Luces y sombras del nuevo decreto sobre sector energético
La expectativa de los usuarios por una rebaja considerable en el precio de la electricidad es una posibilidad que, pareciera, se va alargando en el tiempo. Según el DANE, para mayo, el precio de la electricidad ha registrado una variación anual del 18,07 %.
Jorge Sáenz
Con la expedición esta semana del Decreto 0929, el Ministerio de Minas y Energía busca mayor participación de los usuarios en la generación de electricidad y modelar el mercado mayorista de energía. Asimismo, se pretende fortalecer la institucionalidad a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El documento, sin embargo, no apunta a una intervención en el marco tarifario, especialmente de la electricidad.
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Con la expedición esta semana del Decreto 0929, el Ministerio de Minas y Energía busca mayor participación de los usuarios en la generación de electricidad y modelar el mercado mayorista de energía. Asimismo, se pretende fortalecer la institucionalidad a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). El documento, sin embargo, no apunta a una intervención en el marco tarifario, especialmente de la electricidad.
En medio de la expedición de este decreto los actores del sector de generación eléctrica le piden al Gobierno el nombramiento en propiedad de los expertos de la CREG, que hoy están en calidad de encargados.
“Hay que nombrar en propiedad a esos técnicos para que puedan estar en su período tomando decisiones sin tener las presiones de ser funcionarios del Estado”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez.
De los cincos miembros actuales, cuatro son encargados designados por el presidente: Manuel Peña Suárez, Ángela María Sarmiento, Juan Carlos Bedoya y Adriana María Jiménez. La única que estaba en propiedad era Natasha Avendaño, pero su nombramiento fue declarado nulo por el Consejo de Estado.
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¿Cómo leer el Decreto 0929?
La norma procura aumentar la eficiencia económica del mercado mayorista estableciendo lineamientos de política para estimular la competencia y la consolidación de precios que beneficien a usuarios y empresas. Estos lineamientos se definen en la CREG.
“Desde la demanda energética, los grandes usuarios entendemos el decreto como una priorización de acciones necesarias para que la regulación actúe oportunamente en bien de los consumidores, privilegiando la eficiencia y dando señales de optimización del mercado y las tarifas”, sostuvo Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía). “Su impacto dependerá de la articulación concreta que adopte la CREG para cumplirlo”, puntualizó.
Por su parte, Inés Elvira Vesga, de la firma de análisis Holland & Knight, considera que el decreto es importante para el sector eléctrico porque da impulso a las energías renovables: “A partir de este decreto se aclara que los usuarios autogeneradores a pequeña escala, es decir, aquellos con una potencia instalada igual o inferior a 1MW que produzcan a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) están exentos del cobro de energía reactiva”. Además, sostiene la analista, “este es un avance importante, porque en el esquema previo, es decir, cuando estos usuarios eran penalizados por energía reactiva, las penalizaciones en algunos casos superaban el ahorro en consumo perseguido por el usuario”.
Miguel Lotero, exviceministro de Energía, advierte que en el decreto hay otras medidas para tener cuidado al momento de regular, “porque pueden establecer incentivos difíciles de controlar, como la reducción de pérdidas con sistemas de generación con FNCER”.
Argumenta que “definitivamente no cobrar energía reactiva es algo que en principio es bueno para el usuario que instala paneles solares en su hogar, pero es una medida que a largo plazo todos terminamos pagando porque va en contra de la calidad del servicio y obliga a los operadores de red a que hagan inversiones que definitivamente se reconocerán más tarde en la tarifa en un esquema como el nuestro, que propende por prestadores sostenibles”.
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No afecta tarifas
El Ministerio de Minas y Energía explica que con la expedición del decreto se busca “atender la problemática por el incremento de las tarifas de energía eléctrica en el país”, como propósito del Gobierno, “para garantizar a los consumidores la justicia tarifaria”, pero no se pretende intervenir en el sector para bajar el costo de la electricidad por fuera del marco legal existente.
Desde que se posesionó, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, viene hablando de establecer un pacto por la justicia tarifaria, intento que hasta el momento ha mostrado un alivió del 4,5 % en promedio en el costo de la tarifa eléctrica. Los intentos por intervenir directamente en el mercado para presionar una rebaja tarifaria han sido fallidos.
El mismo Gobierno reconoce que el cálculo de las tarifas de energía depende de varios componentes que representan los segmentos de la cadena de valor de la electricidad: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones.
Por esto, el Ministerio aclara que el decreto “no establece regulación, únicamente da lineamientos generales que deberán ser tenidos en cuenta por la CREG a la hora de expedir la normatividad” y hace énfasis en que la norma “no interviene el marco tarifario vigente”.
A juicio del presidente de Andesco, con la reducción del 4,5 % en promedio en el costo de la tarifa se dio un primer paso. “Ahora necesitamos en la costa (Caribe) lograr otro nuevo impulso en este proceso, pero esto no es a las malas, es con recursos nuevos, con mejores técnicas como se está haciendo con las pérdidas, y que se vaya viendo en la facturación”.
“Este primer paso, aunque tímido, es más concreto que anteriores anuncios del Gobierno”, señala Sandra Fonseca. “Resaltamos que se valoren los vertimientos para optimizar los recursos y sus costos asociados, especialmente en este momento previo al fenómeno de El Niño”.
Finalmente, Vesga resalta que el decreto “establece un término de tres meses para que la CREG cree los mecanismos necesarios para la participación de los usuarios y agregadores de demanda en el mercado mayorista, con el propósito de reducir el estrés del sistema en horas de alto consumo e inducir reducciones en las tarifas”.