Los mil y un líos del tercer canal

En la historia reciente del país, con seguridad es difícil encontrar un proceso licitatorio tan accidentado y lleno de suspicacias e irregularidades como lo sucedido con el tercer canal privado de televisión. A 48 horas de la audiencia de adjudicación, jurídicamente está suspendido por el Consejo de Estado, pero sólo los cinco miembros de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) saben qué va a pasar. Es tan enrarecido el panorama, que todo está como al principio: incierto.

La primera vez que se ventiló el tema del tercer canal fue en el tránsito entre el primero y segundo gobiernos de Uribe. Ante el dilema de si los contratos de concesión con los canales privados Caracol y RCN debían o no prorrogarse, el entonces comisionado Eduardo Noriega rompió el hielo y propuso un cronograma de trabajo para un tercer canal. La CNTV aceptó la propuesta y contrató a la banca de inversión Equity Investment S.A. para valorar el precio de esta opción.

El informe quedó listo en abril de 2007 y, mientras cambiaba la composición de la Comisión, empezó a filtrarse su contenido. Cuando la conveniencia del tercer canal se había convertido en un debate público, la CNTV decidió divulgar los resultados del estudio en octubre de 2007, con los precios de la inversión y los posibles escenarios. Otra vez se armó la polémica, porque las cuentas no resultaron tan satisfactorias para las finanzas de la Comisión y la televisión pública.

Y no terminaba el dilema cuando ya estaba listo el siguiente. Un decreto de septiembre de 2007 cambió el reglamento de la CNTV, para que los contratistas con este organismo quedaran sin opción en la elección de comisionados. De inmediato se interpretó como un codazo a las facultades de comunicación social y un camino expedito para sacar a Eduardo Noriega.

Y salió de la Comisión, no sin antes casar pelea con sus colegas por otras reelecciones y presiones políticas. Hubo tutelas, peleas internas; volvieron a contratarse estudios financieros, se sumaron abogados con millonarios contratos y más problemas. En abril de 2008 la CNTV expidió el Registro Único de Operadores (RUO) y de entrada la opción se redujo a tres grupos económicos: Cisneros de Venezuela y Prisa y Planeta de España.

 Todo parecía enrumbarse, pero se atravesó otra necesidad cargada de pelea: la prórroga de los canales privados. Largos meses de discusión, réplicas y reclamos, alegatos por detrimento patrimonial y desigualdad frente a los precios estipulados para el tercer canal, hasta que se despejó el panorama, pero se había ido 2008. En diciembre de ese año tomó forma el proceso, se acordó el mecanismo de la subasta y se calculó que en mayo de 2009 quedaba listo y adjudicado.

Y apenas arrancaba la discusión cuando ya estaba empantanado el proceso. No sólo porque trascendió la noticia de que la CNTV se había visto envuelta en la extraña adjudicación de una concesión a una empresa de la intervenida DMG, sino porque al tema de la subasta se le agregó una fórmula subjetiva: la evaluación adicional por contenidos. Con el paso del tiempo la propuesta se cayó.

Ante el cúmulo de conflictos, a los cuales también se sumó el reclamo del grupo Cisneros por el cambio en las reglas de juego frente a la obligación de registrar la composición accionaria, terminó interviniendo la Procuraduría, que decidió hacer una labor de vigilancia preventiva que empezó por expresar sus dudas sobre la inversión extranjera, la ausencia de auditores y los vacíos de los estudios de inversión.

Aun así, la CNTV publicó los prepliegos el 22 de abril, con una cifra récord de observaciones y reclamos de los proponentes. Luego vinieron más acciones judiciales y otra pelea de fondo: la opción de que el tercer canal ocupara la frecuencia que hoy posee Tv Andina (Canal 13). Fórmula que cuajó un año después, causando nuevos dilemas por detrimento patrimonial.

El plazo de mayo no se pudo cumplir y el asunto entró en nuevas divergencias. Los actuales concesionarios de espacios televisivos que no podían participar fueron habilitados previa renuncia a sus licencias. Las autoridades de control se trenzaron en una discusión en torno a si era más viable una licitación o una subasta. Los partidos políticos comenzaron a pedir que el tema se resolviera después de las elecciones y el año terminó con la renuncia de Prisa y Cisneros argumentando falta de garantías.

Con un clima espeso el proceso se retomó en 2010, rodeado de acciones populares o tutelas, con nuevos cambios en la CNTV y denuncias de que el Gobierno estaba cooptando el organismo. El 7 de enero, ad portas de ser adjudicado el canal, la Procuraduría intervino y, argumentando que no se garantizaba la pluralidad de oferentes, pidió revocar el proceso. El concepto fue acatado.

El tema se reabrió en abril con una novedad: la aceptación de un solo proponente con la condición de que mejorara la oferta económica en un 10%. No fue posible que Prisa y Cisneros regresaran, por la misma razón: falta de garantías. En cambio arreciaron de nuevo las impugnaciones jurídicas, para tratar de demostrar la inviabilidad de un proceso que parecía acelerarse ante la inminencia del final del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Contra todos los pronósticos, hace una semana parecía llegar la hora cero. Pero súbitamente apareció un nuevo conflicto. La pelea aparte entre RTI y Programar porque la primera, para poder participar como socio del único proponente, tenía que renunciar a 32 espacios que hoy tiene en el Canal Uno en compañía con la segunda firma. RTI dice que el representante legal de Programar aceptó renunciar a los espacios. Programar dice que no es cierto. El asunto terminó con anuncio de denuncias penales.

Y cuando este último lance parecía un tema menor, el Consejo de Estado le aplicó una estocada al proceso. Recogiendo la filosofía de un concepto anterior de la Sala en Consulta, concluyó que no puede existir una subasta con un solo proponente, porque no habría competencia ni puja consigo misma. Además, de aceptarse esta decisión, el único oferente podría ajustar su propuesta al precio mínimo requerido. Por estas razones suspendió el proceso.

Pero como la historia del tercer canal privado de televisión es como para alquilar balcón, al cierre de esta edición no se sabía si la CNTV optaría por romper su silencio. En el país de los abogados, mientras algunos juristas intentan validar la posición de que la Comisión no está obligada a acatar el fallo porque no la han notificado, lo cual la dejaría libre para adjudicar el canal, la lógica del derecho enseña que si un organismo judicial ordena, el Estado acata. Amanecerá y veremos.

 Advertencia: Comunican S.A., empresa editora de El Espectador, pertenece al mismo grupo de medios del que hace parte el canal privado Caracol TV.