios de tránsito en el país.

El problema más reciente se vivió el 5 de enero, cuando el Ministerio de Transporte suspendió por cinco días la licitación por un “error de transcripción”. Justo un día antes de que finalizara el plazo para presentar las ofertas, la cartera respondió a las críticas de varias aseguradoras que dijeron que no podrían estar en el proceso por cambios en la licitación realizados el 30 de diciembre. Las modificaciones estaban en el amparo de calidad de servicio e implicaban que las empresas que se presentaban para expedir las pólizas también debían cubrir el pago de la cláusula penal, multas y demás sanciones.

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Finalmente, el Ministerio dijo que hubo un error al atender la observación de una compañía de seguros sobre los pliegos de condiciones. Para corregirlo se suspendió la licitación y se explicó cómo iba finalmente el amparo de calidad de servicio. La Contraloría le indicó a este diario que reiteró que la licitación, por $805.209 millones, debía promover la pluralidad de oferentes mientras que el Ministerio sostuvo que ha tomado “medidas para garantizar la transparencia”.

Los problemas de una licitación millonaria

La tensión alrededor del RUNT se viene gestando desde hace años; este es solo un capítulo de un libro largo. Para entenderlo mejor hay que situarse en 2018, año en el que el panorama del sistema era incierto y no se sabía quién lo iba a administrar pues, aunque el contrato con la Concesión RUNT S.A. terminaba en abril de 2019, del proceso licitatorio todavía no había ni una coma y tampoco se había avanzado en la transferencia de la infraestructura tecnológica.

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Volver la mirada también permite entender que la expectativa en torno a lo que debía ser el nuevo contrato no se cumplió. Desde entonces ya se sabía que el RUNT es un negocio muy atractivo que genera millones mensuales por el cobro de trámites, por eso expertos en contratación y medios de comunicación llamaron la atención sobre la importancia de que un nuevo contrato le diera más ingresos al Estado, muchos menos al contratista y que se ajustaran términos jurídicos y financieros para evitar multas.

Este último temor, en resumen, lo produjo el pleito jurídico que estalló en 2015 entre el Ministerio de Transporte y la concesión, pues esta última alegó que la cartera no estaba pagando la inscripción al sistema de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios públicos, entonces pidió ajustar las tarifas. La administración de entonces accedió y firmó la resolución con los ajustes, pero días después la Contraloría recalcó que la autorización de ese nuevo pago era indebida, un llamado que acató el Ministerio.

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A la larga, la concesionaria demandó al Estado, pleito que llegó a un tribunal de arbitramento en septiembre de 2016. La propuesta de la concesión para saldar el litigio fue que le prorrogaran el contrato cinco años más; pero el Gobierno no aceptó. Después de dos años, y ante la imposibilidad de conciliación, el tribunal de arbitramento dispuso que el Ministerio debía pagar $25.000 millones.

En medio de esta pelea jurídica poco o nada se avanzó en la nueva licitación que, de hecho, y como se notará más adelante, debió haberse iniciado durante el gobierno anterior. Cuanto más se acercaba 2019, más preguntas había respecto a qué iba a pasar con el RUNT. Sonaban varias opciones: hacer la licitación, que el RUNT entrara a operar como una asociación público-privada para agilizar el proceso, buscar un operador transitorio o hacer una prórroga.

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Finalmente, en abril de ese año, el Ministerio de Transporte, ya en cabeza de la ministra Ángela María Orozco, decidió prorrogar por dos años y medio más, a través de un otrosí, el contrato a la Concesión RUNT S.A. con nuevas condiciones.

Se estableció que la concesión renunciaba a reclamaciones futuras y no volvería a demandar al Estado; también se estipuló que al Fondo de Reposición del RUNT se le adicionarían $19.000 millones para actualizar el software del sistema, el cual en ese momento era modelo 2009. Frente a la deuda de $25.000 millones, la cartera indicó que el pago se mantenía por aparte. Con la prórroga, el ingreso esperado del concesionario era de $109.331 millones.

Dos fuentes consultadas por este diario, que prefirieron mantenerse anónimas, resumieron algunas de las suspicacias que despertó esta prórroga. La primera gran pregunta es por qué se prorrogó el contrato bajo las mismas condiciones de retribución para el contratista, cuando se suponía que pasados más de 11 años este ya había recuperado su inversión. En el contrato de concesión hay una íntima relación entre el valor del contrato y su plazo, por eso para algunos era inaudito que con un otrosí se mantuvieran las condiciones iniciales.

