Lo que propone la tributaria en materia ambiental y de transición energética
A través de incentivos fiscales, la creación de bonos de transición energética y ajustes en los impuestos al carbono, se busca promover el uso de energías renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles. ¿Cómo funcionarían estas medidas?
El Gobierno presentó la Ley de Financiamiento para obtener $12 billones, necesarios para salvar el Presupuesto General de la Nación de 2025, afectado por la deuda pública.
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El Gobierno presentó la Ley de Financiamiento para obtener $12 billones, necesarios para salvar el Presupuesto General de la Nación de 2025, afectado por la deuda pública.
La meta es generar un espacio fiscal adicional de $6 billones con nuevos impuestos y $5,6 billones a través de la regla fiscal, que será obligatoria desde 2026.
Las medidas fiscales de la reforma se centran en tres áreas principales:
- Reactivación económica: Modificaciones al impuesto de renta a empresas, principalmente.
- Acción climática y desarrollo sostenible: Cambios al impuesto al carbono e incentivos para energías renovables.
- Eficiencia en la recaudación tributaria: Mejora en los mecanismos de operación de la DIAN.
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Transición energética sostenible con bonos
En el marco de la adaptación ante la acción climática, el proyecto de ley propone incentivos para el mercado energético, como la creación de bonos de transición energética que deduzcan la mitad de la inversión efectiva realizada y que podrán ser negociados libremente en el mercado.
El Gobierno busca incentivar tanto a los participantes antiguos como a los nuevos con la implementación de la Ley 1715 de 2014, que fomenta el uso de energías renovables, reduciendo costos y ofreciendo energía a precios más competitivos. Para esto, mantiene el apoyo a las empresas antiguas e impulsa a las nuevas, para que se reduzca la pérdida fiscal y el riesgo.
Esta medida, que se alinea con el Plan Energético Nacional 2022-2052 de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), proyecta una inversión adicional de $2,4 billones en 2025 y $1,6 billones en 2026, equivalente a 0,1 % del crecimiento económico (PIB) para ambos años. Esta inversión sería la base para otorgar los bonos en fuentes no convencionales de energía (FNCE).
El proyecto de ley considera reducir los costos de inversión privada, lo que apalancaría un incremento de 1,1 % la inversión privada en 2025, con un efecto neto de 0,1 % en el crecimiento económico nacional.
Exención de IVA en vez de exclusión
El nuevo proyecto de ley propone cambiar la exclusión de IVA por una exención para equipos relacionados con energías renovables. Pero ¿por qué? Según el Gobierno, el problema de la exclusión del IVA es que las empresas nacionales no pueden recuperar el impuesto pagado por sus insumos (como equipos y maquinaria) en la producción de energía a partir de fuentes no convencionales, lo que aumenta sus costos. Esto hace que la importación sea más barata, y que, en pocas palabras, se estanque la producción interna y se dependa de las importaciones.
Esta medida tendría un costo fiscal estimado de $81.000 millones; sin embargo, se espera que se compense a largo plazo con la generación de empleo, crecimiento económico e inversiones.
Con este cambio, las empresas podrían recuperar el IVA pagado por sus insumos, igualando las cargas fiscales entre productos nacionales e importados.
Paneles solares en los hogares
La reforma propone modificar la Ley 1715 de 2014 para redirigir los recursos de subsidios tarifarios hacia la financiación de paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3. Esto desarrollaría la industria solar y generaría ahorros fiscales entre $1 y $1,5 billones en 2030. Para lograrlo, se reducirían los subsidios tarifarios en las facturas de energía.
Los motivos incluyen problemas como la baja generación hidroeléctrica, la exposición al mercado de bolsa y el aumento de costos, que afectan la confiabilidad del servicio eléctrico, especialmente para los hogares de bajos ingresos y en zonas no interconectadas.
El Gobierno utilizaría el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso, que aunque ayuda a los hogares de menores ingresos a pagar sus facturas de energía, es cada vez más costoso.
La instalación de paneles solares comenzaría en 2025 con 100.000 viviendas en estrato 1. De 2026 a 2027 se ampliaría a 200.000 hogares cada año.
Y luego, de 2028 a 2029, aumentaría a 250,000 hogares anuales, hasta completar un millón en 2030.
Aumentará el impuesto al carbono
Este impuesto busca reducir el consumo de combustibles fósiles y mitigar las emisiones de carbono y gases de efecto invernadero, siguiendo los Acuerdos de París. Para aplicarlo hay tres escenarios: venta nacional, consumo propio e importaciones. La tarifa depende de las emisiones contaminantes.
Actualmente, las empresas pueden compensar solo hasta la mitad de sus emisiones (antes era de 100 %), lo que aumentó el desincentivo al consumo de combustibles. Además, se incluyó el carbón en la base del impuesto, ya que contribuye con 9,9 % de las emisiones de CO₂ del país, según el Gobierno.
La tarifa es de $25.799,56 por tonelada de Co2e, ajustándose anualmente, según la inflación, hasta alcanzar 3 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a unos US$37 por tonelada.
¿Qué propone la reforma? Aumentar la tarifa a $75.000 por tonelada de CO₂, acelerando el proceso de incremento para alcanzar el límite de 3 UVT en 65 años (actualmente tomaría 175 años).
Además, igualar la carga impositiva entre combustibles con emisiones equivalentes, especialmente el carbón. Esto permitiría reducir las emisiones en 51 % para 2030 y lograr la carbono neutralidad en 2050.
Los impactos esperados, según la reforma tributaria, incluyen un incremento marginal en la inflación de 0,15 %, con mayor efecto en los precios de combustibles. En 2025, el impacto en el PIB sería de 0,05 puntos porcentuales, mientras que para el periodo 2025-2030 sería de 0,01 puntos porcentuales.
La inversión verde ahora disminuirá los costos futuros
De acuerdo con el documento de la reforma, “el cambio climático también tiene efectos en el riesgo soberano”, dada la alta exposición y sensibilidad a eventos climáticos externos.
“Las perspectivas de crecimiento y desarrollo económico del país hacia futuro están supeditados a los esfuerzos que se realicen en materia de conservación ambiental en el corto plazo”, subraya la reforma.
Así, el Gobierno espera promover un “espacio fiscal verde” para cerrar la brecha de financiamiento climático que facilite la acción climática sostenible hacia el futuro. En pocas palabras, la inversión verde ahora disminuirá los costos y pérdidas económicas a largo plazo.
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