Los mitos de Hidroituango

El país no puede darse el lujo de dejar engavetado otro proyecto energético, como ocurrió con Porce IV, por la imposibilidad de cumplir las exigencias crecientes de comunidades que llegaron al área de influencia de la obra después de realizado el censo y que hoy tienen contra la pared a Hidrosogamoso y otros proyectos energéticos por situaciones similares.

Así lo señaló el presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Juan Esteban Calle, al rechazar la medida de hecho de unas 300 personas que se tomaron la Universidad de Antioquia para protestar por lo que ellos califican como un desplazamiento generado por las obras de la hidroeléctrica de Ituango.

Calle recalcó que el censo encontró, a lo largo de los 75 kilómetros que tendrá el embalse, a 336 mineros y 1.402 personas que se vieron afectadas por la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial en los 12 municipios de la zona de influencia de la hidroeléctrica, y que son a las que se compensará.
Adicionalmente a estas obligaciones contractuales de la obra, que inundará 3.800 hectáreas y generará 2.400 megavatios de energía en diciembre de 2018, el proyecto invertirá US$100 millones en la ejecución del plan integral de proyectos prioritarios para los 12 municipios, que van desde el mejoramiento de las vías hasta la construcción de acueductos.

Asimismo, el proyecto invertirá cerca de $1 billón en la construcción de un viaducto que conectará al occidente con el norte de Antioquia y la recuperación de la red vial de la zona, que permitirá reducir el tiempo de viaje entre Medellín e Ituango de 12 a 5 horas; esta última obra está a punto de concluirse.
Carlos Mario Méndez, gerente de sostenibilidad del Hidroituango, señaló que este Plan Integral se ejecutará en lo que resta del año y en 2014, ya que son obras que requiere con urgencia la comunidad.

Méndez recalcó que una vez entre en operación el proyecto, que generará el 17% de la energía que va a requerir el país, 152 municipios recibirán regalías.
Pese a las bondades del proyecto, según EPM, y que respaldan los 12 alcaldes de la zona de influencia, la fundación Ríos Vivos, que lidera Isabel Cristina Zuleta, rechaza a la forma como se está desarrollando la compensación.

La dirigente recalcó que se declaran desplazados forzados por Hidroituango, ya que, según ella, las familias fueron sacadas de las playas por la policía y quemados sus ranchos, lo que los obligó a albergarse en el coliseo de la Universidad de Antioquia.

Zuleta sostiene que el censo se hizo mal, ya que se realizó en un momento en que mucha gente había sido desplazada y que los autores de este conteo no bajaron a todas las playas por problemas de seguridad en la zona.

La dirigente pidió al Gobierno que se revise esta situación y señaló que no están en contra del proyecto, siempre y cuando se realice de manera responsable.
Por ahora el consorcio constructor, que invertirá US$5.500 millones, iniciará la construcción de las sedes los batallones que vigilarán la zona donde se construirá la obra.

Mientras tanto, Calle explicó que este tipo de conflictos con las comunidades está encareciendo los proyectos hasta en un 30%. 

El país no puede darse el lujo de dejar engavetado otro proyecto energético, como ocurrió con Porce IV, por la imposibilidad de cumplir las exigencias crecientes de comunidades que llegaron al área de influencia de la obra después de realizado el censo y que hoy tienen contra la pared a Hidrosogamoso y otros proyectos energéticos por situaciones similares.

Así lo señaló el presidente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Juan Esteban Calle, al rechazar la medida de hecho de unas 300 personas que se tomaron la Universidad de Antioquia para protestar por lo que ellos califican como un desplazamiento generado por las obras de la hidroeléctrica de Ituango.

Calle recalcó que el censo encontró, a lo largo de los 75 kilómetros que tendrá el embalse, a 336 mineros y 1.402 personas que se vieron afectadas por la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial en los 12 municipios de la zona de influencia de la hidroeléctrica, y que son a las que se compensará.
Adicionalmente a estas obligaciones contractuales de la obra, que inundará 3.800 hectáreas y generará 2.400 megavatios de energía en diciembre de 2018, el proyecto invertirá US$100 millones en la ejecución del plan integral de proyectos prioritarios para los 12 municipios, que van desde el mejoramiento de las vías hasta la construcción de acueductos.

Asimismo, el proyecto invertirá cerca de $1 billón en la construcción de un viaducto que conectará al occidente con el norte de Antioquia y la recuperación de la red vial de la zona, que permitirá reducir el tiempo de viaje entre Medellín e Ituango de 12 a 5 horas; esta última obra está a punto de concluirse.
Carlos Mario Méndez, gerente de sostenibilidad del Hidroituango, señaló que este Plan Integral se ejecutará en lo que resta del año y en 2014, ya que son obras que requiere con urgencia la comunidad.

Méndez recalcó que una vez entre en operación el proyecto, que generará el 17% de la energía que va a requerir el país, 152 municipios recibirán regalías.
Pese a las bondades del proyecto, según EPM, y que respaldan los 12 alcaldes de la zona de influencia, la fundación Ríos Vivos, que lidera Isabel Cristina Zuleta, rechaza a la forma como se está desarrollando la compensación.

La dirigente recalcó que se declaran desplazados forzados por Hidroituango, ya que, según ella, las familias fueron sacadas de las playas por la policía y quemados sus ranchos, lo que los obligó a albergarse en el coliseo de la Universidad de Antioquia.

Zuleta sostiene que el censo se hizo mal, ya que se realizó en un momento en que mucha gente había sido desplazada y que los autores de este conteo no bajaron a todas las playas por problemas de seguridad en la zona.

La dirigente pidió al Gobierno que se revise esta situación y señaló que no están en contra del proyecto, siempre y cuando se realice de manera responsable.
Por ahora el consorcio constructor, que invertirá US$5.500 millones, iniciará la construcción de las sedes los batallones que vigilarán la zona donde se construirá la obra.

Mientras tanto, Calle explicó que este tipo de conflictos con las comunidades está encareciendo los proyectos hasta en un 30%.