También entra el cuestionamiento de por qué los trámites son cada año más caros “si en materia tecnológica se observa un abaratamiento de costos”, agrega la fuente, sin contar con que el esquema definido para los precios, que se sigue usando por el otrosí, está basado en estudios que se contemplaron para el contrato de 2007 y desde entonces el panorama y los costos han cambiado.

Otra de las grandes preguntas es por qué en las nuevas condiciones se estableció que el concesionario actualizaría el RUNT si dentro del contrato inicial se estipulaba que el sistema debía mantenerse actualizado. “Todos los bienes incorporados a la concesión debieron ser de última generación, pero se alegó que la modernización empezaría solamente con la prórroga donde el contratista se enriqueció haciendo uso de la plataforma ya instalada, pero manteniendo el ingreso que corresponde al 94 % de lo recaudado por trámites ante el RUNT”, señaló una fuente.

Frente a las condiciones de la prórroga para el contratista, el Ministerio respondió que “eso fue lo pactado” desde 2007 y que este contrato tiene un gran componente de gastos de operación que son permanentes. Además, explicó que el 94 % no es exclusivamente para el contratista, pues el 80 % es para que este asuma los costos y gastos (administración, operación, actualización, pago de deudas adquiridas para el diseño, comisiones a favor de la sociedad fiduciaria, pagos por obligaciones fiscales, etc.), el 11 % para los pagos que surjan por la adquisición, actualización y reposición de hardware y software de la solución tecnológica y el 3 % para el pago de la interventoría del contrato.

Y, respecto al aumento de los precios, la cartera recordó que “la sostenibilidad de la información del RUNT deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas”, además citó la Ley 1005 de 2006, que establece el método y el sistema para garantizar la sostenibilidad del sistema por medio de tarifas. “En relación con la variación de las tarifas, según lo dispone el contrato, cada año debe compararse el ingreso real con el ingreso esperado y la variación del IPC del año inmediatamente anterior; con el fin de determinar los nuevos valores de las diferentes tarifas. Los recursos recaudados tienen como destino una fiducia constituida en el marco del contrato de concesión para este fin”.

A su vez, la concesión dijo que no es cierto que las tarifas anualmente suban, sino que estas pueden bajar o subir según la fórmula establecida. Y aseguró que la creación y operación del RUNT ha sido exitosa, que permitió articular el sector y garantizar ahorro de tiempos para los ciudadanos. Entre otros datos, aseguró que la plataforma tiene unos tiempos de respuesta de 0,7 segundos, soporta a más de 6.500 usuarios concurrentes en una hora, opera más de 300 tipos de trámites y centraliza la información de 16 millones de ciudadanos y vehículos.

Una licitación que llegó tarde

Las críticas son generadas por una prórroga que no debió ser, ya que en este momento ya debería haber un nuevo contratista. El Espectador conoció un documento en el que, en respuesta a denuncias ciudadanas, el equipo auditor de la delegada de Infraestructura de la Contraloría determinó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria al Ministerio de Transporte por deficiencias en la planeación y ejecución del proceso de contratación del nuevo concesionario del RUNT, información que ya se trasladó a la Procuraduría.

De acuerdo con el órgano de control, el Mintransporte tuvo demoras injustificadas en el inicio de un nuevo proceso licitatorio, aunque contó con más de 11 años para adelantarlo. De hecho, el 30 de abril de 2018, un año antes de que terminara el contrato, debió iniciarse el empalme con el nuevo contratista; en otras palabras, en 2018 ya debía estar adjudicado el RUNT.

Pese a las demoras previas, y después de una prórroga de dos años y medio, la cartera tuvo que hacer otra por tres meses, en octubre de 2021, porque el proceso todavía no estaba listo. La fecha de vencimiento es este lunes 31 de enero.

El Ministerio le dijo a este diario que lo seguirá operando, en principio, el concesionario actual, “para lo cual se está gestionando la suscripción de una nueva prórroga, teniendo en cuenta que la adjudicación será el próximo 23 de febrero y es necesario garantizar el servicio”. Pero hay otra cuestión: el periodo de empalme sigue siendo de un año. La duda de la duración de la prórroga se aclarará en próximos días.

Vale la pena señalar aquí que la Contraloría concluyó que se incumplió el plazo para el empalme, tanto en el primer contrato como en el otrosí.

El Ministerio argumenta que la estructuración de la concesión debió arrancar en 2015, para abrir la licitación en 2017 y adjudicar el contrato en 2018, pero que eso no sucedió; de hecho, aseguran que en 2017 la anterior administración hasta ahora estaba sugiriendo avanzar en los estudios. De ahí que en 2018 “recibieron insumos preliminares”, pero tuvieron que conformar el equipo de estructuración en sus tres componentes: técnico, jurídico y financiero.

