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Este lunes está citado un nuevo debate para intentar avanzar en la discusión de la reforma pensional, que lleva cuatro sesiones en la plenaria del Senado sin avanzar mayor cosa.
La semana pasada se logró evacuar la avalancha de impedimentos alrededor de la iniciativa, que hasta el momento sólo ha pasado su primer debate, el de comisión de Senado (en junio del año pasado).
En justicia, la reforma no ha podido ser discutida en la plenaria, pues cada sesión ha sido levantada sin lograr mayores avances, en medio de problemas de quórum.
Estos problemas reflejan un poco el estado actual de las relaciones del Gobierno con el Congreso, que se encuentran en un punto de máxima tensión, con pocos avances en los frentes de las varias reformas, que incluye salud y laboral, además de la pensional.
En el debate de la semana pasada, los senadores del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador, a quienes se sumaron algunos senadores del Partido Liberal, se retiraron del recinto como señal de que no respaldan la iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseguró que el modelo basado en la solidaridad intergeneracional está “llamado al fracaso” considerando que cada vez habrá más personas mayores y menos jóvenes y que si se aprueba la iniciativa a largo plazo será necesario tramitar otra reforma. “Como partido hemos decidido acompañar la preposición de archivo”, afirmó el senador.
El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, aseguró que es “antidemocrático” que no se esté discutiendo la reforma y que la estrategia sea desarmar el quorum.
Por su parte, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, dijo: “Debatamos con argumentos, pero, sobre todo, tomemos las decisiones porque el país necesita la reforma pensional de manera urgente”.
La reforma pensional que propone el Gobierno Petro
Con la iniciativa, el gobierno Petro busca acabar con la competencia entre los dos regímenes: uno en cabeza de Colpensiones y el otro en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un sistema de pilares.
Teniendo en cuenta lo establecido en la ponencia para segundo debate, en el sistema que propone el Gobierno las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) entrarán al pilar solidario y se les entregará una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema (inicialmente se calculó que serían $223.000).
Del pilar semicontributivo se beneficiarían quienes (en los mismos rangos de edad del solidario) cotizaron entre 300 y 1.000 semanas. Hoy, a quienes no cumplen el requisito de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia, el cálculo varía dependiendo de si la persona es elegible o no para el pilar solidario.
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En el pilar contributivo, todos los afiliados al sistema cotizarán entre uno y tres salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Quienes ganen cuatro salarios mínimos, por ejemplo, cotizarán tres en Colpensiones y uno en las AFP, y quienes ganen uno, dos o tres solo cotizarán en Colpensiones. El último pilar es de ahorro voluntario.
Para que el proyecto no sea archivado, se debe aprobar en los tres debates que le hacen falta (uno en la plenaria del Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio.
Críticas a la reforma pensional
La Contraloría realizó un estudio sobre el sistema pensional en Colombia, incluyendo un análisis sobre la reforma.
El órgano de control fiscal reconoce que la iniciativa propone transformaciones importantes en el sistema pensional vigente, por ejemplo, elimina la competencia entre los dos sistemas, uno administrado por Colpensiones y otro en cabeza de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con la creación de cuatro pilares (solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario), pero también pone sobre la mesa una serie de observaciones.
Considerando la nueva institucionalidad que propone la reforma, en la que Colpensiones tendría protagonismo, el órgano de control dijo que amerita una revisión al diseño organizacional y capacidad operativa, administrativa y tecnológica de la entidad.
La Contraloría señaló que hubo 769.149 solicitudes de corrección de historias laborales entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, de las cuales 19.105 no fueron contestadas oportunamente. En cuanto al reconocimiento de pensiones, se radicaron 412.506 peticiones en el mismo periodo, con corte a septiembre del año pasado el 40,6 % superó los términos legales.
Carlos Zuluaga, contralor en funciones, señaló que si se aprueba la iniciativa Colpensiones pasaría de 6,7 millones de afiliados a 18 millones, considerando que todos los usuarios cotizarían en la entidad hasta tres salarios mínimos. “Se produciría un colapso administrativo”, dijo.
Otra de las preocupaciones es que Colpensiones no ha dado a conocer los cálculos preliminares de las inversiones que se necesitan para enfrentar la reforma.
Estas son otras de las preocupaciones de la Contraloría:
- Para el órgano de control, una de las limitaciones de la iniciativa es la no inclusión de los regímenes especiales y exceptuados, que tienen una importante asignación presupuestal, equivalente al 39,3 % del total de recursos del presupuesto general de la nación destinados a pensiones. De cada $100, se destinan $40 a este tipo de regímenes que cubren al 17 % de los pensionados del país.
- La apuesta para ampliar la cobertura está concentrada en el pilar solidario, que entregaría una renta básica que corresponderá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema, inicialmente se calculó que serían $223.000. El “pero” de la Contraloría radica en que ese pilar “está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, dejando de lado que el gobierno cuenta con entidades experimentadas y consolidadas para el manejo de dicho subsidio”.
- Para aumentar la cobertura se requiere de contribuciones, de ahí que la Contraloría dice que es necesario promoverlas a través de políticas de empleo, pues con subsidios no se abordaría el problema de fondo.
- Aunque con el sistema que propone la reforma disminuirán los subsidios que entrega el Estado en Colpensiones, de todas formas, todos los usuarios (incluyendo los que tienen sueldos altos) seguirán recibiendo un subsidio hasta tres salarios mínimos.
- La falta de políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, es otra de las críticas, considerando que en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10 %.
- La sostenibilidad fiscal, uno de los temas que más preocupa a los expertos, también está entre los peros de la Contraloría. “Llama la atención que el costo proyectado de la reforma, el cual muestra un acelerado crecimiento al pasar de un valor presente neto en 2070 del 73,57 % del PIB a uno en 2100 del 126 %. A lo largo de las primeras cuatro décadas de la reforma el efecto fiscal de los pilares semicontributivo y contributivo es nulo frente al escenario sin reforma, etapa a partir de la cual comenzarían a observarse los efectos de la misma”.
- Contrasta con el esfuerzo fiscal que el total de afiliados comenzará a decrecer desde 2036 y los afiliados activos desde 2037.
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