Los grandes cambios que ha tenido la reforma laboral

Casi que es una norma en el Congreso que todo proyecto de ley no salga como entra. Esto tiene su lógica si se tiene en cuenta la diversidad de opiniones que hay en cada una de las bancadas, y más ante temas que pueden llegar a ser tan polémicos como la reforma laboral (que, recordemos, se hundió en la primera legislatura del gobierno Petro).

Casi que es una norma en el Congreso que todo proyecto de ley no salga como entra. Esto tiene su lógica si se tiene en cuenta la diversidad de opiniones que hay en cada una de las bancadas, y más ante temas que pueden llegar a ser tan polémicos como la reforma laboral (que, recordemos, se hundió en la primera legislatura del gobierno Petro).

La que se conoce como la reforma laboral 2.0 ya ha sufrido una serie de modificaciones. Gran parte de los cambios se experimentaron en el primer debate (el cual se dio en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes), con la eliminación de 23 artículos, de los cuales la mayoría eran parte del capítulo colectivo.

Sobre esto hay que decir que desde el inicio se planteó la defensa de las organizaciones sindicales como uno de los pilares de la reforma, estableciendo artículos que, para la oposición, se traducían en una “desregularización de la huelga”, así como en una “indefensión del empresariado” ante tales escenarios. Para el Gobierno y los representantes del Pacto Histórico esto no era así, sino más bien el cumplimiento de los acuerdos internacionales pactados con organismos como la OCDE.

Tras ese gran tijeretazo aún quedan artículos en el capítulo colectivo, como lo son las garantías a la asociación sindical, la protección contra la discriminación, la categorización de las conductas antisindicales, así como ciertas prohibiciones de contrataciones.

Otra de las grandes transformaciones se dio con la jornada nocturna, pues inicialmente la reforma planteó que empezara desde las seis de la tarde y se extendiera hasta las seis de la mañana (hoy rige a partir de las nueve de la noche). Se logró un ajuste, y en el articulado de la ponencia para el segundo debate quedó a partir de las siete de la noche y hasta las seis de la mañana.

También hubo transformaciones en el recargo en días festivos. El texto original pedía que se volviera a una remuneración del 100 % (y no del 75 %, como rige ahora tras la modificación que se le dio a la normativa en el año 2002). Aunque el 100 % quedó, lo que cambió fue la vigencia, pues se acordó una progresividad partiendo del 80 % en 2025, 90 % en 2026 y 100 % en 2027.

Como lo explicó a este medio la directora del Departamento y del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, el otro gran cambio se dio con la modificación de las tablas indemnizatorias por despidos sin justa causa, pues era un tema que ponía en riesgo la seguridad financiera de las empresas. De hecho, en segundo debate ese artículo fue eliminado, juntamente con el 68 (que abordaba temas de arbitramentos laborales) y el 74 (que establecía 18 días hábiles de vacaciones para el personal operativo de servicios de vigilancia y seguridad privada).

El capítulo de los trabajadores en las plataformas de reparto también experimentó ajustes, pues al inicio se planteaban unas formas de contratación que, bajo el criterio de las empresas y de gran parte de los sectores de repartidores, no eran flexibles y atentaban contra las dinámicas propias de ese trabajo. Según lo explicado a este medio por la ponente de la reforma, la representante María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), lo que se buscaba era reconocer la subordinación laboral que existe en estas plataformas (ya que el algoritmo impone la forma en la que los repartidores deben hacer sus labores, además de monitorearlos mediante tecnologías como la geolocalización).

Según lo detallado a El Espectador por el director de Alianza In, José Daniel López, la flexibilización en esta materia concertada con el Gobierno permitió figuras de contratación que mantienen la autonomía del trabajador, a la vez de imponer obligaciones a las empresas para realizar aportes a seguridad social. “Es un texto que pone en el centro a los más de 120.000 repartidores que hay en Colombia, que garantiza que todos queden cubiertos, lo cual es un avance significativo en su calidad de vida”, puntualizó.

Para la representante Carrascal, también es positivo que en el texto original no había un artículo que permitiera la vinculación progresiva de las madres y padres comunitarios a la planta del ICBF (en calidad de trabajadores oficiales). Este, de hecho, fue uno de los puntos más álgidos en el debate del lunes, pues desde diversos sectores se cuestionó si el Presupuesto General de la Nación puede asumir estas contrataciones, entendiendo que el mismo no solo está apretado para el próximo año, sino que además está desfinanciado en $12 billones.

Esa base técnica, es decir, de los costos que acarrea la reforma laboral ha sido catalogada por algunos representantes como un gran faltante en el debate. En la ponencia positiva, la representante Carrascal señaló unos estudios en los que se estima que esta ley podría aumentar en un 4 % los costos laborales en Colombia, mientras que otros lo sitúan entre un 2,4 y 5,9 %.

“Teniendo en cuenta que los costos laborales aumentan en un 4 %, hemos calculado, tomando la información de la Matriz de Utilización de Cuentas Nacionales, que los costos totales de producción de las empresas formales aumentan en un 1,1 %”, dijo. Por su parte, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) señaló que esas cuentas no son tan claras, pues en la exposición, asegura, Carrascal confundió utilidades con ingresos.

Lo cierto es que el segundo debate de la reforma laboral se encuentra en su recta final, con tan solo 14 artículos pendientes por su aprobación, los cuales (si se votan en bloque) serían aprobados el próximo miércoles. Para el partido de Gobierno los ajustes que se le han hecho a la reforma han sacrificado importantes avances que necesita el mercado laboral colombiano, pero aun así sigue siendo positiva en la reivindicación de derechos y mejoras en la calidad del trabajo; mientras que para la oposición estos cambios le han quitado gran parte de esa nocividad que plantea para el empresariado colombiano, especialmente en un panorama macroeconómico complejo. En suma, un gana gana para ambas orillas. Sin embargo, queda la pregunta de si esta es la reforma que necesita el país para resolver los problemas más estructurales de su mercado laboral.

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