La reforma laboral está virtualmente hundida. Las ocho firmas que acompañaron la ponencia negativa del tercer debate, en la Comisión Séptima del Senado, son un portazo a las intenciones que tiene el Gobierno de ajustar el aparato laboral en Colombia. Lo que se defina el martes 18 de marzo es decisivo.
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La senadora Lorena Ríos (del partido Colombia Justa Libres y quien acompañó esta ponencia negativa), sostiene que el rechazo obedece a razones técnicas, y no políticas pues, para ella, en muchos aspectos adoptar esta reforma resulta inconveniente (según la información que se recabó en las mesas técnicas y demás espacios adelantados).
Quienes defienden la iniciativa argumentan que el proyecto de ley pone a tono al país con gran parte de los estándares que se encuentran en convenios y tratados ya adoptados por otras naciones, amén de devolver derechos que fueron reducidos en el primer Gobierno de Álvaro Uribe.
Lo anterior porque fue por las medidas que se adoptaron en el año 2002 que la jornada nocturna en Colombia hoy arranca a las nueve de la noche, y los recargos por trabajar en días de descanso son del 75 %. En su momento, estos ajustes se hicieron con la intención de reducir los costos de contratación para aumentar la generación de empleo.
En su lugar, la laboral propone que la jornada nocturna arranque desde las siete de la noche, y que los mencionados recargos aumenten de forma gradual hasta llegar al 100 %.
Los costos de la reforma
Solo este punto resume la discordia que enmarca esta discusión, pues mientras un sector defiende que los trabajadores necesitan mejorar sus derechos (en este caso, sus ingresos), el otro argumenta que, aunque se quisiera, no es económicamente viable, pues se afectaría la capacidad de contratación de las empresas, e incluso se aumentarían los estímulos para la informalidad (pues esta se haría más costosa).
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En la ponencia negativa se referencia a la ANDI, asociación que estima que los costos extrasalariales de la reforma vinculados al empleador se acercarían al 63,8 %. “Lo que desemboca en la imposibilidad de muchos empleadores de poder pagar los salarios de sus trabajadores”.
Además, se estima que las empresas experimentarían un incremento de entre el 25 % y el 30 % en los costos relacionados al pago de nómina, especialmente en sectores de hotelería y turismo, comercio, industria y seguridad, quienes se verían directamente impactados con la modificación de la jornada laboral y los aumentos en horas extras, domingos y festivos. El golpe sería mayor en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales conforman el 99,5 % del tejido empresarial colombiano y generan el 79 % del empleo (según las cifras del BBVA Research).
“No se puede aprobar una reforma para el 2 % de las empresas colombianas, por el contrario, hay que legislar para que las mipymes crezcan cada vez más”, se lee en la ponencia negativa.
También se sigue empleando el análisis que se divulgó desde el Banco de la República, con el que se estima que la aprobación de la reforma implicaría la pérdida de 450.000 puestos de trabajo en Colombia (aunque a estas alturas ese estudio no sería del todo objetivo, pues se basó en el documento original que se radicó en 2023, y desde entonces el articulado ha tenido muchos cambios).
Aun así, los que defienden la iniciativa apelan a una postura económica que reza que trabajadores mejor remunerados tienen una mayor capacidad de gasto, lo que a la larga beneficia a las empresas por incrementar sus ventas, teniendo así estas más capacidad de generar nuevas vacantes laborales. Un concepto del Ministerio de Hacienda complementa esta idea al decir que mayores remuneraciones aumentan la productividad del trabajador, pues este se tiene más motivado.
Aprendices del SENA
Este también ha sido uno de los puntos más visibles de la reforma, pues las sesiones de los debates usualmente las han acompañado estos estudiantes.
Sobre ellos, la reforma propone que se le dé al contrato de aprendizaje un tratamiento de contrato laboral, lo que implica que las prácticas que realicen los aprendices tengan una remuneración no inferior a un salario mínimo y con acceso a seguridad social (aportes a salud, pensión y caja de compensación familiar, entre otros beneficios).
Se obliga a las empresas de 15 o más trabajadores a cumplir con una cuota de aprendizaje. Si esta no se cumple, la compañía deberá cancelar al SENA un valor mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz que no contrate.
Según lo expuesto por los senadores en la ponencia negativa, los aprendices del SENA son más de 364.000, lo que implica un costo para las empresas de $6,7 billones que, con los cambios de la reforma, ascendería a $12,93 billones.
