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La distancia entre los representantes de los trabajadores y los empresarios sigue siendo considerable en términos del salario mínimo. Tanto así que este viernes la concertación siguió sin llegar a un acuerdo, a pesar de que este era el primer plazo que establece la ley para ponerse de acuerdo.
En las últimas semanas la mesa de concertación ha adelantado discusiones en las que se han tenido en cuenta variables macroeconómicas, como el crecimiento de la economía colombiana, el mercado laboral, la inflación, la productividad y la informalidad.
Con base en esas cuentas las centrales obreras, de forma unificada, presentaron su propuesta, la cual es del 18 %. Ese día el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dio a entender que tal porcentaje le parece desproporcionado y “sacado de la manga”.
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Para los empresarios, una cifra más justa, teniendo en cuenta el momento macroeconómico por el que atraviesa el país, es una que se apegue más a la inflación que, según lo proyectado por el Banco de la República, se espera que cierre el año entre 9,2 % y 9,4 %.
En cifras podría decirse que lo que hoy separa a empresarios de trabajadores son cerca de $100.000, ya que con el incremento que proponen las centrales obreras se pasaría de un salario mínimo de $1.160.000 a uno de $1.368.800 (ya con el auxilio de transporte), mientras que si los empresarios se apegan de forma estricta a la inflación, este ingreso quedaría en $1.269.040 (tomando como referencia la cifra del 9,4 %).
Según lo comunicado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el no cumplimiento del plazo obedece a la instrucción de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez, de continuar con las reuniones bilaterales, que son encuentros privados que tiene con sindicatos y empresarios por aparte.
“Nuestra idea es construir en medio de la diferencia. Esto será una muy buena señal para los trabajadores colombianos. Las Centrales Sindicales, el Comando Nacional Unitario y en particular la CUT, estamos de acuerdo en hacer ese esfuerzo para mostrarle al país esta unificación de criterios”, aseguró Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT.
En la última reunión de la comisión, las centrales obreras afirmaron que, aunque tienen la disposición de llegar a una concertación, no están dispuestas a rebajar su propuesta de 18 % hasta que los empresarios pongan una cifra sobre la mesa. Por su parte el presidente de Fenalco aseguró que tampoco presentarían una propuesta hasta que las centrales propongan algo más, en su concepto, coherente.
Esto deja un ambiente enrarecido en donde se requiere que uno de los dos dé su brazo a torcer para que la discusión pueda avanzar, ya que con el vencimiento del primer plazo se acaba el tiempo para que la esperanza de una concertación se materialice.
Según lo explicado por el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, es prudente que la ministra decidiera aplazar la reunión, pues de lo contrario la jornada entre empresarios y sindicatos habría terminado, una vez más, sin mayores avances.
Su esperanza está en que las reuniones bilaterales de este viernes permitan destrabar la discusión, para que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo.
“Esperamos ser convocados a una nueva reunión cuando se haya avanzado en un acercamiento de propuestas a lo que ya presentamos”, manifestó.
¿Qué esperamos para los próximos días?
Con el vencimiento del primer plazo para lograr la concertación, la Ley 278 de 1996 establece en el parágrafo de su artículo 8 que la parte o las partes que manifiesten estar en desacuerdo deben manifestarlo por escrito, obligatoriamente. Además, deben explicar las razones dentro de las 48 horas siguientes.
“Las partes tienen la obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la comisión deberá reunirse para buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado antes del treinta (30) de diciembre”, se lee en la ley.
Eso es lo que esperaríamos para la semana que viene, unas partes que expliquen sus argumentos, evalúen los de los otros e intenten, una vez más, llegar a un consenso.
Si definitivamente no se logra, será el presidente Gustavo Petro quien, a más tardar el 30 de diciembre, establecerá vía decreto el incremento que tendrá el salario mínimo para 2024.
Sin embargo, dicha decisión no podrá responder a criterio propios del mayor mandatario, sino que deberá tener en cuenta la inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, así como la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).
No sería la primera vez que es necesaria la intervención del Ejecutivo en la fijación del mínimo. De hecho, el decreto de incremento es la opción que ha ganado la mayoría de las veces desde finales de los años 90.
En los últimos 10 años el valor del salario casi se ha duplicado y se evidencia que el incremento de 2023 fue el de mayor proporción, recientemente.
Sin embargo, no ha sido el mayor porcentaje de aumento en las últimas décadas. Así luce el monto del salario entre 1984 y 2023, con su respectivo porcentaje de aumento, el valor de la inflación entre enero y diciembre del mismo año y si hubo o no concertación (puede buscar el periodo que le sea de interés).
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