Cancelan debate de este martes sobre el Presupuesto General de la Nación
La ley establece que, en el caso de que el Presupuesto no sea aprobado por el Congreso, el Gobierno puede decretarlo en las mismas condiciones en las que lo presentó originalmente.
La comisión cuarta anunció, a través de una carta, que canceló el debate que estaba programado para este martes 17 de septiembre a las 10:00 a. m. sobre el Presupuesto General de la Nación de 2025 por instrucciones de la mesa directiva de las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Vale la pena mencionar que el jueves 12 de septiembre las comisiones económicas del Congreso debatieron, por segunda vez, el monto del Presupuesto General de la Nación, luego de que la sesión del miércoles generara un resultado sin precedente: la negación de todos los montos propuestos, incluyendo el que impulsaba el Gobierno. Las comisiones se dieron hasta el próximo 25 de septiembre para alcanzar un acuerdo.
En la sesión se pusieron en discusión siete proposiciones, incluyendo la oficial, con apoyo del Gobierno. Cada una buscaba un monto diferente para el Presupuesto del próximo, con propuestas que oscilaban entre $485 billones, pasando por $511 y $519 billones, hasta los $523 billones que estipuló el Ministerio de Hacienda en este proyecto de ley.
Ninguna logró obtener el voto positivo en las cuatro comisiones económicas del Congreso que, como se debe hacer en estos casos, sesionaron de forma conjunta.
Hay incertidumbre sobre los próximos pasos en este escenario pues “esto nunca había sucedido y el estatuto orgánico del Presupuesto no establece ninguna regla sobre lo que pasa en caso de que el monto se niegue”, según explicó este miércoles William Reyes, asesor de gasto público del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
También es importante aclarar que no hay ninguna obligación legal a que el monto aprobado sea el que trae el proyecto en su presentación, o sea, el que estructuró el Gobierno: puede ser otra cifra, claro está.
Ahora bien, la ley establece que, en el caso de que el Presupuesto no sea aprobado por el Congreso, el Gobierno puede decretarlo en las mismas condiciones en las que lo presentó originalmente (y con las modificaciones de los debates, si acaso los hubo).
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Pero esta acción sólo podría realizarse hasta el 20 de octubre, que es el límite legal de aprobación del proyecto en el Legislativo, independientemente de si la iniciativa queda detenida por falta de consenso en el monto, según dice Reyes.
Buena parte del descontento del Congreso con el Presupuesto es la inclusión de una ley de financiamiento, que buscaría recursos por $6 billones a través de impuestos y otros $6, aproximadamente, por cuenta del adelanto de las metas de la regla fiscal (que le abrirían más espacio de deuda al Gobierno).
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La comisión cuarta anunció, a través de una carta, que canceló el debate que estaba programado para este martes 17 de septiembre a las 10:00 a. m. sobre el Presupuesto General de la Nación de 2025 por instrucciones de la mesa directiva de las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas del Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Vale la pena mencionar que el jueves 12 de septiembre las comisiones económicas del Congreso debatieron, por segunda vez, el monto del Presupuesto General de la Nación, luego de que la sesión del miércoles generara un resultado sin precedente: la negación de todos los montos propuestos, incluyendo el que impulsaba el Gobierno. Las comisiones se dieron hasta el próximo 25 de septiembre para alcanzar un acuerdo.
En la sesión se pusieron en discusión siete proposiciones, incluyendo la oficial, con apoyo del Gobierno. Cada una buscaba un monto diferente para el Presupuesto del próximo, con propuestas que oscilaban entre $485 billones, pasando por $511 y $519 billones, hasta los $523 billones que estipuló el Ministerio de Hacienda en este proyecto de ley.
Ninguna logró obtener el voto positivo en las cuatro comisiones económicas del Congreso que, como se debe hacer en estos casos, sesionaron de forma conjunta.
Hay incertidumbre sobre los próximos pasos en este escenario pues “esto nunca había sucedido y el estatuto orgánico del Presupuesto no establece ninguna regla sobre lo que pasa en caso de que el monto se niegue”, según explicó este miércoles William Reyes, asesor de gasto público del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
También es importante aclarar que no hay ninguna obligación legal a que el monto aprobado sea el que trae el proyecto en su presentación, o sea, el que estructuró el Gobierno: puede ser otra cifra, claro está.
Ahora bien, la ley establece que, en el caso de que el Presupuesto no sea aprobado por el Congreso, el Gobierno puede decretarlo en las mismas condiciones en las que lo presentó originalmente (y con las modificaciones de los debates, si acaso los hubo).
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Pero esta acción sólo podría realizarse hasta el 20 de octubre, que es el límite legal de aprobación del proyecto en el Legislativo, independientemente de si la iniciativa queda detenida por falta de consenso en el monto, según dice Reyes.
Buena parte del descontento del Congreso con el Presupuesto es la inclusión de una ley de financiamiento, que buscaría recursos por $6 billones a través de impuestos y otros $6, aproximadamente, por cuenta del adelanto de las metas de la regla fiscal (que le abrirían más espacio de deuda al Gobierno).
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