Los retos económicos que debe asumir el próximo gobierno
Al igual que hace cuatro años, el escenario fiscal sigue ofreciendo amplios retos. A la vez, los problemas fiscales deben ir de la mano con una agenda social que busque la reducción de la pobreza y una mejor distribución de los ingresos y la riqueza.
Santiago La Rotta
Hace cuatro años empezábamos este texto diciendo que los principales retos económicos del país incluían arreglar su situación fiscal y generar reducciones en desigualdad con mejoras en la distribución de los ingresos y la riqueza.
Cuatro años después, los retos siguen, de cierta forma, intactos. Y, en algunos aspectos, han empeorado. Bienvenido 2018, tan solo que en 2022.
En justicia, sanear las finanzas de un país y corregir sus indicadores de desigualdad, que se manifiestan en asuntos como la pobreza, entre otros aspectos, son tareas que pueden no ser solucionables en cuatro años.
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A pesar de que el gobierno de Iván Duque, ya entrado en su último suspiro, pasó cuatro reformas tributarias y ninguna más de las otras que había prometido, igual de urgentes: laboral y pensional. Pero el fantasma de las cosas prometidas y que no se hicieron será tema para otro momento.
Las urgencias fiscales
Lo cierto es que, para este punto, llevamos unos tres años con déficits fiscales que rondan el 7 % del PIB y con una deuda que, hasta esta semana, algunos proyectaban cerraría el año por encima del 60 % del PIB.
Sin embargo, en las nuevas cuentas del Gobierno, contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se estima que la deuda neta cerrará 2022 en 56,5 %, con una reducción de 4,3 puntos porcentuales y poco más de 10 puntos por debajo de lo que se había estimado el año pasado.
¿Qué pasó? ¿Colombia dio un salto astronómico en productividad en un año? No. Pero lo que sí pasó en este período es que el mundo terminó de ponerse patas arriba con una crisis logística mundial que no se soluciona aún, los rusos invadieron Ucrania y el petróleo orbita unos niveles estratosféricos que permitieron el mayor ajuste fiscal en casi tres décadas, según el relato del Gobierno.
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Por ejemplo, los cálculos de Ecopetrol indican que los mayores precios internacionales de crudo le significan unos ingresos adicionales del orden de $550.000 millones; y vale la pena recordar que el Estado es el accionista mayoritario de la petrolera.
El término precios del petróleo bien podría ser un sinónimo de volatilidad en algún diccionario informal; el de Ambrose Bierce define la economía como la “compra del barrio de whisky que no se necesita por el precio de la vaca que no se tiene”. Entonces, apostar la recuperación de las finanzas nacionales a una racha de suerte petrolera es una apuesta, cuando mucho, de corto plazo.
El reto del nuevo gobierno en materia fiscal es “ajustar dos puntos porcentuales en 2023. Es decir, lo que hizo esta administración en dos años, la nueva tendrá que hacerlo en uno. Y si sumamos el ajuste de 2024, se deberá reducir el déficit en 3,5 % del PIB”, como lo dijo recientemente Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, comentó algo similar a través de Twitter: “El mensaje del gobierno actual para el nuevo gobierno parece ser: ‘No puede gastar como yo gasté, no puede seguir con los programas sociales que yo creé, tiene que reducir la inversión pública en una tercera parte. Tiene que reducir los gastos en cerca de $2 billones anuales adicionales y no puede mantener, como yo, los precios estables de los combustibles líquidos, debe por el contrario subirlos cada mes hasta alcanzar los precios internacionales”.
El problema acá es que un ajuste fiscal vía políticas de austeridad, justo en momentos en los que el país sale de su peor crisis económica, echaría por el suelo todo el andamiaje de apoyo social sin el cual el panorama en temas como empleo, pobreza y desigualdad podría tornarse entre crítico y catastrófico.
Si bien las cifras más recientes de pobreza monetaria y pobreza extrema mostraron una mejoría después del crecimiento que registraron por el impacto de la pandemia, el panorama social del país muestra enormes retos, que requerirán gasto público sí o sí.
Para 2021, los datos más recientes publicados por el DANE, la pobreza monetaria se ubicó en 39 %, lo que significa que 19,6 millones de colombianos no tienen suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas. Por su parte, la pobreza extrema llegó al 12,2 %, lo que se traduce en 6,1 millones de personas que, por cuenta de sus ingresos, no llegan a una alimentación básica (con un mínimo de 2.100 calorías diarias).
Las elecciones, que marcan el comienzo de la transición hacia un nuevo gobierno, llegan también en momentos en los que se registra uno de los crecimientos más rápidos de la inflación en el país. Este fenómeno se replica en muchos otros países, lo que muestra a la larga que buena parte de sus causas escapan del control local, aunque sí presenta impactos nacionales.
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Y esa es una de las principales presiones en contra de la recuperación económica, sin duda. El aumento en los precios no sólo juega en contra del consumo (el gran motor de la economía en 2021 y en el primer trimestre de 2022, según el DANE), sino que lesiona directamente a los sectores con menores ingresos.
Aunque la inflación parece estar mostrando algunas señales precoces de desaceleración, lo cierto es que la subida gradual en los precios de los combustibles, que ya fue anunciada por la administración Duque, comenzará a ejercer más presiones sobre este indicador y sobre el bolsillo de los colombianos.
A pesar de que la realidad económica del país va más allá de los impuestos y del escenario fiscal, este aspecto resulta determinante para determinar y el ritmo de otras piezas del engranaje nacional, en especial en lo que tiene que ver con el lado social de las políticas de Estado.