La cartera agrega que ha hecho todas las actividades necesarias, pero que por la complejidad del proceso las fechas se han visto afectadas. Además, cita situaciones que, a su juicio, impactaron el cronograma: la calificación de riesgos contingentes por parte del Ministerio de Hacienda, la emergencia sanitaria y la filtración de algunas copias de documentos de trabajo que hacían parte del proceso de estructuración de la licitación (denuncia que hizo la ministra), lo que implicó “tomar medidas para mitigar el riesgo de corrupción”.

Lo cierto, por ahora, es que la Concesión RUNT S.A. lleva más de 14 años manejando el sistema, prácticamente con las mismas condiciones pactadas en 2007.

Para Alexánder Reyes, experto en movilidad y economía, algunos retos a futuro del RUNT tienen que ver con que cada ente territorial tenga más información para tomar decisiones y que haya socialización y capacitación para que todos puedan acceder a la información. Además, llama la atención sobre la importancia de tener un mejor servicio no solo en Bogotá, sino en todo el país, logrando, por medio de la actualización constante, que el sistema no se sature. En esa misma línea, considera que sí es importante que al optimizar los procesos y, por ende, disminuir los costos, los usuarios finales puedan ver eso reflejado en el cobro. Es decir, que los precios bajen. Mucho queda por contar y analizar del largo proceso para por fin tener una licitación, pero también son varios los retos que deberá asumir el nuevo concesionario.

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) es, en palabras sencillas, el cerebro del transporte en Colombia. La herramienta conecta y brinda información para diversos trámites de tránsito a las direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, organismos de tránsito, centros de enseñanza automovilística, de reconocimiento de conductores, de diagnóstico automotor e incluso entidades financieras.

Su hoja de vida como conductor y la de su vehículo se encuentran en este sistema y, al mismo tiempo, usted lo necesita para poder realizar casi cualquier trámite sobre tránsito. Solo en 2021, el RUNT registró más de 16 millones de solicitudes para realizar todo tipo de trámites.

El Ministerio de Transporte adelanta el proceso licitatorio para la administración, operación y explotación del RUNT durante los próximos 10 años y dos meses, tiempo en el que también se pretende actualizar las funcionalidades del sistema que ha estado en manos de la Sociedad Concesión RUNT S.A. desde 2007. Al proceso se presentaron ocho oferentes y la adjudicación será el 23 de febrero.

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Sin embargo, no puede dejarse de lado que este proceso trae a cuestas una gran cantidad de cuestionamientos, problemas y enredos que vale la pena poner sobre la mesa para preguntarse cuál será el futuro de la columna vertebral de los trámites y servicios de tránsito en el país.

El problema más reciente se vivió el 5 de enero, cuando el Ministerio de Transporte suspendió por cinco días la licitación por un “error de transcripción”. Justo un día antes de que finalizara el plazo para presentar las ofertas, la cartera respondió a las críticas de varias aseguradoras que dijeron que no podrían estar en el proceso por cambios en la licitación realizados el 30 de diciembre. Las modificaciones estaban en el amparo de calidad de servicio e implicaban que las empresas que se presentaban para expedir las pólizas también debían cubrir el pago de la cláusula penal, multas y demás sanciones.

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Finalmente, el Ministerio dijo que hubo un error al atender la observación de una compañía de seguros sobre los pliegos de condiciones. Para corregirlo se suspendió la licitación y se explicó cómo iba finalmente el amparo de calidad de servicio. La Contraloría le indicó a este diario que reiteró que la licitación, por $805.209 millones, debía promover la pluralidad de oferentes mientras que el Ministerio sostuvo que ha tomado “medidas para garantizar la transparencia”.

Los problemas de una licitación millonaria

La tensión alrededor del RUNT se viene gestando desde hace años; este es solo un capítulo de un libro largo. Para entenderlo mejor hay que situarse en 2018, año en el que el panorama del sistema era incierto y no se sabía quién lo iba a administrar pues, aunque el contrato con la Concesión RUNT S.A. terminaba en abril de 2019, del proceso licitatorio todavía no había ni una coma y tampoco se había avanzado en la transferencia de la infraestructura tecnológica.

