Los pasajes en flota podrían subir de precio y no es por la gasolina
En medio de la polémica por el aumento en las tarifas de la empresa Coflonorte, el gremio de transporte terrestre de pasajeros advierte que el sector está en un punto crítico.
El aumento en el precio de los pasajes de la empresa Coflonorte, que opera buses de la ruta Libertadores, generó confusión y debate. Tomar una flota Bogotá-Tunja pasó de $25.000 a $35.000. Ante la decisión, usuarios en redes sociales denunciaron abusos y las declaraciones fueron replicadas por medios de comunicación e incluso por líderes políticos.
Inicialmente, se habló de que la empresa subió el pasaje por el aumento en el precio de la gasolina. Vale recordar que esta tuvo una variación promedio de $200 por galón a nivel nacional desde este 1 de octubre (quedando en promedio en $9.380 el galón). Una decisión que tomó el Gobierno para evitar que el abultado déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) siga creciendo.
Lea: ¿En cuánto quedó el precio de la gasolina en Bogotá, Medellín y más ciudades?
Sin embargo, el gerente de Coflonorte, Óscar Javier Cuadros, le explicó a este diario que solo fue una “coincidencia” que los pasajes subieran después de que subió la gasolina. “Medios de comunicación dijeron que el incremento había sido por los combustibles, pero en realidad tiene que ver con que actualizamos la estructura de costos, pues desde 2019 no subíamos el precio del pasaje”.
Además, como explica Camilo García, director ejecutivo del Consejo Superior de Transporte (CST), el incremento en el precio de la gasolina no afecta la estructura de costos del transporte de pasajeros por carretera, ni del trasporte intermunicipal, urbano y de carga, porque la mayoría de estos vehículos se mueven con ACPM y el precio de este combustible no ha tenido variación.
Coflonorte justifica el ajuste de sus tarifas en otros factores, como el aumento salarial para sus trabajadores y el incremento en el precio de lubricantes, repuestos y llantas. “Antes comprábamos una llanta en $800.000 y hoy la misma llanta cuesta $2.500.000″.
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“Las materias primas han aumentado su valor por la guerra en Ucrania, subieron los fletes y nos impacta la depreciación del peso. En nuestra organización hacemos un proceso de reposición permanente, cerca de 50 vehículos al año. Los chasis, con los que montamos la carrocería, costaban $230 millones, pero hoy están en $350 millones. La carrocería tampoco es la excepción, pues ha aumentado más de 20 %. Entre muchas otras cosas”, afirma.
Según Cuadros, el error de la empresa estuvo en no hacer los incrementos cada año, pero dice que “no querían afectar a los usuarios” y que “no hay nada ilegal”.
La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, explicó que en el transporte público intermunicipal se aplica la libertad tarifaria, por lo que las empresas sí pueden subir sus tarifas, pero el incremento debe estar ajustado a su estructura de costos. De ahí que la entidad analizará cuál fue la justificación de la empresa para el incremento y si, en efecto, Coflonorte calculó algún impacto por el aumento en la gasolina.
“Si bien tienen libertad tarifaria, también tienen que cumplir y ajustarse a las exigencias que están en las resoluciones”. De hecho, Ospina recordó que la Superintendencia puede investigar y sancionar si establece, dentro del debido proceso, que hubo un incremento que no se ajustó a las normas.
Por su parte, el director del CST sustenta que de 560 empresas en el país, solo una incrementó sus tarifas, por eso pide no generalizar. Sin embargo, pone sobre la mesa que el sector se encuentra en un momento crítico.
La inflación y el transporte terrestre
El sector no es ajeno a los golpes por la inflación y la situación económica internacional. García cita el Índice de costos del transporte intermunicipal de pasajeros (ICTIP), calculado por el Dane, que en el segundo trimestre de 2022 presentó una variación anual de 9,13 %.
El sector, dice el director del CST, ha sentido con fuerza el incremento en los insumos relacionados con el petróleo, “particularmente algunos lubricantes y las llantas, que son muy importantes para nuestra operación y mantenimiento”. Las subidas en las tasas de interés, además, han encarecido el financiamiento y con la escasez de repuestos a nivel global, los vehículos siguen subiendo de precio.
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“Necesitamos una reorientación de la política tarifaria, el Ministerio de Transporte debería actualizar los pisos, algo que no se ha hecho en 15 años”, dice. Para él, con la actualización los usuarios no sentirían los incrementos en esta magnitud, pues se realizarían anualmente y las empresas podrían cobrar lo justo, ya que algunas “tienen las mismas tablas de hace diez años”.