Al final, de nada sirve seguir revalidando aquella vieja y ajada frase: “La economía va bien, pero el país va mal”. Si algo demostró el estallido social de 2019 y el rechazo de la política tradicional es que, más allá de la macroeconomía, lo que se busca, y se necesita, es bienestar.
Hace cuatro años empezábamos este texto diciendo que los principales retos económicos del país incluían arreglar su situación fiscal y generar reducciones en desigualdad con mejoras en la distribución de los ingresos y la riqueza.
Cuatro años después, los retos siguen, de cierta forma, intactos. Y, en algunos aspectos, han empeorado. Bienvenido 2018, tan solo que en 2022.
En justicia, sanear las finanzas de un país y corregir sus indicadores de desigualdad, que se manifiestan en asuntos como la pobreza, entre otros aspectos, son tareas que pueden no ser solucionables en cuatro años.
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A pesar de que el gobierno de Iván Duque, ya entrado en su último suspiro, pasó cuatro reformas tributarias y ninguna más de las otras que había prometido, igual de urgentes: laboral y pensional. Pero el fantasma de las cosas prometidas y que no se hicieron será tema para otro momento.
Las urgencias fiscales
Lo cierto es que, para este punto, llevamos unos tres años con déficits fiscales que rondan el 7 % del PIB y con una deuda que, hasta esta semana, algunos proyectaban cerraría el año por encima del 60 % del PIB.
Sin embargo, en las nuevas cuentas del Gobierno, contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se estima que la deuda neta cerrará 2022 en 56,5 %, con una reducción de 4,3 puntos porcentuales y poco más de 10 puntos por debajo de lo que se había estimado el año pasado.
¿Qué pasó? ¿Colombia dio un salto astronómico en productividad en un año? No. Pero lo que sí pasó en este período es que el mundo terminó de ponerse patas arriba con una crisis logística mundial que no se soluciona aún, los rusos invadieron Ucrania y el petróleo orbita unos niveles estratosféricos que permitieron el mayor ajuste fiscal en casi tres décadas, según el relato del Gobierno.
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Por ejemplo, los cálculos de Ecopetrol indican que los mayores precios internacionales de crudo le significan unos ingresos adicionales del orden de $550.000 millones; y vale la pena recordar que el Estado es el accionista mayoritario de la petrolera.
El término precios del petróleo bien podría ser un sinónimo de volatilidad en algún diccionario informal; el de Ambrose Bierce define la economía como la “compra del barrio de whisky que no se necesita por el precio de la vaca que no se tiene”. Entonces, apostar la recuperación de las finanzas nacionales a una racha de suerte petrolera es una apuesta, cuando mucho, de corto plazo.
El reto del nuevo gobierno en materia fiscal es “ajustar dos puntos porcentuales en 2023. Es decir, lo que hizo esta administración en dos años, la nueva tendrá que hacerlo en uno. Y si sumamos el ajuste de 2024, se deberá reducir el déficit en 3,5 % del PIB”, como lo dijo recientemente Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, comentó algo similar a través de Twitter: “El mensaje del gobierno actual para el nuevo gobierno parece ser: ‘No puede gastar como yo gasté, no puede seguir con los programas sociales que yo creé, tiene que reducir la inversión pública en una tercera parte. Tiene que reducir los gastos en cerca de $2 billones anuales adicionales y no puede mantener, como yo, los precios estables de los combustibles líquidos, debe por el contrario subirlos cada mes hasta alcanzar los precios internacionales”.
El problema acá es que un ajuste fiscal vía políticas de austeridad, justo en momentos en los que el país sale de su peor crisis económica, echaría por el suelo todo el andamiaje de apoyo social sin el cual el panorama en temas como empleo, pobreza y desigualdad podría tornarse entre crítico y catastrófico.
Si bien las cifras más recientes de pobreza monetaria y pobreza extrema mostraron una mejoría después del crecimiento que registraron por el impacto de la pandemia, el panorama social del país muestra enormes retos, que requerirán gasto público sí o sí.
Para 2021, los datos más recientes publicados por el DANE, la pobreza monetaria se ubicó en 39 %, lo que significa que 19,6 millones de colombianos no tienen suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas. Por su parte, la pobreza extrema llegó al 12,2 %, lo que se traduce en 6,1 millones de personas que, por cuenta de sus ingresos, no llegan a una alimentación básica (con un mínimo de 2.100 calorías diarias).
Las elecciones, que marcan el comienzo de la transición hacia un nuevo gobierno, llegan también en momentos en los que se registra uno de los crecimientos más rápidos de la inflación en el país. Este fenómeno se replica en muchos otros países, lo que muestra a la larga que buena parte de sus causas escapan del control local, aunque sí presenta impactos nacionales.
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Y esa es una de las principales presiones en contra de la recuperación económica, sin duda. El aumento en los precios no sólo juega en contra del consumo (el gran motor de la economía en 2021 y en el primer trimestre de 2022, según el DANE), sino que lesiona directamente a los sectores con menores ingresos.
Aunque la inflación parece estar mostrando algunas señales precoces de desaceleración, lo cierto es que la subida gradual en los precios de los combustibles, que ya fue anunciada por la administración Duque, comenzará a ejercer más presiones sobre este indicador y sobre el bolsillo de los colombianos.
A pesar de que la realidad económica del país va más allá de los impuestos y del escenario fiscal, este aspecto resulta determinante para determinar y el ritmo de otras piezas del engranaje nacional, en especial en lo que tiene que ver con el lado social de las políticas de Estado.
Al final, de nada sirve seguir revalidando aquella vieja y ajada frase: “La economía va bien, pero el país va mal”. Si algo demostró el estallido social de 2019 y el rechazo de la política tradicional es que, más allá de la macroeconomía, lo que se busca, y se necesita, es bienestar.