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Luz verde. Este viernes el Gobierno, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y las empresas del sector anunciaron un acuerdo para bajar los precios de la energía en Colombia. Puntualmente, prometieron que las tarifas empezarán a bajar desde el próximo mes de noviembre. El hito representa varias reformas regulatorias de corto y mediano plazo, como cambiar el indexador con el que se actualizan las tarifas, para aliviar la carga en toda la cadena. En especial para los consumidores, que han visto que los recibos (de energía) se han encarecido más de 25 % en el último año. Expertos destacan avances, pero alertan sobre problemas que no soluciona el acuerdo. Entre ellos, el que más presiona los precios en el Caribe.
El acuerdo de cuatro puntos se materializará por medio de tres resoluciones emitidas por la CREG. La primera, proyectada a doce meses, busca involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas y aliviar la carga de los comercializadores (los que recaudan el dinero de las tarifas). La segunda acción regulatoria busca optimizar la operación de las plantas termoeléctricas según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas.
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Finalmente, con la tercera resolución se ordenan modificaciones en el criterio con el que se actualizan los cargos. Se tomará como indexador el mínimo dato entre el Índice de Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o un valor que presenten los operadores. Es decir, las empresas podrán elegir cuál usar.
De hecho, “el punto que más generaba expectativa era el cambio del indexador. Ajustar por IPP provocaba una serie de problemas indeseados, pues hacía que, por ejemplo, choques sectoriales en el agro colombiano terminaran subiendo los precios de la energía en todo el país. Ajustar por IPC todavía tiene sus inconvenientes, empezando porque sigue subiendo con fuerza, pero es una alternativa mejor que la de los precios al productor”, explicó José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
En efecto, el indexador es uno de los puntos calientes en la discusión sobre los precios de la energía. Los contratos de energía se ajustan por el IPP, que hasta hace no mucho solía estar por debajo de la inflación. Pero este año el indicador se disparó por la guerra en Ucrania, la reactivación económica y otros factores que no están necesariamente relacionados con el sector. Es como analizar la calidad de un equipo de fútbol de la liga local con base en las medallas que ganó Colombia en los Olímpicos.
Frente a los inconvenientes que tendría ahora ajustar por IPC, López advierte sobre “la retroalimentación. Los cobros en el sector (energía) se actualizarían por IPC, pero el IPC también tiene en cuenta los precios de las tarifas de energía. Entonces, habría una especie de círculo vicioso. Pero también había retroalimentación con el IPP y este crecería a un ritmo mayor (que el IPC). A la larga es un cambio positivo usar ahora el Índice de Precios al Consumidor”.
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La otra inquietud sobre el acuerdo es si representa una solución generalizada en Colombia, sobre todo, si impacta o beneficia la región en donde más ha subido el precio de la energía: el Caribe, en donde los recibos han visto un incremento de más de 40 % en el último año.
“Escuchamos el clamor de las y los colombianos de todos los rincones de nuestro país, en particular de los siete departamentos del Caribe, que por años han visto su economía afectada por cuenta de los altos costos en sus facturas de energía. Esta es una problemática heredada e insostenible, pero hoy podemos decir con orgullo que este Gobierno plantea soluciones y no seguirá aplazando los problemas. Estos alivios son el primer peldaño de un proceso de estabilización en el que el usuario final es el centro”, dijo este viernes la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
Es claro que para el Gobierno el acuerdo es una victoria, pero analistas alertan que se dejaron por fuera soluciones frente a las pérdidas no técnicas, el principal problema que viene presionado los precios de la energía en el Caribe.
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En todo el país se incluyen en las tarifas las pérdidas de energía técnicas. Básicamente, el usuario paga por la energía que se pierde en el proceso. Pero en el Caribe pasa algo particular: los usuarios están pagando otras pérdidas (no técnicas), como las que se presentan por robos de energía. Información entregada por las empresas distribuidoras y recopilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indica que las pérdidas en esta región representaron entre el 17 y el 20 % (dependiendo de si es Afinia o Air-e) de la factura durante agosto de 2022. En el resto del país pesaron el 7 %. ¿Se solucionó este problema?
“En ninguno de los cuatro puntos del acuerdo (de este viernes) se dice que van a reducir las pérdidas que nos están cobrando a los costeños. Si bien en el resto del país el tema de generación y transmisión es importante, en la costa lo que más nos afecta son las pérdidas no técnicas. Tan solo en julio de 2021 el costo de las pérdidas estaba en $42,88 por kilovatio hora en la tarifa final, en el caso de Afinia. El mes siguiente (agosto 2021) lo subieron abruptamente a $183,92. Y así fue subiendo hasta $222,34 en julio de 2022”, comentó William Murra, ingeniero eléctrico cartagenero con más de 40 años de experiencia.
El acuerdo de este viernes no tiene precedentes, pero también tiene varios matices que no se pueden ignorar. Si bien se destacan cambios positivos en la indexación (aunque con reservas), no se estaría solucionando el principal problema que presiona los precios en el Caribe: las pérdidas no técnicas. Lo que sí queda claro es que todos los colombianos esperan con ansias cuál será el recibo de la energía que llegará en noviembre.
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