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El sistema de pensiones de Chile cumple 40 años entre luces y sombras: alabado y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, hoy en día está fuertemente cuestionado por las pírricas jubilaciones que otorga y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario.
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Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet a través del decreto ley 3.500 del 4 de noviembre de 1980 e ideado por el entonces ministro de Trabajo José Piñera -hermano del actual presidente, Sebastián Piñera-, el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y en desechar el modelo de reparto.
En Chile, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años para las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas reguladas por el Estado.
Actualmente existen siete AFP, que obtienen beneficios millonarios tras invertir en los mercados los ahorros de los trabajadores, que al momento de afiliarse deben elegir entre cinco tipos de fondo (A, B, C, D y E) en función de su aversión al riesgo.
“En 2008, durante el primer Gobierno de la expresidenta (Michelle) Bachelet, se hizo una gran reforma y se introdujo el Pilar Solidario”, financiado por el Estado y dirigido al 60 % más pobre de la población que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas, explicó a Efe el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín.
Una preocupación constante
Las pensiones llevan años en el ránking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación total del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas que estalló en octubre del año pasado, con una treintena de muertos y miles de heridos.
“Cada vez hay más adultos mayores en edad de jubilación que siguen trabajando. En el caso de las mujeres, la cifra supera el 20 %, y en el de los hombres el 30 %”, señaló a Efe Recaredo Gálvez, del think-tank progresista Fundación Sol.
Según la Superintendencia de Pensiones, las más de 7.000 personas que se jubilaron el pasado mayo recibieron de media una pensión mensual de 220 dólares, la mitad del salario mínimo, y cotizaron en promedio el 51 % del tiempo desde su afiliación al sistema.
“Si Chile tuviera el sistema de reparto antiguo, más del 60 % no tendría derecho a pensiones porque no cumplirían con el mínimo de meses cotizados”, agregó Larraín.
Para sus defensores, el modelo ha contribuido de manera importante al desarrollo del mercado nacional de capitales y la inversión de los fondos, que suman más de 200.000 millones de dólares -cerca del 8 % del PIB chileno-, ha permitido financiar numerosos proyectos empresariales.
Según un estudio citado por la Asociación de AFP, “la reforma previsional explica en un tercio el mayor crecimiento económico que Chile ha experimentado desde 1980 en adelante”.
“Es un buen sistema, pero hemos querido que dé más frutos de los que puede dar. Las lagunas (en los años de cotización), las caídas en las tasas de interés mundial y la mayor longevidad han derivado en bajas pensiones”, apuntó a Efe el decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Edwards.
Sus detractores, sin embargo, consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema sólo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.
“En la última década, la mediana de la tasa de reemplazo (el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos) es sólo del 20 %”, apuntó Gálvez, quien cree que Chile no tiene un sistema de pensiones, sino “un mercado forzoso de ahorro”.
Para Mario Villanueva, uno de los fundadores del poderoso movimiento No+AFP, que lleva años movilizando a miles de personas en las calles, “el modelo ha permitido desarrollar la economía neoliberal que tenemos en Chile”.
“Su única virtud era las altas rentabilidades que otorgaba al inicio, cercanas al 12 %. Hoy no superan el 5 %”, añadió.
¿Cambio de raíz o reformas?
El modelo se expandió a otros países de la región, como Perú, México o Colombia, pero se combinó con sistemas públicos. Un informe de la OIT señaló en 2018 que el 60 % de los países que privatizaron sus pensiones revertieron las medidas, sobre todo después de la Gran Recesión, porque la privatización “no dio los resultados esperados”.
Muchos chilenos ven en el proceso constituyente en el que está inmerso Chile una oportunidad para cambiar de raíz el sistema, que recibió un duro golpe tras la aprobación en julio de una inédita ley que permite retirar de manera anticipada el 10 % de las pensiones y que buscaba ayudar a la mermada clase media durante la pandemia.
Hasta octubre, ya habían solicitado el retiro el 94,4 % de los 11 millones de afiliados al sistema y los pagos realizados por las administradoras alcanzaron los 16.000 millones de dólares, según la Superintendencia.
El Parlamento chileno debate desde hace meses varias reformas puntuales al sistema, que para sus críticos no solucionan el problema de fondo. “Es necesario transitar hacia un sistema basado en la solidaridad para paliar la gran desigualdad social”, defendió el vocero de No+AFP.
Una de ellas propone aumentar del 10 al 16 % la tasa de cotización, un incremento que “debería ir al fondo de capitalización, pues sino se convertiría en un impuesto al trabajo y desincentivaría el empleo”, en opinión de Edwards.
“No sacamos nada con cambiar la tasa, si la base de cotizantes no aumenta”, añadió Larraín, para quien también es necesario incrementar la edad de jubilación.