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Se ha cuestionado este punto porque para muchas empresas no es conveniente contratar un aprendiz y pagarle un salario mínimo, cuando podrían pagar lo mismo por un trabajador con experiencia. También, porque en las regiones, donde la presencia empresarial es baja, los jóvenes experimentarían mayores obstáculos para encontrar empresas donde realizar sus prácticas.
En lo que hay consenso
Hay elementos de la reforma que han logrado importantes consensos entre diferentes sectores.
Uno de los más importantes es el que involucra a los repartidores de plataformas (como Rappi y DiDi), quienes se beneficiarían de los aportes a seguridad social que harían las empresas dueñas de esas tecnologías.
De lo anterior se destaca que estos pagos se harían independientemente de si el repartidor se encuentra directamente contratado por la empresa (es decir, si es subordinado) o si labora de forma autónoma, lo que sienta un precedente importante para estas nuevas formas de trabajo en el país, así como las garantías para su acceso a la formalidad.
También se rescatan los cambios que tendría la licencia de paternidad, pues propone que esta pase de dos a cuatro semanas. Esto tiene el potencial de reducir la brecha de género, pues acerca los tiempos de ausencia laboral que tendrían los hombres frente a las mujeres, reduciendo así los sesgos que se puedan generar al momento de hacer una contratación.
Aún sobre esto hay reparos. “Es necesario reiterar que el Congreso recientemente aprobó un incremento de la licencia de paternidad en dos semanas y que, además, se creó la licencia parental compartida, convirtiendo a Colombia en uno de los países más avanzados en la región frente a este tema. Según el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal del incremento de la licencia de paternidad por cada semana adicional, sería de $60.000 millones, por lo que, de aprobarse esta reforma, generaría un costo total al desfinanciado sistema de salud por $240.000 millones”, se lee en la argumentación de la senadora Lorena Ríos.
Finalmente, hay otros elementos que se extrañarían de la reforma, como los mecanismos que propone para la formalización de quienes laboran en la ruralidad, así como los trabajadores domésticos.
El costo fiscal
Un punto adicional para evaluar es el peso fiscal que tiene la reforma, pues en momentos donde las arcas de la nación se encuentran apretadas este no es un asunto menor.
Sobre esto, el Ministerio de Hacienda emitió recientemente un concepto. En este se reconoce que es posible que se genere un impacto fiscal negativo, derivado del aumento de los costos laborales, pues estos son deducibles de la base de liquidación para el impuesto de renta.
“Un aumento en los costos laborales permitiría a las empresas y personas naturales deducir un monto mayor del valor, reduciendo el ingreso fiscal y afectando negativamente el recaudo nacional”, explica, dejando la salvedad de que se espera que los beneficios económicos que se deriven de una mejora en las condiciones del mercado laboral compensen cualquier potencial costo fiscal.
Sobre el apartado de la reforma que propone vincular a las madres comunitarias y sustitutas a la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que fue uno de los puntos en donde más se le pidió al Ministerio estimar el costo para la nación de pagar esos salarios, el concepto de la cartera no fue concluyente ni aclaratorio.
Sobre la ampliación de la licencia de paternidad, la cartera puntualizó que esos recursos provendrían de la ADRES (que a su vez se financia con dineros de la nación). “Esta propuesta, aun cuando progresiva, representaría un impacto fiscal significativo, dado que las EPS deben cubrir el 100 % del ingreso base de cotización durante el período de licencia, por lo que dicha disposición se debe articular con la reforma a la salud”, señala el Ministerio, al concluir que los costos de la reforma se podrían compensar con los beneficios que se esperan cosechar, siempre y cuando exista una mayor formalización, generación de empleo, productividad y crecimiento económico, lo que favorecería un mayor recaudo tributario.
La reforma será debatida este martes (con la salvedad de que se podría archivar). En ese escenario, el presidente Gustavo Petro anticipó el trámite de una consulta popular (aunque de momento no se conocen las preguntas que allí estarían).
Los críticos de la reforma no pelean con la idea de que el mercado laboral colombiano necesita ajustes. Muchos de ellos hasta coinciden con algunos de los artículos que se encuentran en la laboral. No obstante, señalan que en su mayoría se podrían adoptar mediante otro tipo de trámites, por lo que estaríamos ante el inicio de una gran conversación sobre cómo mejorar el empleo en Colombia.
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