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Volver la mirada también permite entender que la expectativa en torno a lo que debía ser el nuevo contrato no se cumplió. Desde entonces ya se sabía que el RUNT es un negocio muy atractivo que genera millones mensuales por el cobro de trámites, por eso expertos en contratación y medios de comunicación llamaron la atención sobre la importancia de que un nuevo contrato le diera más ingresos al Estado, muchos menos al contratista y que se ajustaran términos jurídicos y financieros para evitar multas.

Este último temor, en resumen, lo produjo el pleito jurídico que estalló en 2015 entre el Ministerio de Transporte y la concesión, pues esta última alegó que la cartera no estaba pagando la inscripción al sistema de personas naturales y jurídicas que no prestan servicios públicos, entonces pidió ajustar las tarifas. La administración de entonces accedió y firmó la resolución con los ajustes, pero días después la Contraloría recalcó que la autorización de ese nuevo pago era indebida, un llamado que acató el Ministerio.

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A la larga, la concesionaria demandó al Estado, pleito que llegó a un tribunal de arbitramento en septiembre de 2016. La propuesta de la concesión para saldar el litigio fue que le prorrogaran el contrato cinco años más; pero el Gobierno no aceptó. Después de dos años, y ante la imposibilidad de conciliación, el tribunal de arbitramento dispuso que el Ministerio debía pagar $25.000 millones.

En medio de esta pelea jurídica poco o nada se avanzó en la nueva licitación que, de hecho, y como se notará más adelante, debió haberse iniciado durante el gobierno anterior. Cuanto más se acercaba 2019, más preguntas había respecto a qué iba a pasar con el RUNT. Sonaban varias opciones: hacer la licitación, que el RUNT entrara a operar como una asociación público-privada para agilizar el proceso, buscar un operador transitorio o hacer una prórroga.

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Finalmente, en abril de ese año, el Ministerio de Transporte, ya en cabeza de la ministra Ángela María Orozco, decidió prorrogar por dos años y medio más, a través de un otrosí, el contrato a la Concesión RUNT S.A. con nuevas condiciones.

Se estableció que la concesión renunciaba a reclamaciones futuras y no volvería a demandar al Estado; también se estipuló que al Fondo de Reposición del RUNT se le adicionarían $19.000 millones para actualizar el software del sistema, el cual en ese momento era modelo 2009. Frente a la deuda de $25.000 millones, la cartera indicó que el pago se mantenía por aparte. Con la prórroga, el ingreso esperado del concesionario era de $109.331 millones.

Dos fuentes consultadas por este diario, que prefirieron mantenerse anónimas, resumieron algunas de las suspicacias que despertó esta prórroga. La primera gran pregunta es por qué se prorrogó el contrato bajo las mismas condiciones de retribución para el contratista, cuando se suponía que pasados más de 11 años este ya había recuperado su inversión. En el contrato de concesión hay una íntima relación entre el valor del contrato y su plazo, por eso para algunos era inaudito que con un otrosí se mantuvieran las condiciones iniciales.

También entra el cuestionamiento de por qué los trámites son cada año más caros “si en materia tecnológica se observa un abaratamiento de costos”, agrega la fuente, sin contar con que el esquema definido para los precios, que se sigue usando por el otrosí, está basado en estudios que se contemplaron para el contrato de 2007 y desde entonces el panorama y los costos han cambiado.

Otra de las grandes preguntas es por qué en las nuevas condiciones se estableció que el concesionario actualizaría el RUNT si dentro del contrato inicial se estipulaba que el sistema debía mantenerse actualizado. “Todos los bienes incorporados a la concesión debieron ser de última generación, pero se alegó que la modernización empezaría solamente con la prórroga donde el contratista se enriqueció haciendo uso de la plataforma ya instalada, pero manteniendo el ingreso que corresponde al 94 % de lo recaudado por trámites ante el RUNT”, señaló una fuente.

Frente a las condiciones de la prórroga para el contratista, el Ministerio respondió que “eso fue lo pactado” desde 2007 y que este contrato tiene un gran componente de gastos de operación que son permanentes. Además, explicó que el 94 % no es exclusivamente para el contratista, pues el 80 % es para que este asuma los costos y gastos (administración, operación, actualización, pago de deudas adquiridas para el diseño, comisiones a favor de la sociedad fiduciaria, pagos por obligaciones fiscales, etc.), el 11 % para los pagos que surjan por la adquisición, actualización y reposición de hardware y software de la solución tecnológica y el 3 % para el pago de la interventoría del contrato.