Y agrega que si bien los tranquiliza el anuncio del Gobierno de que el combustible, que representa el 33 % de sus costos, no va a subir, los demás factores están disparados. “Tenemos que buscar cómo regular mejor los seguros y los incrementos de los peajes, muchos de los cuales empezaron a operar en los últimos tiempos. Estamos en un momento crítico en el que se hace necesario revisar nuestra estructura para limitar los efectos negativos de la inflación”.
En esa línea, el gerente de Coflonorte, agrega otro elemento: la necesidad de actualizar los vehículos (por seguridad vial) en un contexto en el que las empresas no tienen ganancias suficientes. “Hace dos años un vehículo valía $500 millones, ese vehículo tiene una depreciación de entre cinco y diez millones mensuales. En cuatro años, costará $200.000 millones y ya nadie lo va a querer comprar. Nosotros optamos por chatarrizar, pero el margen de rentabilidad ya no nos da para compensar la inversión. Nuestra responsabilidad es transportar personas bajo condiciones de seguridad, en nuestra empresa la mayoría de los vehículos tienen una edad máxima de cinco años, pero ahora estamos en una situación crítica”.
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Para Cuadros, las empresas temen subir los pasajes y perder usuarios, pero ese mismo temor las está llevando “a quebrarse poco a poco”. Esta crisis, de la que poco se ha hablado, requiere atención, según el gremio de transporte de pasajero.
“Si entramos en desequilibrio económico, no solo se acaba una empresa de 57 años, sino que se pierden 1.500 empleos, en el caso de Coflonorte. El usuario no es consiente de que el pasaje no aumentaba desde 2019, que pasamos por un cierre total de ocho meses por la pandemia y de que los precios siguen aumentando”, argumenta el gerente de la empresa.
Sin embargo, en la ecuación también entra el bolsillo de los colombianos. Este miércoles el Dane dará a conocer las cifras de inflación de septiembre, Fedesarrollo espera que el dato anual llegue a un preocupante (e histórico) 11,2 % y las estimaciones del Banco de la República indican que será de 11,17 %.
Vale señalar que si bien el sector se sigue recuperando, todavía hay una brecha frente a las cifras de 2019, referente prepandemia. “El sector está en una operación de alrededor del 65 % frente a 2018 y 2019. Esperamos un mejor segundo semestre, sobre todo con la semana de receso”, concluye García.
Las investigaciones de la Superintendencia de Transporte concluirán si hubo o no irregularidades en el aumento de los pasajes, pero desde ya hay tensiones: el gremio pide atención para enfrentar el aumento de los precios y los usuarios piden que no se golpee más su bolsillo.
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El aumento en el precio de los pasajes de la empresa Coflonorte, que opera buses de la ruta Libertadores, generó confusión y debate. Tomar una flota Bogotá-Tunja pasó de $25.000 a $35.000. Ante la decisión, usuarios en redes sociales denunciaron abusos y las declaraciones fueron replicadas por medios de comunicación e incluso por líderes políticos.
Inicialmente, se habló de que la empresa subió el pasaje por el aumento en el precio de la gasolina. Vale recordar que esta tuvo una variación promedio de $200 por galón a nivel nacional desde este 1 de octubre (quedando en promedio en $9.380 el galón). Una decisión que tomó el Gobierno para evitar que el abultado déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) siga creciendo.
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Sin embargo, el gerente de Coflonorte, Óscar Javier Cuadros, le explicó a este diario que solo fue una “coincidencia” que los pasajes subieran después de que subió la gasolina. “Medios de comunicación dijeron que el incremento había sido por los combustibles, pero en realidad tiene que ver con que actualizamos la estructura de costos, pues desde 2019 no subíamos el precio del pasaje”.
Además, como explica Camilo García, director ejecutivo del Consejo Superior de Transporte (CST), el incremento en el precio de la gasolina no afecta la estructura de costos del transporte de pasajeros por carretera, ni del trasporte intermunicipal, urbano y de carga, porque la mayoría de estos vehículos se mueven con ACPM y el precio de este combustible no ha tenido variación.
Coflonorte justifica el ajuste de sus tarifas en otros factores, como el aumento salarial para sus trabajadores y el incremento en el precio de lubricantes, repuestos y llantas. “Antes comprábamos una llanta en $800.000 y hoy la misma llanta cuesta $2.500.000″.
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“Las materias primas han aumentado su valor por la guerra en Ucrania, subieron los fletes y nos impacta la depreciación del peso. En nuestra organización hacemos un proceso de reposición permanente, cerca de 50 vehículos al año. Los chasis, con los que montamos la carrocería, costaban $230 millones, pero hoy están en $350 millones. La carrocería tampoco es la excepción, pues ha aumentado más de 20 %. Entre muchas otras cosas”, afirma.
