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El proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo en Colombia, iniciativa del exsenador Álvaro Uribe, llegó al Congreso con el argumento de que la baja productividad en el país se debe, en gran parte, al cansancio y la falta de motivación de la fuerza laboral. “Con la presente iniciativa se busca aumentar la productividad de las empresas, motivando a los trabajadores a bien invertir su tiempo, de manera que las mismas funciones que tienen asignadas sean realizadas en menor tiempo, para, de esta manera, disfrutar más tiempo con sus familias, acceder a capacitación, educación o recreación”, decía la sustentación del proyecto que, tras una conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, ya pasó a sanción presidencial.
El mismo texto reconocía que la motivación y el agotamiento no son los únicos factores que inciden en la productividad. Según el exsenador, también influyen factores internos de las empresas y factores externos: por ejemplo, la calidad de los recursos, el capital y las tecnologías, por un lado, y la calidad de las materias primas y el entorno macroeconómico, por el otro. Y son estos factores los que preocupan y han motivado el rechazo de analistas y gremios ante la idea de reducir la jornada laboral. Los empresarios, por ejemplo, han argumentado que bajar el máximo de horas no reduce los procesos productivos de las empresas. Advierten que se generan más costos en momentos de crisis o incentivos para la informalidad.
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¿Cómo quedó el proyecto y quiénes se oponen?
Tras la conciliación, quedó establecido que la jornada laboral en Colombia pasaría de 48 a 42 horas, distribuidas en cinco o seis días, salvo algunas excepciones. Además, la implementación será gradual: después de dos años de vigencia de la ley, la jornada se reducirá una hora (hasta las 47 horas); tres años después bajará otra hora (46). A partir del cuarto año la reducción será de dos horas anualmente hasta llegar a las 42. También es preciso decir que el proyecto aclara que la aplicación de la nueva norma en ningún momento permite o implica la reducción del salario de las personas o sus prestaciones.
Entre los críticos de la medida han estado organizaciones como la ANDI y Fenalco. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes, ha explicado que a partir de la hora 42 se consideraría extra. “Para sectores como comercio, turismo, servicios y economía naranja, que también funcionan en horas nocturnas y fines de semana, esto implicaría un incremento aproximado del 20 % en los costos laborales”. Bruce Mac Master, presidente del gremio de los industriales, dijo ante el Congreso de la República que si bien el proyecto tenía una buena intención, Colombia, al volverse más costosa, será menos competitiva para la inversión extranjera, lo que repercutirá negativamente en la creación de empleo.
Productividad: ¿primero el huevo o la gallina?
Durante la discusión de reducir la jornada, el asunto de la productividad estuvo a la orden del día. Uno de los argumentos de quienes no apoyaron el proyecto es que, aunque hay países que tienen jornadas más cortas, como los europeos, la situación no es comparable, pues se trata de economías más productivas. Esto podría llevar a cuestionar cosas como: ¿primero se debería avanzar en productividad y luego sí reducir la jornada? ¿Reducir la jornada realmente ayudará a que se aumente la productividad, como planteaba la exposición de motivos del proyecto? ¿O son procesos que, en todo caso, van de la mano?
“Hay países desarrollados, como Dinamarca y Alemania, donde la jornada laboral es más corta (e incluso la legislación prohíbe que un empleador contacte a un empleado fuera de su jornada laboral), pero los trabajadores en esos países suelen trabajar exclusivamente en esas horas, lo que no es usualmente el caso en Colombia”, dice el profesor Pablo Adrián Garlati, director de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana.
“Sin embargo —añade—, no existe una relación clara entre horas promedio trabajadas y productividad laboral (números de la Organización Internacional del Trabajo). Por esto, es difícil argumentar si una jornada de trabajo más corta o más larga necesariamente disminuya o incremente la productividad”. Y agrega que “las horas de trabajo promedio de todos los trabajadores se ha reducido de 47 en 2008 a 44 en 2019 (de 49 a 47 para asalariados y de 45 a 41 para los trabajadores por cuenta propia, según cálculos propios con base en cifras del DANE). Por esto, no es muy claro por qué el Estado deba reducir la jornada laboral si los trabajadores ya venían trabajando menos horas”.