Y, respecto al aumento de los precios, la cartera recordó que “la sostenibilidad de la información del RUNT deberá estar garantizada únicamente con el cobro de tarifas”, además citó la Ley 1005 de 2006, que establece el método y el sistema para garantizar la sostenibilidad del sistema por medio de tarifas. “En relación con la variación de las tarifas, según lo dispone el contrato, cada año debe compararse el ingreso real con el ingreso esperado y la variación del IPC del año inmediatamente anterior; con el fin de determinar los nuevos valores de las diferentes tarifas. Los recursos recaudados tienen como destino una fiducia constituida en el marco del contrato de concesión para este fin”.

A su vez, la concesión dijo que no es cierto que las tarifas anualmente suban, sino que estas pueden bajar o subir según la fórmula establecida. Y aseguró que la creación y operación del RUNT ha sido exitosa, que permitió articular el sector y garantizar ahorro de tiempos para los ciudadanos. Entre otros datos, aseguró que la plataforma tiene unos tiempos de respuesta de 0,7 segundos, soporta a más de 6.500 usuarios concurrentes en una hora, opera más de 300 tipos de trámites y centraliza la información de 16 millones de ciudadanos y vehículos.

Una licitación que llegó tarde

Las críticas son generadas por una prórroga que no debió ser, ya que en este momento ya debería haber un nuevo contratista. El Espectador conoció un documento en el que, en respuesta a denuncias ciudadanas, el equipo auditor de la delegada de Infraestructura de la Contraloría determinó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria al Ministerio de Transporte por deficiencias en la planeación y ejecución del proceso de contratación del nuevo concesionario del RUNT, información que ya se trasladó a la Procuraduría.

De acuerdo con el órgano de control, el Mintransporte tuvo demoras injustificadas en el inicio de un nuevo proceso licitatorio, aunque contó con más de 11 años para adelantarlo. De hecho, el 30 de abril de 2018, un año antes de que terminara el contrato, debió iniciarse el empalme con el nuevo contratista; en otras palabras, en 2018 ya debía estar adjudicado el RUNT.

Pese a las demoras previas, y después de una prórroga de dos años y medio, la cartera tuvo que hacer otra por tres meses, en octubre de 2021, porque el proceso todavía no estaba listo. La fecha de vencimiento es este lunes 31 de enero.

El Ministerio le dijo a este diario que lo seguirá operando, en principio, el concesionario actual, “para lo cual se está gestionando la suscripción de una nueva prórroga, teniendo en cuenta que la adjudicación será el próximo 23 de febrero y es necesario garantizar el servicio”. Pero hay otra cuestión: el periodo de empalme sigue siendo de un año. La duda de la duración de la prórroga se aclarará en próximos días.

Vale la pena señalar aquí que la Contraloría concluyó que se incumplió el plazo para el empalme, tanto en el primer contrato como en el otrosí.

El Ministerio argumenta que la estructuración de la concesión debió arrancar en 2015, para abrir la licitación en 2017 y adjudicar el contrato en 2018, pero que eso no sucedió; de hecho, aseguran que en 2017 la anterior administración hasta ahora estaba sugiriendo avanzar en los estudios. De ahí que en 2018 “recibieron insumos preliminares”, pero tuvieron que conformar el equipo de estructuración en sus tres componentes: técnico, jurídico y financiero.

La cartera agrega que ha hecho todas las actividades necesarias, pero que por la complejidad del proceso las fechas se han visto afectadas. Además, cita situaciones que, a su juicio, impactaron el cronograma: la calificación de riesgos contingentes por parte del Ministerio de Hacienda, la emergencia sanitaria y la filtración de algunas copias de documentos de trabajo que hacían parte del proceso de estructuración de la licitación (denuncia que hizo la ministra), lo que implicó “tomar medidas para mitigar el riesgo de corrupción”.

Lo cierto, por ahora, es que la Concesión RUNT S.A. lleva más de 14 años manejando el sistema, prácticamente con las mismas condiciones pactadas en 2007.

Para Alexánder Reyes, experto en movilidad y economía, algunos retos a futuro del RUNT tienen que ver con que cada ente territorial tenga más información para tomar decisiones y que haya socialización y capacitación para que todos puedan acceder a la información. Además, llama la atención sobre la importancia de tener un mejor servicio no solo en Bogotá, sino en todo el país, logrando, por medio de la actualización constante, que el sistema no se sature. En esa misma línea, considera que sí es importante que al optimizar los procesos y, por ende, disminuir los costos, los usuarios finales puedan ver eso reflejado en el cobro. Es decir, que los precios bajen. Mucho queda por contar y analizar del largo proceso para por fin tener una licitación, pero también son varios los retos que deberá asumir el nuevo concesionario.