Según Cuadros, el error de la empresa estuvo en no hacer los incrementos cada año, pero dice que “no querían afectar a los usuarios” y que “no hay nada ilegal”.
La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, explicó que en el transporte público intermunicipal se aplica la libertad tarifaria, por lo que las empresas sí pueden subir sus tarifas, pero el incremento debe estar ajustado a su estructura de costos. De ahí que la entidad analizará cuál fue la justificación de la empresa para el incremento y si, en efecto, Coflonorte calculó algún impacto por el aumento en la gasolina.
“Si bien tienen libertad tarifaria, también tienen que cumplir y ajustarse a las exigencias que están en las resoluciones”. De hecho, Ospina recordó que la Superintendencia puede investigar y sancionar si establece, dentro del debido proceso, que hubo un incremento que no se ajustó a las normas.
Por su parte, el director del CST sustenta que de 560 empresas en el país, solo una incrementó sus tarifas, por eso pide no generalizar. Sin embargo, pone sobre la mesa que el sector se encuentra en un momento crítico.
La inflación y el transporte terrestre
El sector no es ajeno a los golpes por la inflación y la situación económica internacional. García cita el Índice de costos del transporte intermunicipal de pasajeros (ICTIP), calculado por el Dane, que en el segundo trimestre de 2022 presentó una variación anual de 9,13 %.
El sector, dice el director del CST, ha sentido con fuerza el incremento en los insumos relacionados con el petróleo, “particularmente algunos lubricantes y las llantas, que son muy importantes para nuestra operación y mantenimiento”. Las subidas en las tasas de interés, además, han encarecido el financiamiento y con la escasez de repuestos a nivel global, los vehículos siguen subiendo de precio.
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“Necesitamos una reorientación de la política tarifaria, el Ministerio de Transporte debería actualizar los pisos, algo que no se ha hecho en 15 años”, dice. Para él, con la actualización los usuarios no sentirían los incrementos en esta magnitud, pues se realizarían anualmente y las empresas podrían cobrar lo justo, ya que algunas “tienen las mismas tablas de hace diez años”.
Y agrega que si bien los tranquiliza el anuncio del Gobierno de que el combustible, que representa el 33 % de sus costos, no va a subir, los demás factores están disparados. “Tenemos que buscar cómo regular mejor los seguros y los incrementos de los peajes, muchos de los cuales empezaron a operar en los últimos tiempos. Estamos en un momento crítico en el que se hace necesario revisar nuestra estructura para limitar los efectos negativos de la inflación”.
En esa línea, el gerente de Coflonorte, agrega otro elemento: la necesidad de actualizar los vehículos (por seguridad vial) en un contexto en el que las empresas no tienen ganancias suficientes. “Hace dos años un vehículo valía $500 millones, ese vehículo tiene una depreciación de entre cinco y diez millones mensuales. En cuatro años, costará $200.000 millones y ya nadie lo va a querer comprar. Nosotros optamos por chatarrizar, pero el margen de rentabilidad ya no nos da para compensar la inversión. Nuestra responsabilidad es transportar personas bajo condiciones de seguridad, en nuestra empresa la mayoría de los vehículos tienen una edad máxima de cinco años, pero ahora estamos en una situación crítica”.
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Para Cuadros, las empresas temen subir los pasajes y perder usuarios, pero ese mismo temor las está llevando “a quebrarse poco a poco”. Esta crisis, de la que poco se ha hablado, requiere atención, según el gremio de transporte de pasajero.
“Si entramos en desequilibrio económico, no solo se acaba una empresa de 57 años, sino que se pierden 1.500 empleos, en el caso de Coflonorte. El usuario no es consiente de que el pasaje no aumentaba desde 2019, que pasamos por un cierre total de ocho meses por la pandemia y de que los precios siguen aumentando”, argumenta el gerente de la empresa.
Sin embargo, en la ecuación también entra el bolsillo de los colombianos. Este miércoles el Dane dará a conocer las cifras de inflación de septiembre, Fedesarrollo espera que el dato anual llegue a un preocupante (e histórico) 11,2 % y las estimaciones del Banco de la República indican que será de 11,17 %.
Vale señalar que si bien el sector se sigue recuperando, todavía hay una brecha frente a las cifras de 2019, referente prepandemia. “El sector está en una operación de alrededor del 65 % frente a 2018 y 2019. Esperamos un mejor segundo semestre, sobre todo con la semana de receso”, concluye García.
Las investigaciones de la Superintendencia de Transporte concluirán si hubo o no irregularidades en el aumento de los pasajes, pero desde ya hay tensiones: el gremio pide atención para enfrentar el aumento de los precios y los usuarios piden que no se golpee más su bolsillo.
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