Por otro lado, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que si bien la jornada laboral en Colombia es alta frente a otros países de la OCDE, “cuando uno mira las cifras sectoriales hay sectores que incluso tienen jornadas más altas, se pagan horas extras; lo que muestra que el problema de fondo es la productividad laboral. Colombia tiene bajas cifras de productividad laboral que terminan generando altas jornadas efectivas de trabajo”. Por lo tanto, considera que “si esta reforma [a la jornada laboral] no involucra otros elementos relacionados con el aumento de la productividad y la reducción de los costos no salariales del empleo formal, el impacto sería negativo”.
¿Cómo aumentar la productividad?
El director de Economía de la Universidad Javeriana señala, en cambio, que la productividad sí depende de “otros factores mucho más fundamentales que la jornada de trabajo. Esta típicamente es calculada como el Producto Interno Bruto (PIB) divido por el número de trabajadores, donde el cálculo se puede hacer en los sectores económicos. Por lo tanto, en realidad serán factores que hagan crecer más el PIB que el número de trabajadores para incrementar este indicador. Para esto hay muchos otros factores, como educación, salarios, impuestos, exportaciones e infraestructura pública, que seguramente juegan un rol mucho más relevante en el incremento de la productividad”.
Para Fedesarrollo, son necesarias medidas de corto, mediano y largo plazo. Entre las primeras están “disminuciones en los costos no salariales del empleo formal, un tema que se viene discutiendo desde hace varios años, a raíz de los efectos positivos de la reforma de 2012 que ahora se pueden profundizar. Y también en términos de una propuesta que hemos hecho desde Fedesarrollo, que se llama ‘Hacia un nuevo contrato social’. Se podría pensar en tener una progresividad de las contribuciones a seguridad social para abaratar el costo de contratación de las personas que están más cercanas a un salario mínimo”, Mejía pone como ejemplo. En las de más largo plazo, sin duda, estarían las “mejoras en la calidad y pertinencia de la educación, muy distante de las necesidades de la demanda de las empresas en el mercado laboral”.
Esto último va en línea con lo que han señalado periódicamente instituciones como el Consejo Privado de Competitividad (CPC). El más reciente informe nacional mostró cómo Colombia avanzó en diez de doce pilares del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (entendiendo la competitividad como el conjunto de determinantes de la productividad). Sin embargo, los principales desafíos, agregó el CPC, están en los pilares de instituciones, adopción de TIC, mercado de productos, mercado laboral y capacidad de innovación.
Trabajar en “habilidades pertinentes para aumentar la productividad laboral, promover la movilidad social y adaptarse a los desafíos de las nuevas economías y el cambio tecnológico” es una de las acciones que resaltó Rosario Córdoba, presidenta del CPC, en la presentación del informe, y que se deberían combinar con medidas inmediatas, como “evaluar las pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos y adelantar medidas de remediación y compensación”.
¿Cómo implementar la reducción de la jornada?
Aunque la nueva norma permitiría la implementación gradual, no descarta que los empleadores lo implementen de forma inmediata. Por otro lado, al parecer, teniendo en cuenta los demás factores que inciden sobre la productividad, el Congreso, durante el trámite, agregó un parágrafo al articulado que establece que “el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, realizará mesas técnicas con gremios, sindicatos y demás grupos de interés con el objeto de plantear alternativas que permitan el fortalecimiento de la productividad laboral y soluciones a las problemáticas estructurales del mercado laboral”.
Y añade: “A partir de estas mesas, el Ministerio de Trabajo emprenderá acciones que mitiguen un posible impacto negativo de la reducción de las horas en el tejido económico y la rentabilidad de empresas”. Aunque esa aplicación sigue recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como consultar con organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, también es preciso resaltar que Colombia no ha ratificado el convenio 47 de la OIT de 1935, que apunta a que la jornada semanal de trabajo se reduzca de 48 a 40 horas.
En términos prácticos, consultoras como BDO han empezado a plantear recomendaciones para “maximizar el uso del tiempo” en el contexto que se avecina. Están, por ejemplo, la asignación de indicadores de gestión de los trabajadores (KPI), el uso de herramientas tecnológicas que permitan auditar y controlar el tiempo de dedicación del trabajador y establecer informes periódicos y análisis que permitan evaluar. Por el lado del Gobierno, el proyecto de ley le ordena realizar una evaluación del cumplimiento de la norma tras cinco años de vigencia y rendir “informes anuales al Congreso de la República con este mismo fin”. Todo esto sucederá si el proyecto finalmente se convierte en ley tras la sanción presidencial.