La semana pasada se conoció que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta emitió un fallo en el que se prohíben las labores de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2.
La razón de este fallo se debe a que el juzgado consideró que a la Comunidad indígena de Taganga le fue vulnerado el derecho a la consulta previa, es decir, que no fueron tenidos en cuenta para aprobar las actividades que se realizan en sus territorios y que, por lo tanto, estas labores deben ser suspendidas hasta que se adopten los proceso que garantizan los derechos fundamentales de esta población.
Al ser Uchuva 2 el proyecto con mayor potencial para las reservas de gas natural en Colombia, el mencionado fallo despertó preocupación en la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), así como en la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
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Hay que tener en cuenta las alertas que se han hecho este año sobre la pérdida de autosuficiencia energética en Colombia, en la medida en que se han ido agotando las reservas y ya se habla de estrategias que permitan la importación de gas natural para evitar un desabastecimiento.
Las cifras muestran que en los últimos diez años ha caído el ínidice de reposición de las reservas, llegando al 25 %. En otras palabras, se está descubriendo menos gas del que se produce y consume. Se estima que de cada 10 pies cúbicos producidos solo se están adicionando 2,5.
Para las mencionadas asociaciones, el fallo del juzgado agrava esta situación, pues el Bloque Tayrona (que es donde se encuentra Uchuva) tiene el potencial aportar a la nación 400 millones de pies cúbicos por día (mpcd), devolviendo en el mediano plazo la autosuficiencia del país.
“Los proyectos costa afuera tienen el potencial de brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa”, manifestó la presidente de Naturgas, Luz Estella Murgas.
Sobre este caso particular, las asociaciones señalan que el pozo se encuentra 31 kilómetros de la línea de la costa, en aguas profundas, en un sector donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años.
A esto añaden que todas las actividades exploratorias se han ejecutado con el aval de las autoridades competentes tras cumplirse con los requisitos regulatorios y trámites demandados.
Tanto para la ACP como Naturgas, no tiene sentido que por tantos años se haya podido trabajar en este bloque sin recibir reparo de las autoridades, y que ahora sí salgan impedimentos. Además, dicen, se ha determinado que a ese sector no llega la presencia de las comunidades indígenas que aseguran verse afectadas. Por lo anterior es que no se hizo una consulta previa.
“Con la ejecución del proyecto no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa. La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos. Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad”, especifican.
Finalmente, argumentan que no se ha demostrado una afectación directa a las actividades de pesca artesanal de la comunidad, pues el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) confirmó la no existencia de esta actividad en el área de influencia del proyecto.
Murgas hizo un llamado para que se tenga la afectación de 36 millones de colombianos que dependen del servicio del gas natural.
Por su parte, el presidente de la ACP, Frank Pearl, manifestó lo estratégico que resulta este proyecto, en la medida en que tiene el potencial no solo de revertir la pérdida de la autosuficiencia energética de Colombia, sino de multiplicar por 30 la cantidad de reservas de las que dispone el país.
“La crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera. Las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones”, puntualizó.
Para ambas asociaciones resulta importante mantener una estabilidad jurídica que favorezca las inversiones y el desarrollo en proyectos que garantizan el futuro energético del país, esto respetando los derechos de las comunidades.
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